El debate comenzará este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales que encabeza el diputado libertario Nicolás Mayoraz. En paralelo, el Gobierno trabaja para aprobar la iniciativa de la Ley Hojarasca, de Federico Sturzenegger.

Después de la reunión de la mesa parlamentaria entre diputados del PRO, el MID y LLA a la que también se sumó Santiago Caputo y Martín Menem y en la que se acordó el apoyo a la ley Hojarascas, la oposición quiere avanzar con agenda propia.

El bloque amarillo de Cristian Ritondo, ya desde hace varias semanas, le elevó al ministro Francos y al presidente de la Cámara de Diputados, Menem, un amplio listado de temas a discutir en el Congreso.

Además, el diputado Eduardo Falcone (MID) insistió con el proyecto que trabajaron con Oscar Zago para eliminar las jubilaciones de privilegio en los tres poderes del Estado. El legislador pidió también estudiar el Presupuesto 2025 y “ser claros en los fondos destinados a Educación”.

El futuro de los DNU

El oficialismo también está orientado a contener los proyectos del arco opositor, como el que busca reforma la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, sancionada en el 2006. La norma, que impulsó Cristina Kirchner, estableció que con la sanción de una de las Cámaras del Congreso ya alcanza para ratificar un DNU que remplaza una o varias leyes sancionadas por el Congreso. Mientras que, para el rechazo de un decreto, necesita el voto negativo de ambas Cámaras del Parlamento.

La citación ya está realizada para este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales que encabeza Nicolás Mayoraz. El diputado libertario le adelantó a TN que son 15 proyectos: “Me llama la atención que quieran modificarlo ahora, es una jugada política, nunca se buscó modificar esta ley que rige desde 2006. Después de la Reforma Constitucional del 94 tardaron 12 años en reglamentar los DNU, es decir, 12 años sin tener ninguna normativa. La ley es mejorable y mucho, pero nunca vi que ningún Gobierno haya intentado esto, aunque tenían todas las mayorías para hacerlo. Lo que buscan es limitar a Javier Milei. Vamos a dar el debate”, aseguró.

Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto, es el bloque que más insistió para sus modificaciones. Ya en febrero, el diputado Nicolás Massot solicitó, en la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la necesidad de modificación de la norma. “El proceso de sanción de una ley necesita el tratamiento en la Cámara de origen, su aprobación y posterior pase a la Cámara revisora. Si esta lo sanciona, el proyecto es ley. Pero, un DNU necesita solo la ratificación de una sola Cámara para que tenga fuerza de ley, y mientras no se trate está en plena vigencia”.

El diputado Oscar Agost Carreño, fue el que solicitó el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, para que analice las iniciativas. Destacó en sus fundamentos que la ley actual “ha generado dudas y cuestionamientos”. Y agregó: “En algunos puntos se han cometido omisiones y confusiones. En otros, la norma se ha apartado del texto constitucional o se han utilizado argucias para eludir los plazos señalados en la norma bajo diferentes excusas, quebrantando así el deber constitucional del control del Congreso sobre dichas medidas”.

“A la vez, el reciente DNU 70/23 generó una discusión normativa respecto de si era posible o no aprobar parcialmente un decreto de necesidad y urgencia, discusión que no se había suscitado anteriormente, sencillamente porque nunca un presidente había dictado un decreto como ese”, explicó.

La iniciativa toma como antecedentes proyectos de legisladores de su bancada como Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy. También sumarán al debate los proyectos de Carla Carrizo, de la UCR, de la socialista Mónica Fein, y de los senadores Eduardo Vischi, Carolina Losada, Martín Lousteau, Pablo Blanco (UCR) y Lucila Crexell (Provincias Unidas).

También tomarán el proyecto presentado en 2010 por la exdiputada y actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Los DNU son, en opinión del constitucionalista Germán Bidart Campos, “reglamentos” que se dictan sobre materias propias de la “competencia legislativa”, cuando una urgencia exige emitir las normas que el Congreso no ha dictado, o suplirlo lisa y llanamente. “A simple vista surge que los DNU amenazan el equilibrio que vimos. Se procura establecer entre los poderes en todo Estado constitucional de derecho, al comprometer su independencia y separación”, publicó Bullrich entre sus argumentos solicitando su modificación.

Ley Hojarasca

Los diputados esperan que la Ley Hojarasca gire a las comisiones, encargadas de llevar adelante el análisis de la iniciativa. Este proyecto de ley se propone eliminar 70 leyes “inútiles” que restringen libertades. La impulsa el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y lo fundamenta en la “eliminación vetusta y sin aplicación práctica que no se condice con los tiempos que corren”. Además, se repasó la normativa vigente en nuestro país desde 1864 a la fecha.

Ente otras leyes, deroga la ley 94 sobre la Imposición de Pena de Azote. Esta se sancionó en 1864, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. “Todo el que ejerciendo autoridad civil o militar hiciese azotar algún individuo de cualquier clase o condición que fuere, será declarado inhábil para ejercer ningún empleo nacional durante diez años, sin perjuicio de las acciones a que diere lugar la gravedad del hecho”, advierte la norma.

Otra ley que la Ley Hojarasca busca eliminar es la 3863, de 1899, creada durante el mandato de Julio Argentino Roca, referido a privilegio a las primas por seguros agrícolas. “El importe de las sumas por seguros agrícolas se considerará comprendido en el privilegio de que gozan los gastos de la cosecha”, explica.

También figura otra de la presidencia de Arturo Illia, la ley 17.789 de 1965: “Todos los poderes, reparticiones, organismos y entidades del Estado Nacional que adquieran automóviles destinados a su servicio, deberán comprarlos entre los productos de la industria automotriz nacional”, dice la norma.

El proyecto que propone el Gobierno también modifica la ley 20.984 de 1975, de la gestión de Isabel Martínez de Perón, que creó el Círculo de Legisladores Nacionales. El Gobierno también busca derogar la ley 24.807 de 1997, durante las funciones de Carlos Menem, que propuso la formalización de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Sturzenegger participó de la reunión de este lunes en Casa Rosada, porque espera lograr el respaldo político del PRO, del MID y de otros espacios políticos para que la Hojarasca logre ser aprobada.