“La ley de emergencia necesita revisión”

“La ley de emergencia necesita revisión”

Afirmó el presidente de la Sociedad Rural Salteña, Carlos Segón, quien pidió un seguro. 

El presidente de la Sociedad Rural Salteña, Carlos Segón, afirmó que la ley nacional de emergencia agropecuaria necesita urgentes revisiones.
Recordó que hoy, para el reconocimiento de la emergencia, se debe tener un 50% de pérdidas totales en cultivos. Para la declaración de desastre, en tanto, las pérdidas totales deben ser del 80% o más. La ley no contempla como causal de emergencia las siembras que no se pudieron realizar por falta de lluvias, como ocurre hoy con la producción de granos de Salta.
En ganadería los porcentajes de pérdida corren en relación con la hacienda. “Creo que la ley debería cambiarse por un seguro nacional agropecuario, con el que el productor pueda recuperar al menos una parte de lo perdido o invertido”, planteó Segón. 
“La ley de emergencia agropecuaria, que es de 2009, se aprobó con un presupuesto de 500 millones de pesos, monto que quedó fuera de toda realidad por los procesos inflacionarios”, advirtió el dirigente rural. “Hoy es como una aspirina para un enfermo de cáncer”, ironizó, tras señalar que el presupuesto de 2022, que no fue aprobado, proyectaba duplicar ese monto. “De todos modos, con la inflación que acumuló Argentina desde 2009, sería menos que poco ante una situación como la de este año, que encuentra al agro y la ganadería en emergencia o desastre en el 70% del territorio nacional”, agregó Segón.
El titular de la Sociedad Rural consideró que están dadas las condiciones para que la Provincia declare la emergencia, o desastre, en departamentos como San Martín, Rivadavia, Anta, Metán y Rosario de la Frontera, entre otros. “Una vez formalizada la presentación de la Provincia ante la Nación, cada productor afectado debería exponer a través de una declaración jurada las pérdidas sufridas en su campo”, señaló Segón, al explicar los pasos que se esperan. Más allá de ello, insistió en que “la gran deuda es una ley de seguro que debería crear un fondo integrado con parte de los impuestos que aporta el sector agropecuario y una asignación presupuestaria adicional”.