Se complica la situación del «puntero judicial» de Cambiemos ante Servini. La trama que explica los motivos por los que el operador judicial será indagado: contactos previos con Deloitte, sondeos a la Cámara Comercial y decenas de comunicaciones con los protagonistas políticos, judiciales e intermediarios en el proceso de quiebra a Oil Combustibles. Su incidencia en los embargos, inhibiciones y el concurso, al desnudo en el entrecruzamiento que ordenó la justicia.

El motivo del llamado a indagatoria de la jueza María Servini para Fabián “Pepín” Rodríguez Simón el próximo 26 de mayo, no es sólo su aparente rol de operador judicial en las sombras, que subyace del tipo de llamados que detectó el entrecruzamiento realizado por la Dajudeco. Sino que, precisamente, sus comunicaciones resultaron coincidentes en la cronología de momento y lugar que relataron los denunciantes por las presiones al Grupo Indalo y que vienen ratificando los testigos que han declarado ante la jueza donde precisan fechas de reuniones, actos administrativos, judiciales y aparición de personajes que rodearon toda la trama. El cruce de llamados es la prueba técnica que da sustento a la sucesión de hechos por los cuales se investiga una asociación ilícita encabezada por Mauricio Macri que tuvo por objetivo hacer colapsar a todo el holding de Cristóbal López y Fabián De Sousa, desguazarlo y hacerse de sus activos, maniobra que tuvo parcial éxito.

La primera secuencia que se presenta a continuación y que sirvió de base para el llamado a indagatoria solo abarca el período entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de ese mismo año pero existen otras vinculaciones a lo largo de los tres años investigados. En los primeros meses de gobierno de Cambiemos se registran múltiples comunicaciones de interés para la causa, pero es también donde emergieron tres episodios desconocidos y escandalosos que involucran al diputado del Parlasur. Allí aparece un contacto directo con uno de los socios de la firma Deloitte que auditaba los estados contables de la petrolera Oil Combustibles, semanas antes de que –en apariencia- la AFIP comenzara su investigación interna acerca de los planes de pago por la deuda de ITC y de que esa información apareciera reflejada en una nota del diario La Nación que es el supuesto origen del caso; pero también un llamado directo de “Pepín” a la Cámara Comercial antes de que se sortee y radique el proceso del concurso de acreedores con el que finalmente se forzó la quiebra de la firma. Sumado a eso existe una sucesión de contactos con uno de los jueces de la Corte Suprema y su entorno, en momentos en que en tiempo récord, el máximo tribunal dictó dos fallos en los que rechazaba la apertura de ese concurso.

¿Cuál fue el motivo para que un diputado del Parlasur mantuviera contactos con los abogados de Casino Club, los intermediarios políticos que se ofrecían a gestionar “soluciones”, un integrante de Deloitte, jueces comerciales y de la Corte y otros personajes que se interesaron en la suerte del Grupo Indalo? Todo parece indicar que –radialmente– era Rodríguez Simón el encargado de coordinar una “operación” de alta prioridad para el Gobierno de Macri.

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Guerra nuclear

El informe de la Dajudeco se centró en Rodríguez Simón, pero se encuentra en producción uno mucho más abarcativo, por orden de Servini, que tanto Macri como “Pepín” buscan bloquear en Casación. Solamente en el primer año, hay alrededor de mil comunicaciones relacionadas al caso Indalo. El primer hito se sitúa el 9 de marzo cuando Rodríguez Simón le anuncia vía Whastapp al abogado de Casino Buenos Aires, Joaquín Labougle que debía cobrar sus honorarios porque iba a empezar una “guerra nuclear”. Esa amenaza había sido precedida por reuniones hostiles entre los empresarios ligados al juego y la Casa Rosada, en las cuales –según declararon en la causa– “Pepín” se presentaba: “yo soy Macri”. Un día antes del mensaje existe un llamado con Macri y en los días previos 4 con el exsenador Ernesto Sanz.

