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Nota extraída de TN,por Sergio Berenstein
A nuestro país, siempre le cuesta todo un poquito más. Los festejos por la Copa América demuestran que no es posible controlar la dinámica social a través de decretos. El dilema de los varados. La decisión que el gobierno nacional adoptó desde el 26 de junio de reducir a 600 la cantidad de pasajeros que podían ingresar por día al país desató una verdadera crisis con los argentinos en el exterior. No solo generando indignación y complicaciones económicas para los varados, sino también riesgos para su salud y efectos contraproducentes para el propio gobierno: la semana pasada dos viajeros presentaron recursos de habeas corpus por su grave condición de salud y la Justicia le ordenó a la Jefatura de Gabinete que coordine su retorno urgente. No hay pruebas claras de que con este tipo de medidas extremas se logre impedir el arribo de la cepa Delta, sin embargo, durante toda la pandemia la política sanitaria se basó en la improvisación, sin considerar los costos implicados.La medida que establecía el cupo de 600 pasajeros diarios quedó sin efecto el sábado y el gobierno adoptó a partir de ahora un sistema más flexible, con plazas semanales que irán aumentando. Habrá 5.200 lugares disponibles entre el 10 y el 16 de julio, 6.300 entre el 17 y el 23, 7.000 entre el 24 y el 30 y nuevamente 7.000 entre el 31 de julio y el 6 de agosto. Al adoptar la medida que rigió hasta el sábado, el gobierno se excusaba en que los viajeros no cumplían el asilamiento al regresar del exterior y no era posible realizar un seguimiento uno por uno.
Qué cambió ahora para que se pudiesen flexibilizar los ingresos
Probablemente, nada. La cepa Delta sigue siendo igual de peligrosa y el gobierno dispone de las mismas herramientas con las que ya contaba para prevenir, controlar y sancionar a quienes no cumplen las disposiciones. Los idas y vueltas y los límites infundados (¿en que se basan para ya establecer en 7.000 la cantidad que podrán ingresar en la primera semana de agosto?) no hacen más que confirmar la falta de planificación y la discrecionalidad con la que se manejan las autoridades.
Es posible que al inicio de la pandemia se justificara la adopción de algunas medidas extremas que limitaran de forma parcial ciertas libertades individuales. Pero a casi quinientos días desde el inicio del coronavirus, el gobierno argentino insiste con una lógica de intervencionismo social exagerado. Esto sucede a pesar ser de que la Argentina es uno de los países de la región que más vacunó, según lo afirma el propio Santiago Cafiero. Es indiscutible que el plan de vacunación debe tener el objetivo principal de proteger la salud de los argentinos, pero también debe servir para que todos podamos retomar rápidamente el desarrollo de nuestras vidas. Si no es así, al menos parcialmente habrá fracasado.
El gobierno adopta algunas medidas que impiden que los argentinos podamos progresivamente ingresar a una situación de “nueva normalidad”, con mayores cuidados, pero retomando nuestras actividades habituales (como sucede con la restricción a los vuelos o sobre determinadas actividades económicas). Por otro lado, su vocación por ejercer un control social vasto lo lleva incluso a implantar medidas que se han transformado en prácticamente una pantomima: en las zonas de alto riesgo (entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y otros grandes centros urbanos) continúa la prohibición de circular entre las 0 y las 6 horas. Los festejos del sábado en todo el país, luego de haber ganado la Copa América, demuestran que no es posible controlar la dinámica social a través de decretos y resoluciones. Los festejos por Copa América son tan solo un episodio más, pero las pruebas de esto se han repetido en múltiples ocasiones a lo largo de esta pandemia.
Las restricciones que el gobierno acumula (sobre el transporte, los vuelos, el uso del espacio público, entre otras) en combinación con la grave crisis económica (en 2020 Argentina evidenció una caída más profunda que el resto de la región) impiden que la realidad actual pueda parecerse en algo a lo que era antes del Covid-19, cuando la situación para muchos argentinos estaba lejos de ser la ideal. A todo el mundo le está costando regresar a la vida prepandemia, pero a la Argentina en particular parece costarle un poco más.
Un estudio realizado por The Economist lo pone de manifiesto: el semanario británico ubicó a la Argentina en los últimos puestos de su “Índice de normalidad global”. El índice cubre a 50 países que juntos representan el 90% del PIB mundial y el 76% de la población. Se trata de una evaluación respecto a cómo se encuentra cada nación y su nivel de actividad, a un año y medio de la llegada del coronavirus. El ranking tiene en consideración niveles de consumo, tiempo fuera de casa, uso de oficinas, vuelos, actividades recreativas, deportes y transporte público, entre otras cuestiones claves.
La Argentina se encuentra en el lugar 45, solo por encima de Vietnam, Chile, India, Taiwán y Malasia. A nivel regional, el mejor posicionado es México, en el puesto número 10, y le sigue Colombia en el 29. Brasil y Perú también están mejor que la Argentina, en los puestos 37 y 42 respectivamente.
“La actividad no ha vuelto a la normalidad en ninguno de los países que rastreamos”, indicó The Economist en el informe. De hecho, puede apreciarse que, a pesar del avance registrado en la vacunación, Estados Unidos recién aparece en la posición número 20. Esto pone de manifiesto que no basta únicamente con la vacunación para regresar a la vida que teníamos antes de la pandemia. Sin embargo, ante esta dificultad compartida a nivel global, parece que a la Argentina siempre le cuesta todo un poquito más. La ausencia de un plan económico en el marco de la crisis provocada por la pandemia y las restricciones infundadas y discrecionales que aún limitan el correcto desenvolvimiento de múltiples actividades y constriñen la vida en general solo sirven para que enla Argentina la “normalidad” se demore en regresar.