Nota extraída d eClarín por Eduardo Van der Kooy

La coalición oficial se atomiza. El humor social no mejora. La gestión del Gobierno es muy deficitaria.

Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner, el viernes.

La Argentina se está convirtiendo en un punto de observación en la región. Sus niveles de incertidumbre son similares a la mayoría de los países. Los registros de insatisfacción social y ausencia de expectativas también resultan altísimos. La crisis económica es más antigua y estructural que otras. La combinación de esos factores tensiona y erosiona al sistema democrático y complica la gobernanza. Pero no se avizora, al menos todavía, la posibilidad de algún episodio disruptivo que altere de modo drástico el tránsito hacia el recambio presidencial.

Se trataría de un punto distintivo respecto de otras experiencias recientes. Gabriel Boric llegó al Palacio de la Moneda en Chile luego de un 2019 con 150 días de violentas protestas que forzaron al ex presidente Sebastián Piñera a llamar a un plebiscito para modificar la Constitución. Resultó una válvula de escape. Perú tuvo tres presidentes en cinco años. Semejante desestabilización derivó en la administración actual del izquierdista Pedro Castillo, sin base parlamentaria. En menos de un año atravesó dos mociones de destitución. Colombia, después de décadas de uribismo, en un contexto de protestas, violencia y muerte, consagró para la segunda vuelta al ex intendente de izquierda, Gustavo Petro, e impensadamente al empresario y también ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.

En la Argentina, el gobernante Frente de Todos está dividido. Desde la cima que componen Alberto y Cristina Fernández. Nada indica que, juntos o no, desaparezcan de la competencia para el 2023. La mayor oposición continúa siendo Juntos por el Cambio. Aspirante a regresar al poder. La nota disruptiva, que en otros países surgió de manera repentina, se conoce aquí con mucha antelación. Se trata del diputado libertario, Javier Milei. Entre todos ellos, según la unanimidad de encuestas, se repartiría el 90% del electorado. Cifra que en 2019 hegemonizaron las dos coaliciones. Nada garantiza a futuro, sin embargo, la aparente previsibilidad política de hoy. Amenaza la mecha corta de la sociedad, que supo describir el consultor Guillermo Oliveto.

Esa posibilidad sería una de las razones que desvela a Cristina. La principal, claro, es su situación judicial. Pero el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, escuchó de boca de ella muchas preguntas sobre los movimientos sociales, el abastecimiento de planes y los sectores piqueteros no oficialistas –de la izquierda dura– que están aumentado su presión callejera. Ronda en el Instituto Patria el temor a alguna chispa que derive en un estallido social.

Ninguna preocupación está exenta de intereses políticos. Zabaleta quiso dejar claro que su conversación con Cristina ocupó aquel tema. No su renovado acercamiento para retornar en 2023 a Hurlingham, su distrito, con el objeto de fortalecer la elección. Menos, la conjetura de su distanciamiento con Alberto. También sería genuina la inquietud de la dama por el presente de los movimientos sociales. Resulta difícil obviar una novedad que llamó la atención en el Instituto Patria. La aparición con formato de campaña en La Matanza de la diputada provincial, Patricia Cubría. Un desafío para el barón Fernando Espinoza, baluarte de Cristina. Cubría es la mujer de Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita. Enfrentado con La Cámpora. Uno de los principales sostenes del Presidente.

Nadie en el kirchnerismo supone que detrás de esa maniobra no esté el aval presidencial. Porque, aunque cueste creerlo, Alberto piensa que sin perforar la fortaleza K le será imposible cualquier proyecto electoral para 2023. Podrían deducirse varias cosas. Que cree estar en carrera. No prevé ningún contratiempo extremo que pueda detenerlo. Pareciera dispuesto, si fuera necesario, a competir en una interna en la coalición oficial. Exactamente opuesto al diagnóstico de Cristina: dice que su delfín del 2019 es un caso perdido. Está pendiente de cualquier posible alteración social. Considera que el “albertismo” es una expresión política extinguida en el Frente de Todos.

Por eso la aparición conjunta del Presidente y la vice en el centenario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) respondió solo a una convergencia de necesidades. Cristina controla políticamente la empresa. La estatizó en 2012 con un costo sideral. Hay pendiente en Nueva York un juicio por US$ 14 mil millones. Pero es una parte de su relato que no piensa resignar: la presunta recuperación de soberanía. Alberto decidió compartir esa escena después que supo de la presencia de la dama.

Lo que no imaginó el Presidente fue que la vicepresidenta aprovechara la circunstancia para volver a castigarlo. No sólo con las señales de su mensaje. Consiguió al final del capítulo algo que perseguía hace rato: la separación de Matías Kulfas. Pudo haber sido la causa -o no- el off de record del funcionario con el cual rebatió a Cristina supuestas concesiones a empresas en la construcción del gasoducto que saldrá de Vaca Muerta. Un tuit acusatorio de la vice alcanzó para despachar al ahora ex ministro d Producción. Y Alberto se inclinó.

