De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la institución, el primer trimestre del año se registró que la indigencia aumentó del 9,6% al 17,5%.

En el primer trimestre de 2024, el indicador de pobreza en Argentina alcanzó el 55,5% de la población, mientras que la indigencia aumentó del 9,6% al 17,5%, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Esto implica que aproximadamente 25 millones de personas – 24,9 millones residentes en áreas urbanas del país–, están en situación de pobreza al no poder cubrir la canasta básica total (CBT).

Estos incrementos en los índices de pobreza y de indigencia se atribuyen principalmente al impacto de la inflación, especialmente en el rubro de alimentos, que ha afectado gravemente a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

El estudio de la ODSA, además, indica que alrededor de 7,8 millones de personas se encuentran en estado de pobreza extrema o indigencia, es decir, por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA). En tanto, en el tercer trimestre de 2023, el indicador de pobreza era del 44,7%. Los datos actuales se obtuvieron mediante micro simulaciones.

El informe titulado “Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina” también reveló: “La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA). Al considerar el AMBA, los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA. Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente”.

El 20,6% de los hogares que sufren insuficiencia alimentaria total representan alrededor de 3,7 millones de viviendas, que albergan a unos 11 millones de habitantes. 

El informe del Observatorio subraya “los elevados valores de privaciones alimentarias que sufre la población tratan de ser compensados con acciones realizadas desde los diferentes niveles del Estado. Considerando a los niños, niñas y adolescentes, el 42,6% de ellos reside en hogares que reciben la AUH+Tarjeta Alimentaria, el 50% asiste a comedores escolares, el 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% recibe caja o bolsones de alimentos de comedor no escolar; sumando muchos hogares más de un beneficio”. En respuesta a la crisis, el gobierno de Javier Milei reforzó la AUH, incrementando los importes en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre.

En junio, la administración libertaria dispuso un aumento del 9,37% en la AUH. Esto significa que una familia con un hijo/a percibirá $48.125 por mes, con dos hijos/as $75.468, y con tres hijos/as o más $99.531. Este incremento es parte de un esfuerzo por mejorar la seguridad alimentaria y combatir la indigencia, en el contexto de la Emergencia Alimentaria Nacional prorrogada hasta diciembre de 2025.

El informe también resalta una mejora general en la tasa de mortalidad infantil entre 2005 y 2022, aunque persisten disparidades significativas entre provincias. “En general, al considerar los datos por provincias, se observa que los altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria”, señala el escrito.

Además, el ODSA destaca preocupantes datos sobre educación y empleo. El 23% de los niños de 3 a 5 años no asiste a establecimientos educativos formales. Entre los niños de 6 a 12 años, el 0,4% no va a la escuela primaria, el 9,1% asiste con sobreedad a la escuela primaria y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no terminó la secundaria. 

“Estos indicadores expresan valores adversos a pesar de que el sistema general de gestión pública (80,7% de los alumnos de menos de 18 años) se ve fortalecido por la acción de la gestión privada (12,6% en establecimientos privados laicos y 6,8% en establecimientos religiosos)”, subraya.

Acerca del escenario laboral dice que “las desigualdades de la estructura productiva y la escasa generación de empleo y de empleo de calidad, el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable”.

Otra preocupación importante es el aumento del tráfico y la venta de drogas en las capas más vulnerables de la población. Según la UCA, este fenómeno “se ha vuelto un flagelo que se incrementa con el paso del tiempo”. El porcentaje de hogares que informaron sobre la venta de drogas en su vecindario aumentó del 22,8% en 2021, al 26,5% en 2022 y al 31,3% en 2023.

En 2023, sólo el 29,2% de los hogares en áreas urbanas reportaron venta de drogas cerca de sus viviendas, mientras que el 62% de los residentes en asentamientos de emergencia y el 70,5% de los residentes en complejos de viviendas sociales monobloques observaron este problema.