Jubilaciones: el oficialismo negocia contrarreloj en el Senado para suavizar la nueva fórmula y demorar la ley
El proyecto impulsado por la oposición para modificar la fórmula de movilidad de las jubilaciones está en el centro de intensas negociaciones en el Senado. Este miércoles, las comisiones pertinentes discutirán la propuesta mientras el oficialismo busca modificarla y devolverla a la Cámara de Diputados, conservando el aumento del 8,1% pero sin retroactividad ni el incremento adicional anual planteado en la iniciativa original.
Aprobado en junio por la Cámara de Diputados, el proyecto recibió el apoyo de la UCR, Hacemos Coalición Federal, y otros bloques, junto con Unión por la Patria, en un intento de marcar una diferencia frente al presidente Javier Milei en el tema de las jubilaciones. El aumento del 8,1% se planteó como una recomposición de los haberes para compensar la inflación de enero, no reconocida en la fórmula establecida por decreto.
Ahora, en el Senado, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social continúan el debate. La Libertad Avanza, por su parte, busca alcanzar un acuerdo con los bloques dialoguistas para realizar modificaciones al proyecto.
El objetivo doble es suavizar el impacto fiscal de la propuesta original—que el Gobierno calcula en un punto del PBI para este año y 1,2 para el próximo, según el secretario de Hacienda, Carlos Guberman—y demorar la sanción de una ley no deseada por Javier Milei. Si el Senado introduce cambios, el proyecto deberá volver a Diputados.
El desafío en el Senado
El oficialismo enfrenta el reto de conseguir las firmas necesarias en las comisiones para lograr un dictamen de mayoría. Mientras los senadores kirchneristas empujan por aprobar la media sanción sin cambios, el bloque de la UCR se muestra dividido. Una fuente de la bancada radical comentó: «Este es un proyecto del radicalismo que viene de Diputados y no todos compartimos que debamos modificarlo. Que lo cambie el oficialismo si puede, y si no, que lo vete el Presidente». Cabe recordar que Milei había advertido sobre la posibilidad de vetar la ley cuando la oposición la aprobó en la Cámara baja.
La oposición busca evitar un veto presidencial, ya que eso profundizaría la confrontación con el Gobierno en el Congreso, donde habría presiones para anular el eventual veto. Sin embargo, el oficialismo quiere evitar el costo político de rechazar un aumento para las jubilaciones, que de por sí suelen ser bajas.
La división en el bloque radical contrasta con la ayuda que brindaron a La Libertad Avanza en junio para bloquear un intento del kirchnerismo de sancionar la ley en el Senado sin pasar por las comisiones. Ahora, las diferencias entre los más colaborativos y los más críticos dentro del radicalismo complican el escenario.
En este contexto, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, negocia con los radicales más afines, el PRO, y los bloques federales. Fuentes del oficialismo confían en que habrá dictamen con modificaciones y que conseguirán apoyo en las comisiones y luego en el recinto para suavizar y demorar la ley.
Modificaciones en la fórmula de movilidad
Para lograr un acuerdo con los bloques dialoguistas del Senado, el oficialismo aceptaría el ajuste mensual de las jubilaciones por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el aumento adicional del 8,1%, aunque no sería retroactivo a abril, sino que comenzaría a partir de la sanción de la ley. Este punto fue destacado por Guberman en su exposición la semana pasada.
Por otro lado, los libertarios buscan eliminar «el componente del RIPTE», que se refiere al aumento adicional anual mediante la combinación del índice que mide la variación del salario promedio y el IPC. Estas modificaciones responden a las críticas del secretario de Hacienda, aunque el rechazo del Gobierno se extiende a otras cláusulas, como la que establece que la jubilación mínima debe superar en un 9% el valor de la canasta básica de alimentos y el plazo de un año para que la Nación abone las deudas con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.
Este último punto es uno de los más delicados del proyecto, ya que involucra recursos reclamados por varios gobernadores con peso en el Senado. En el oficialismo aún no tienen claro si podrán alcanzar un acuerdo para modificar también este aspecto, que preocupa en la Casa Rosada.
El trasfondo político detrás de la reforma jubilatoria
La nueva fórmula de movilidad jubilatoria y el aumento adicional han sido un punto de tensión entre Milei y la oposición desde marzo, cuando el Presidente firmó un decreto que otorgó un aumento en abril, pero que no cubrió el 20% de la inflación de enero, la más alta del año.
El acuerdo entre la oposición dialoguista y el kirchnerismo en Diputados no solo representó un revés político para Milei, sino que también expuso la debilidad del oficialismo en el Congreso cuando los demás sectores políticos se alinean, incluso con el apoyo del PRO.
La reacción de Milei fue advertir que vetaría cualquier ley que comprometa el equilibrio fiscal. La oposición, por su parte, respondió que podría reunir una mayoría de dos tercios para anular el veto, convirtiendo el debate sobre las jubilaciones en una disputa política y económica.
Ante este escenario, el oficialismo buscará en el Senado atenuar el impacto fiscal del proyecto opositor, con modificaciones que también implicarían una demora en el avance de la ley, con la intención de que Javier Milei no tenga que vetar una ley de alta sensibilidad social o, al menos, retrasar ese momento lo máximo posible.