Los kirchneristas –también la oposición—se interpelan ante ese panorama acerca de qué película está viendo el Presidente. Su plan, en esta coyuntura, exhibe tres tópicos. La defensa, como puede, de su gestión. El reflote de la corrupción asociada sólo a Mauricio Macri. La asunción pública de una agenda que, antes que responder a las necesidades colectivas, parece destinada a compensar a la vicepresidenta.

Alberto exalta una supuesta reactivación económica –verificable en algunos sectores productivos- pero le esquiva al problema de la inflación. Las noticias no son buenas. El índice de mayo no será menor al 5%. En junio pesarán los aumentos de tarifas dispuestos por el Gobierno. Además de la aceleración de precios de los alimentos que no se detiene. Su último hallazgo fue la defensa de la administración de la pandemia. Raro: en el informe al Senado Juan Manzur, el jefe de Gabinete, admitió que casi 600 mil vacunas fueron desperdiciadas. Más de la mitad por haber vencido. De otros pormenores, mejor no hablar. ¿En qué quedaron las segundas dosis de la rusa Sputnik V? ¿Qué ha pasado con su fabricación en la Argentina y la inversión en un laboratorio? .

Las omisiones del Presidente o sus imprecisiones se trasladan a otros campos. Ligó con varios casos de corrupción al ex presidente Macri. Uno provocó perplejidad. Lo expuso en su visita a Paraguay. Señaló una supuesta diferencia de US$ 300 millones en la obra en Aña Cuá, entre lo que se había calculado en el gobierno de Cambiemos y el actual. Portavoces diplomáticos paraguayos hicieron una aclaración: la adjudicación y los contratos se hicieron en tiempos de Macri. Con una cotización en dólares que nunca se modificó.

A esos problemas el Gobierno añade otros. Desnuda la improvisación. El calendario indica, sin sorpresas, que la producción agropecuaria atraviesa el tiempo de la cosecha gruesa. La soja y el maíz. Amén de las campañas del azúcar y el limón. Pero falta el gas oil en más de ocho provincias. Nuestro país importa el 30%. Pero escasean los dólares. Aquel mismo calendario señala para este tiempo la inminencia del invierno. Con los primeros fríos severos de la semana pasada se vieron afectadas las clases en miles de establecimientos de todo el país. Con foco en la provincia de Buenos Aires. En febrero, el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, tuvo un informe sobre las deficiencias en muchas instalaciones. La respuesta fue suspender clases.

Por esos motivos, tal vez, sorprende la inmersión del Presidente en asuntos que solo interesan a la clase política. Para ser justos: a Cristina y al kirchnerismo. ¿Alguien supone que fuera de ese micromundo puede despertar interés la modificación a la Corte Suprema? . La ampliación del número de integrantes, que ahora son cuatro, posiblemente a 25. Uno por provincia. Federalización de la Corte, le llaman. En otra época fue la democratización de la Justicia. El mismo pastel.

No de casualidad el germen surgió del kirchnerismo en el Senado. Eduardo De Pedro, el ministro del Interior, logró la adhesión en un documento de 16 gobernadores del PJ. A la cumbre con Alberto asistieron 13 y 4 vicegobernadores. Faltaron los peronistas Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe). El Gobierno sabe que no puede hacer esa modificación porque carece de recursos políticos en el Congreso. Pero la acción posee dos sentidos: unifica en un punto al resquebrajado Frente de Todos; comunica el estado de beligerancia al máximo Tribunal que debe expedirse sobre cuestiones sensibles. El pleito por la coparticipación en la Ciudad. Los recursos presentados por la defensa de Cristina, en especial, en el juicio oral en curso por la obra pública.

Los jueces parecen aceptar la disputa con menos ampulosidad. Horacio Rosatti presidió el segundo plenario del Consejo de la Magistratura con la nueva composición que objeta el oficialismo. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se mostraron en la asunción de Ricardo Gil Lavedra como nuevo titular del Colegio de Abogados. Carlos Rosenkrantz habló en la Universidad de Chile. Relativizó una frase de Eva Perón, catecismo para los K. “Detrás de cada necesidad no siempre hay un derecho”, contradijo el magistrado.

Aquel desorden doméstico tiene reflejo también en la política exterior. Alberto amenazó con no asistir a la Cumbre de las Américas en Los Angeles. Imaginó un encuentro paralelo para reivindicar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Países a los que Washington no invitó. Supuso una adhesión de Manuel López Obrador que jamás existió. El presidente de México terminó molesto.

Esa invención se desarrolló mientras el embajador en Washington, Jorge Argüello, gestionaba una bilateral de Alberto con Joe Biden. La consiguió para julio. El Presidente archivó entonces aquellos devaneos y estará en Los Angeles. Compulsión por las ambivalencias.