
“La ley de emergencia necesita revisión”
Afirmó el presidente de la Sociedad Rural Salteña, Carlos Segón, quien pidió un seguro.
El
presidente de la Sociedad Rural Salteña, Carlos Segón, afirmó que la
ley nacional de emergencia agropecuaria necesita urgentes revisiones.
Recordó
que hoy, para el reconocimiento de la emergencia, se debe tener un 50%
de pérdidas totales en cultivos. Para la declaración de desastre, en
tanto, las pérdidas totales deben ser del 80% o más. La ley no contempla
como causal de emergencia las siembras que no se pudieron realizar por
falta de lluvias, como ocurre hoy con la producción de granos de Salta.
En
ganadería los porcentajes de pérdida corren en relación con la
hacienda. “Creo que la ley debería cambiarse por un seguro nacional
agropecuario, con el que el productor pueda recuperar al menos una parte
de lo perdido o invertido”, planteó Segón.
“La ley de emergencia
agropecuaria, que es de 2009, se aprobó con un presupuesto de 500
millones de pesos, monto que quedó fuera de toda realidad por los
procesos inflacionarios”, advirtió el dirigente rural. “Hoy es como una
aspirina para un enfermo de cáncer”, ironizó, tras señalar que el
presupuesto de 2022, que no fue aprobado, proyectaba duplicar ese monto.
“De todos modos, con la inflación que acumuló Argentina desde 2009,
sería menos que poco ante una situación como la de este año, que
encuentra al agro y la ganadería en emergencia o desastre en el 70% del
territorio nacional”, agregó Segón.
El titular de la Sociedad Rural
consideró que están dadas las condiciones para que la Provincia declare
la emergencia, o desastre, en departamentos como San Martín, Rivadavia,
Anta, Metán y Rosario de la Frontera, entre otros. “Una vez formalizada
la presentación de la Provincia ante la Nación, cada productor afectado
debería exponer a través de una declaración jurada las pérdidas sufridas
en su campo”, señaló Segón, al explicar los pasos que se esperan. Más
allá de ello, insistió en que “la gran deuda es una ley de seguro que
debería crear un fondo integrado con parte de los impuestos que aporta
el sector agropecuario y una asignación presupuestaria adicional”.