Esta semana, el Presidente llamaría a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de enero. En el Gobierno buscan sumar respaldos a la iniciativa.

El Frente de Todos evalúa las opciones para el tratamiento del pedido del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en la Cámara de Diputados, incluyendo la citación de los magistrados para dar explicaciones. Esta semana el presidenteAlberto Fernández llamaría a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de enero y se barajan distintas alternativas para sumar nuevos respaldos.

Con el acompañamiento de 11 gobernadores, Alberto Fernández entregó el pedido a Carolina Gaillard, titular de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, y al presidente del bloque oficialista, Germán Martínez. Pero, sabiendo que no cuentan con los votos para que la iniciativa avance en el recinto, las negociaciones se intensificaron, al igual que el análisis sobre cómo manejar la situación en el Congreso.

El Presidente incluirá en el llamado a las sesiones extraordinarias otros proyectos que envió el ministro de Economía, Sergio Massa, para su tratamiento y el contexto en el que se debatirían amenaza con trabar nuevamente esas iniciativas. En un guiño a los gobernadores, el titular del Palacio de Hacienda pidió este domingo que se debata “una nueva ley de coparticipación federal”.

Opciones bajo análisis e intensas negociaciones

La idea de Alberto Fernández no es apurar los tiempos ni darle un tratamiento exprés. El kirchnerismo busca exponer a los miembros de la Corte ante la opinión pública y que la investigación avance con los supuestos vínculos entre el presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, y el Gobierno porteño.

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Por eso, la orden es que en la Comisión los oficialistas manejen dos opciones: llevar al recinto el pedido de juicio para los cuatro integrantes o, a partir de la investigación que se desarrolle en el marco de la apertura de los sumarios, solo avance el de Rosatti. Algunos especulan con la posibilidad de sumar así a alguno de los ocho gobernadores díscolos que no acompañaron la iniciativa, pero que sí cuestionan el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el objetivo es que la Comisión cite a los cuatro jueces supremos a dar explicaciones ante los diputados que la integran. Con 16 propios, el oficialismo confía en dejarlos expuestos ante la opinión pública e incomodar a los legisladores que, aun bajo amenaza de recortes de coparticipación en sus provincias, no acompañan el juicio.

Atrás de la incansable búsqueda de adhesiones

Los gobernadores peronistas y aliados que más dependen de los fondos coparticipables son los que sostienen e impulsan el juicio político a la Corte: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

A Mariano Arcioni (Chubut) se lo incluyó en el pedido que envío el Presidente a la Cámara baja y, aunque desde la provincia no negaron que adhiera, dejaron trascender que aún evalúa su definición. Por eso, suman 11 los mandatarios provinciales que acompañaron la iniciativa.

Con Gustavo Bordet (Entre Ríos) pasó algo similar, pero desde el entorno del gobernador negaron rotundamente su adhesión y aseguraron que, por el momento, se mantiene firme en su decisión de no acompañar.

Junto con Bordet, Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Omar Perotti (Santa Fe), son cuatro mandatarios provinciales peronistas que se mantienen al margen de la iniciativa de avanzar con el juicio. Entre los aliados al Gobierno, Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro) y Gustavo Sáenz (Salta) adoptaron la misma postura, pero crearon una especie de pequeña liga de gobernadores paralela: actúan en tándem y emiten comunicados conjuntos sentando una posición común.

Los ocho acompañaron en 2020 el recorte de fondos a la CABA, pero no están de acuerdo con el juicio político. A alguno de ellos quieren convencer de cambiar de posición, con alguna de las opciones que barajan, especialmente si se reduce la iniciativa solo a Rosatti.

Mientras tanto, el Presidente ya consiguió las adhesiones de vicegobernadores e intendentes peronistas; jefes comunales k de la provincia de Buenos Aires; senadores y diputados del Frente de Todos nacionales y bonaerenses y algunas firmas más que intentará seguir sumando en los próximos días.