El juez federal Sebastián Casanello, llamó a indagatoria al líder del Polo Obrero en el marco de la investigación por el desvío de fondos de planes sociales y el cobro a sus beneficiarios.

En el marco de la investigación contra un grupo de dirigentes sociales por el desvío de fondos de planes sociales y la extorsión a sus beneficiarios, el juez federal Sebastián Casanello, pidió la inhibición de los bienes del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, uno de los principales involucrados en la causa.

Además, el magistrado solicitó la indagatoria para el líder piquetero, para el próximo 25 de junio, por los delitos de administración fraudulenta de comedores y extorsión a beneficiarios de planes sociales. En paralelo la fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, solicitó el bloqueo de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y cualquier otro medio económico o financiero del referente social.

La causa que se inició a través de las denuncias anónimas en la línea telefónica 134, que habilitó el ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, para que los beneficiarios de planes sociales puedan denunciar extorsiones y amenazas, avanza en contra de unos 48 referentes sociales de distinto color político.

“Todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarias del Potenciar Trabajo indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales, que actuaron como unidades de gestión”, señaló el juez de la causa al respecto.

Además, Casanello citó a indagatoria a otros 23 acusados que deberán presentarse a partir del próximo 11 de junio y se extenderán hasta el 25 de ese mismo mes, cuando será el turno del referente del Polo Obrero.

Tras los allanamientos realizados en los domicilios de los dirigentes de distintas organizaciones sociales, el juez determinó que había pruebas suficientes del desvío de fondos públicos y de las extorsiones a las que eran sometidas las personas que percibían un plan Potenciar Trabajo, como para citar a los líderes. “El empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados, al menos a través de las firmas, Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y Coxtex SA, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”, señaló el magistrado en su escrito.