El magistrado es el candidato del oficialismo para ocupar la Corte Suprema y se encargará de la causa iniciada contra Pablo de la Torre y su entorno por el desvío de fondos públicos.

En el marco de la denuncia judicial contra ex funcionarios del ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, por el desvío de fondos públicos y la adjudicación de contratos para obtener salarios que luego eran desviados a las arcas de las autoridades del sector, se realizó el sorteo de juzgado y el caso quedó en manos de Ariel Lijo.

De este modo, el magistrado que fue propuesto como candidato para ocupar el quinto espacio vacante desde el 2021 cuando la jueza Elena Highton de Nolasco se jubiló, en la Corte Suprema de Justicia, será el encargado de la primera investigación por irregularidades de funcionarios de la administración de Javier Milei.

El expediente se inició cuando la propia cartera nacional presentó una denuncia contra el ahora ex secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, por supuestos hechos de corrupción, bajo la carátula de “averiguación de ilícito” y con la participación del fiscal federal Ramiro González.

Al parecer, dentro de la secretaria que está bajo la órbita de Pettovello, existía una maniobra de presuntos contratos truchos a través de los cuales se desviaba dinero público, que habría sido relatada por un empleado de la dependencia, Federico Fernández, y que quedó asentada ante escribano público y ante varios testigos en la sede de la Secretaría de Trabajo, que está a disposición de la justicia.

Según el relato del arrepentido, que confesó que manejaba unos dieciocho contratos de trabajo de supuestos empleados del ministerio, que eran pagados a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) pero en verdad la plata era enviada a las autoridades de la Secretaría, a cargo del funcionario que responde al PRO.

“En el marco de dicha reunión se habló sobre la contratación de funcionarios y de personal. En dicha reunión el área de Niñez solicitó el nombramiento de alrededor de cincuenta (50) funcionarios que ya estaban trabajando allí”, señala el acta labrada ante un escribano público por las autoridades del ministerio y que ya está en manos de la Justicia.