Nota extraída de TN por Manuel Jove

La investigación en Misiones con que la empezó la nueva temporada de PPT reveló que este negocio ilegal de granos mueve $7500 millones por año. Las escuchas que involucran a policías y gendarmes y un agujero negro de 90 mil toneladas.

“No le vayas a pelear menos de quinientos para uno. No seas boludo”. El textual sale de las escuchas telefónicas en una de las muchas causas de la justicia federal por contrabando de granos. Se lo dice un policía federal a otro de Misiones. Y agrega: “Hay que agarrar arriba de 250 mil, mínimo”.

El precio de la tonelada de granos está acelerándose y el contrabando vive una época de auge. Al mismo tiempo, hay elementos de la política económica nacional que completan un combo perfecto para los que eligen este camino ilícito: imposición de retenciones para las exportaciones y una compleja situación cambiaria.

Un camión de unas 30 toneladas que sale del país por las vías legales deja un saldo a favor de $1.400.000. Por supuesto, esa venta se concreta al dólar oficial. Sin el descuento impositivo y vendido con un dólar a más de $200, la cifra aumenta a $3.600.000. El problema de la brecha.

Este multimillonario negocio explotó en Misiones, la provincia argentina que tiene más límites con países vecinos que con el territorio nacional. Son más de mil kilómetros de frontera con Paraguay y Brasil. El último es el principal destino de la soja de contrabando.

Según datos de la AFIP que figuran en las causas judiciales, en 2021 ingresaron a la provincia unas 110 mil toneladas de soja. Sin embargo, solamente 20 mil fueron absorbidas por la demanda formal. Para pasar en limpio: hubo un agujero negro de 90 mil toneladas. Y eso corresponde solo a lo registrado.

Una vez que la soja ingresa a Misiones por las Rutas Nacionales 12 y 14, los principales accesos, se traslada hasta las zonas linderas al Río Uruguay. Allí se cruza en barcazas improvisadas hacia el estado de Río Grande Do Sul, en Brasil.

El Soberbio, Panambí, Colonia Aurora o San Javier aparecen como los puntos de mayor tráfico. El Río Uruguay, a esa altura, es angosto y zigzagueante. Traducción: es fácil de cruzar y difícil de controlar. Hacia el norte, la frontera seca de Bernardo de Irigoyen es otro punto estratégico.

Son en mayor medida los jóvenes pobladores de esas localidades los que se encargan de ese cruce. Se los llama “chiveros” y en un día ganan tanto como podrían ganar en varias semanas con otros trabajos. El pago para remar esos 200 metros varía entre $2000 y $5000 por viaje, dependiendo de la cantidad se lleve.

Hay un componente cultural. Los “chiveros” tienen completamente naturalizada la relación de ida y vuelta con Brasil. Hablan portugués con fluidez y no solo cruzan soja: también mercadería para el día a día, como aceite. O vinos, otro negocio que crece. Una botella que se vende a $4000 en Argentina vale hasta $25000 en Brasil.

Jonatan es menor de edad y se dedica a los cruces ilegales en Alba Posse. “Lo que llevamos no es droga, nunca”, se defiende ante TN. Ese pensamiento se replica en muchos pobladores costeros. El trabajo ilegal les resulta “digno”.

Las coimas por el traslado ilegal de soja

La Unidad de Información Financiera (UIF) explica que durante 2021 en Misiones, a través de intervenciones de las fuerzas de seguridad nacionales, fueron incautadas apenas 330 toneladas de soja. Representa un 0,3% de las 90 mil toneladas que “desaparecen”.

Es la Prefectura la que debe controlar los movimientos en el Río. Una notoria cuenta pendiente. Las rutas, mientras tanto, son responsabilidad de la Gendarmería, la Policía Federal y la Policía Provincial de Misiones.

El volumen aproximado del negocio de tráfico de granos en Misiones fue de $7500 millones el año pasado. El dato surge, nuevamente, de la AFIP. “Con esas cifras, muchos funcionarios son corrompibles”, responde un dirigente de confianza de Oscar Herrera Ahuad, gobernador misionero.

En esa lista de personas fáciles de corromper aparecen, de mínima, varios efectivos de seguridad. En una causa por asociación ilícita y contrabando que se inició en la justicia de Corrientes aparecen los nombres de Ricardo Abel Koing, policía federal, Martín Polcowñuk, policía de Misiones, y Adrián Escarlata, gendarme.

“Siempre repartimos todo así. Ciento treinta lo nuestro, treinta a comando, cien nuestros y ahí repartimos lo de la gurisada”, le dice Konig a Escarlata. En otro audio, el mismo Konig le dice a Polcowñuk, que estaba de guardia en un control: “Van dos camiones más, van a ser ocho. Con eso te llevas 160 mil pesos”. Konig fue el que le recomendó a sus colegas no pedir menos de 500 mil por camión.

En otra investigación abierta, en este caso en la justicia federal de Oberá, el Jefe del Escuadrón 9 de Gendarmería resultó detenido. Se trata de Marco Antonio Duette, quien ocupó el cargo hasta noviembre del 21. En ese megaoperativo también detuvieron a su chofer, otro gendarme, y a empresarios y funcionarios provinciales.

La “Aduana paralela” de Misiones

Cuando se ingresa con camiones de carga a la provincia de la tierra colorada hay que pasar, sí o sí, por las oficinas de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM). En el ente recaudador provincial se cobra un anticipo de impuestos por una potencial venta posterior.

“Se cobra un adelanto de ingresos brutos que es inconstitucional. En la Constitución se habla de la libre circulación en el territorio argentino y en Misiones se pide un impuesto para entrar”, dice Micaela González Coria, diputada provincial por el PRO. Y agrega: “Es una aduana interna”.

En el Gobierno de Herrera Ahuad explican que es la forma que tienen de compensar lo que no ingresa por la coparticipación, mientras deslizan un reclamo hacia la Nación. “Somos la octava provincia que produce en el país, pero estamos en el puesto 19 al momento de cobrar”, argumentan. Y se defienden: “Es un instrumento impositivo, no una aduana”.

Más allá de la polémica, en el medio se produce una irregularidad sin discusión. Existen denuncias de productores y camioneros que indican que, además del impuesto, lo que se pide es una coima. Con ese pago extraoficial, hay camiones que pasan con mayor carga de la declarada.

El titular de la ATM es Rodrigo Vivar y uno de los principales apuntados por el cobro de coimas es su Jefe de Recursos Humanos, Eduardo Vidoni, quien además es su cuñado. Vidoni, responden en el Gobierno provincial, ya fue apartado de su cargo y se abrió una investigación.

Para las maniobras de falsificación de pesajes de los camiones participan otros factores: la balanza, que corresponde a Vialidad Nacional, se apaga los viernes a las 22:00 y durante todo el fin de semana. Por supuesto, ese es el lapso que usan para cruzar los camiones que llevan soja para el contrabando.

También se utilizan documentos apócrifos. Las cartas de porte son como el DNI de cada camión. Sin ese papel de AFIP no pueden circular. En 2020 estalló un escándalo de cartas truchas. Más de 100 camiones con 30 toneladas cada uno se dirigían, supuestamente, a una pequeña Cooperativa del centro de la provincia. En realidad, las cartas eran truchas y la mercadería era para cruzar a Brasil.

En ese momento, las cartas todavía se llenaban de manera manual. Después del evento y a partir de la digitalización de la pandemia, AFIP hizo que el trámite sea electrónico. Así, el sistema resulta menos permeable, pero se encontraron una vez más maniobras para burlarlo. Por ejemplo: se imprimen cartas que luego se dan de baja.

f: TN