Los profesionales de Cancillería anticiparon acciones judiciales contra el Gobierno debido a que parte de su salario se ve afectado por la nueva reglamentación impositiva.

Los recientes cambios en el Impuesto a las Ganancias han desencadenado una crisis sin precedentes entre los profesionales de la Cancillería y el Gobierno nacional. La nueva reglamentación publicada el lunes afecta a parte de los sueldos de los diplomáticos de carrera en el exterior, algo que no ocurría anteriormente.

Estas modificaciones han generado una gran furia en el Palacio San Martín, hasta el punto de que se presentarán acciones judiciales, según anunció la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN), que representa a más del 80% de los diplomáticos. 

Además, se ha sabido que algunos funcionarios en el exterior están considerando solicitar su regreso a Argentina e incluso han propuesto un cese de actividades, una medida sin precedentes en el ministerio.

“Hay casos de diplomáticos con familia que viven en ciudades donde el costo de vida es muy alto y, con esta modificación, se les reducirá tanto el sueldo que posiblemente pidan el regreso al país”, explicaron funcionarios del Servicio Exterior de la Nación para ilustrar la difícil situación de los diplomáticos en el exterior.

El sueldo de los diplomáticos en el exterior incluye el “sueldo país” (equivalente en dólares al salario en pesos que recibirían en Argentina según su escalafón) y un coeficiente de costo de vida estipulado por las Naciones Unidas, que proporciona un monto adicional en dólares dependiendo del destino.

Actualmente, los miembros del servicio exterior ya pagan el Impuesto a las Ganancias en Argentina sobre el “sueldo país”. Con los nuevos cambios, también se les aplicará el impuesto al tramo adicional correspondiente a su representación en el exterior. Esta normativa entrará en vigor a partir de los sueldos de julio.

Con la nueva reglamentación, este adicional en dólares se convertirá a pesos al tipo de cambio oficial, y se aplicará la alícuota correspondiente, que en casi todos los casos será del máximo del 35%. 

El principal descontento radica en que, además de los costos de vivienda, servicios, salud y escolaridad de sus hijos, que deben cubrir los diplomáticos, en muchos países estos gastos no corren por cuenta del diplomático.

Se argumenta que esta modificación afectará principalmente a los funcionarios de menor rango, como secretarios y consejeros, lo que podría desincentivar su permanencia en el exterior y provocar un aumento en los pedidos de regreso a Argentina. Cada traslado de diplomático debe ser aprobado por el canciller mediante una resolución.

Según trascendió, el descontento no solo se concentra en la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, sino que también afecta a la canciller Diana Mondino, quien muchos consideran que debería defender los intereses del cuerpo que representa.

A pesar de las negociaciones recientes con el ministro Luis Caputo y su equipo, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha logrado revertir esta medida. La única vía restante es la judicial o, alternativamente, una reforma mediante un decreto.