Sanz resultó un intermediario político, supuestamente designado por el Gobierno entonces para buscar una “solución” al conflicto. El mismo día “Pepín” se comunicó con Marcos Peña y días antes existen contactos con José Torello, también integrante de la “Mesa Judicial”. Dos llamadas más estuvieron dirigidas a Gabriel Fidel, mendocino como Sanz y colega de Rodríguez Simón en el Parlasur y luego en YPF.

Mientras que dos notas sucesivas de La Nación mencionan primero una posible “escisión” del Grupo Indalo el 11 de marzo (que dispara una apresurada denuncia de AFIP en el fuero penal económico el 14 de marzo por insolvencia fiscal fraudulenta firmada por Emilio Candina y patrocinada por Eliseo Devoto que es descartada tres meses después por la jueza Verónica Straccia), a los dos días aparece la más conocida que relata una supuesta deuda de ITC de $8.000 millones. Contemporáneamente existen dos comunicaciones previas y posteriores con el exsecretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco.

Deloitte

Entre el 14/3 –cuando se radica la denuncia penal de AFIP- y el 17/3 ocurren dos episodios centrales: Alberto Abad modifica Resoluciones Generales pero con el objetivo de que sólo Oil quedase fuera de planes de facilidades de pago, y empieza a circular –internamente– un “informe de situación fiscal” firmado por Jorge Schiaffini, quien en el juicio oral admitió que no lo había confeccionado él, sino que había sido gente de su equipo y que no recordaba quién le había ordenado agregarle párrafos de análisis negativo sobre la petrolera que no podían corroborarse con la documentación obrante. Su fecha de sistema solo registra dos horas entre que fue creado el documento y termina con sello de mesa de entradas de la fiscalía de Gerardo Pollicita.

Allí emerge uno de los datos más inquietantes: Rodríguez Simón había hablado –en paralelo– con Miguel Carlos Maxwell en tres oportunidades, uno de los socios y encargado de relaciones públicas de Deloitte, una de las “Big Four”, empresas de auditoría más importantes a nivel mundial. Maxwell se reunía dos veces por año con De Sousa para analizar las variantes y proyecciones que tenía Oil para el semestre siguiente. Pero “Pepín” había llamado a Maxwell por primera vez el 22 de enero de 2016, teóricamente casi dos meses antes de que el caso Oil viera la luz pública y supuestamente mucho antes de que iniciaran actuaciones internas en AFIP. Entre abril y septiembre de 2016, Maxwell recibe otros dos llamados.

Sugestivamente, los llamados de Rodríguez Simón a Maxwell se repiten el 16/3 y el 17/3, la misma semana que la AFIP radicó la primera denuncia con las notas periodísticas que presentaban el caso como un posible delito en curso. ¿Por qué un socio senior de una firma como Deloitte –regulada con estándares internacionales– era llamado por un diputado del Parlasur precisamente cuando el Grupo Indalo y Oil Combustibles –su cliente– habían quedado en la mira del Gobierno? Un día más tarde, Straccia procede a múltiples allanamiento en todas las empresas de Indalo para intentar constatar los delitos que se atribuían. Tres meses más tarde, en una muy dura resolución, la magistrada se declara incompetente aclarando que lo denunciado por Candina no tenía sustento. El breve y fútil escrito de AFIP –supuestamente redactado en una mañana tras una reunión con Juan Carlos Santos– no pareciera haber sido confeccionado por un letrado ligado al fisco. Straccia, luego de allanar, la deriva a Comodoro Py para que se investigue si existían otros delitos. La recibe Julián Ercolini con el resultado conocido.

Cautelares

El 18 de marzo de 2016, la AFIP acude a otro fuero: el contencioso administrativo federal para lograr interponer medidas cautelares respecto a la operatoria de diversas empresas del Grupo Indalo, trabar cuentas y realizar embargos. Pero apenas sale sorteada la jueza Rita Ailán, sorpresivamente AFIP recusa sin causa a la magistrada y logra que se realice un nuevo sorteo. Recae la causa en Esteban Furnari, quien accede a todos los pedidos del organismo.

