La institución sostiene que la medida vulnera su autonomía y acusa al Ejecutivo de querer controlar sus facultades.

El enfrentamiento entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Gobierno Nacional escaló esta semana cuando la institución educativa anunció que recurrirá a la Justicia para frenar las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Según el rectorado de la UBA, esta medida constituye una “intervención ilegal” sobre la autonomía universitaria, protegida por la Constitución Nacional.

La respuesta de la institución universitaria generó fuertes reacciones desde el Gobierno, incluyendo al presidente Javier Milei, quien acusó a las autoridades de la universidad de intentar “ocultar información” sobre el uso de fondos públicos.

El conflicto se desató luego de que la SIGEN, organismo de control dependiente del Poder Ejecutivo, informara su intención de iniciar auditorías en distintas facultades de la UBA a partir del próximo lunes 28 de octubre.

Ante esto, el rector Ricardo Gelpi firmó un documento en el cual se cuestiona la legitimidad de esta intervención, recordando que el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional garantiza tanto la autonomía como la autarquía de las universidades nacionales. Según este argumento, las universidades están exentas de ser auditadas por el Poder Ejecutivo y únicamente sujetas a la regulación del Congreso de la Nación.

En un comunicado titulado “SÍ a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas”, la UBA defendió su transparencia, destacando que actualmente es auditada tanto interna como externamente por la Auditoría General de la Nación (AGN), sin intervención de la SIGEN.

La institución también enfatizó que posee mecanismos de control acordes a la normativa vigente y acusó al Gobierno de buscar, bajo el argumento de falta de transparencia, una manera de “controlar la libertad académica” y coartar su independencia.

La UBA explicó, además, que la SIGEN no posee jurisdicción para auditar a las universidades nacionales, basándose en el artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, que limita las competencias del organismo a entidades que dependen directamente del Poder Ejecutivo. “La SIGEN no tiene facultades para auditar universidades nacionales; estas son entidades autónomas que no dependen del Ejecutivo”, destacaron desde el rectorado.

La decisión de acudir a la Justicia, según el comunicado de la UBA, responde a la necesidad de defender la autonomía de la institución y de abrir un debate sobre cuál es el órgano competente para realizar auditorías en las universidades públicas. “Esta controversia debe ser resuelta por el Poder Judicial, único organismo habilitado constitucionalmente para dictaminar en este tipo de conflictos”, subrayaron desde la universidad.

La reacción del Gobierno y el cruce con Milei

La postura de la UBA no tardó en ser cuestionada por representantes del Gobierno. El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó su rechazo a la decisión de la universidad en un mensaje publicado en la red social X (anteriormente conocida como Twitter): “La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos; algunos parecen no entenderlo”. Adorni indicó que la postura de la UBA pone en duda el compromiso de la institución con la transparencia.

El propio presidente Javier Milei se sumó a las críticas. En un mensaje de respuesta, apuntó: “La UBA se niega a ser auditada. Esto no sólo revela que las autoridades están sucias, sino que además las cosas son peores de lo que imaginamos. Ocultar información sólo tiene sentido si lo que existe es peor de lo que imaginamos”.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, también expresó su postura a través de redes sociales, afirmando que el presidente Milei “tenía razón” en sus cuestionamientos hacia la UBA. “Después de un año en el que los voceros de la @UBAonline afirmaban con seguridad que no tenían problemas en ser auditados, ahora van a la Justicia para evitarlo. ¿Qué están tratando de ocultar?”, escribió Álvarez, cuestionando la transparencia de los manejos financieros de la institución.