Concurso

El 29/3 la empresa Oil presenta concurso de acreedores en Comodoro Rivadavia. Al día siguiente, Furnari, en el Contencioso asesta un golpe: decide la “intervención” de Oil, y sus controlantes, Oil M&S e Inversora M&S, designando como veedor a Marcelo Manograsso, cuyos informes negativos terminaban publicados en medios de comunicación antes de ser notificados a las partes. Finalmente, el fuero contencioso levanta las medidas cautelares meses después, aunque el daño a las operaciones había sido múltiple y no solo en el frente financiero sino respecto a proveedores.

Recién el 8 de abril, el juez de Comodoro Gustavo Toquier decide “abrir” el concurso de acreedores y desata una pequeña “crisis” para el Gobierno que se traduce en las comunicaciones del período: “Pepín” habla en 20 oportunidades con Macri, en una con Germán Garavano y en otras 8, con quien podría ser Mario Quintana, de Jefatura de Gabinete.

Llamar al juez

En ese momento, AFIP corre el 27 de abril a bloquear esta posibilidad en Capital Federal y plantea una cuestión de competencia por vía inhibitoria para que Toquier se desprenda del concurso abierto y viaje hacia el juzgado de Héctor Vitale, que recibe el escrito firmado por Gustavo Montilla en nombre de AFIP. Sin embargo es cuando ocurre otro de los hechos por los que Rodríguez Simón está llamado a declarar como acusado: el 18 de abril de 2016 y el 25 de abril de 2016 –9 y 2 días antes de que la AFIP radique la inhibitoria– Rodríguez Simón llama al teléfono de línea de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que fue protagonista en la definición de la quiebra de la compañía. No es posible saber con qué juez habló el operador judicial dado que se comunicó directamente con la línea interna de la Cámara, en un episodio que desnuda una inexplicable situación desde el punto de vista legal. ¿Por qué el hombre que asesoraba al Presidente en asuntos judiciales sensibles aparece llamando a camaristas que a futuro van a ser gravitantes en el caso Oil desde su propio teléfono?

El 3 de mayo, 8 días después del último llamado de Rodríguez Simón a la Cámara, el juez Vitale declara la inhibitoria, y pide atraer la causa a Capital Federal. Luego se excusaría al recibirla, acusando de graves delitos a los accionistas de Indalo.

Inhibiciones

Entre el 13 y el 14 de julio de 2016, Ercolini dispone una amplia Inhibición General de Bienes del Grupo Indalo, lo que vuelve a complicar la operatoria de las empresas. En este proceso, trabó el giro ordinario de las compañías y obligó a que cada cheque emitido por alguna requiriese una declaración jurada con firma de sus autoridades para justificar su egreso antes de las 11 AM de cada jornada. Insólitamente, se suma el BCRA afirmando que confeccionó una matriz de riesgo sobre los contribuyentes López y De Sousa (cuando lo que en realidad controla la entidad es a los bancos), lo que traba aún más otras dos actividades de Indalo, la aseguradora Generalli y el Banco Finansur. Ya se vería por qué el Finansur era relevante desde un comienzo, algo que surge de los llamados de Rodríguez Simón.

Pero en el lapso de esos 15 días anteriores y posteriores, Rodríguez Simón registra 4 conversaciones con Macri, dos con Garavano (días antes de la resolución del juez), 14 con la Jefatura de Gabinete de Ministros, 55 a un celular a nombre del Gobierno de la Ciudad y una con Ernesto Sanz. Pero además –y es lo completamente inusual– “Pepín” entabló diálogo frecuente con Jorge Sánchez Cordova y su hijo Juan Manuel Sánchez Cordova, ambos socios de López y De Sousa y accionistas minoritarios del Banco Finansur. Dato. Es la única entidad bancaria con la que se comunicó el asesor de Macri. Solo en este lapso registra 32 comunicaciones. El Banco Finansur era el medio por el que Indalo canalizaba giros comerciales al resto de sus empresas. La inhibición de bienes buscaba cortar cualquier giro de dinero con el objetivo de desgastar al grupo económico, cortar su cadena de pagos y asfixiarlo económicamente. Los llamados a los accionistas históricos del banco que tenían con Macri una relación que se remonta a la época de Tesorero del club Boca Juniors cobran sentido si se recolectaba información interna para hacer colapsar al holding desde el punto de vista financiero.

En paralelo a la inhibición, se cursaron 6 llamados a los números de Carlos Rosenkrantz y de su exsocio Gabriel Bouzat, todavía previo al desembarco formal en la Corte. Otros tres se dirigieron a Torello.

Despojo

El 20 de julio de 2016 se lleva adelante un increíble episodio en toda la saga: Matías Romero Zapiola ingresa como una suerte de nuevo interlocutor para ofrecer una solución desde el Gobierno. Pero el también egresado del Cardenal Newman como Macri reclama para sí una especie de honorario anticipado por sus gestiones y exige a López y De Sousa la transferencia de algunos de sus activos. Inhibidos y bajo la lupa, están impedidos de hacer tal cosa, por lo que tras negociar, deciden entregarle a Romero Zapiola un comodato gratuito por cinco años de terrenos pertenecientes a Ganadera Santa Elena SRL y Alcalis de la Patagonia. Mediante acta de escribano se termina de firmar el 20 de julio. Sin embargo, Rodríguez Simón registra 8 comunicaciones que datan desde la irrupción del supuesto “intermediario” y se extienden más allá: los dos primeros del 29/6, mientras que continúan el 14/6, 5/7, 7/8, 15/8 del 2017 y uno más el 7/6/2018.

Hacer la Corte

El 23 de agosto de 2016 quedó suspendido el concurso preventivo sobre Oil en Comodoro Rivadavia y casi un mes después, el 20 de septiembre nuevamente la Corte –sin el voto de Rosenkrantz– dispone cambiar definitivamente la jurisdicción del sur a la justicia comercial de la Capital Federal, donde “Pepín” se había comunicado antes. El Centro de Información Judicial (CIJ) que suele dar de manera aséptica la información, tituló el 23/8 que la Corte “frenó el avance” de López, retomó el concepto de una “clara maniobra defraudatoria” y deslizó una crítica a Toquier por haber seguido adelante con el concurso pese a la queja de Vitale.

Contemporáneas a esas dos decisiones en un mes de la Corte respecto al caso Oil –de inusual velocidad– “Pepín” mantuvo conversaciones otra vez con Ernesto Sanz (3), Macri (2), el exprocurador del Tesoro Carlos Balbín (5) y con Garavano (25). Pero también con la entonces asesora de Devoto, Jimena de La Torre –quien luego sería la mano derecha de Leandro Cuccioli en la AFIP–, con Pablo Tonelli, Torello, con Mario Quintana (11) y otras 14 con Rosenkrantz, Bouzat y el entorno de quien asumió en ese lapso como supremo.

En este recorte temporal existe una comunicación directa con la oficina de Abad. Pese a no haber otras conversaciones registradas por línea –su relación con el Gobierno probablemente haya sido intermediada a través de otro funcionario– el extitular de AFIP declarará este martes en indagatoria ante Servini. Debe responder por el cúmulo de irregularidades en que incurrió la AFIP desde el nacimiento de la causa Oil y que han sido testificadas en el marco del juicio oral y en la investigación de Servini. A diferencia de con otros imputados, como Rodríguez Simón, a Abad no le facilitaron abogados cercanos al espectro que asesora a Macri. Lo dejaron solo.

Equipo de Investigación Ámbito