Los empleados del Senado estarán obligados a marcar la huella dactilar para registrar la asistencia

Será para la planta permanente y para un sector de los trabajadores temporarios. Cuándo se estima que estará vigente

Cambio de época en el Senado: entre finales de julio e inicios de agosto próximos, la planta permanente y un sector de lo trabajadores temporarios estarán obligados a marcar su asistencia, según una resolución emitida hoy por la secretaria administrativa de la Cámara alta, María Laura Izzo, mano derecha de la vicepresidenta de la Nación y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel.

En realidad, el sistema fue un intento frustrado de la gestión macrista de Gabriela Michetti, luego frenado por el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández. En el documento que firmó hoy Izzo se detalla que “con motivo de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19), mediante una profusa normativa dictada por la Secretaría Administrativa” del cristinismo, que comandó la camporista María Luz Alonso -actual diputada provincial en La Pampa-, “se modificaron transitoriamente las pautas de habilitación y control de ingreso a las instalaciones del Organismo, lo cual implicó en los hecho la tácita suspensión del Sistema de Presentismo por Datos Biométricos”.

Según la resolución en cuestión, “habiendo cesado las razones sanitarias que motivaron la modificación transitoria de las pautas de habilitación y control de ingreso a las instalaciones del organismo, también fueron normalizadas progresivamente las actividades presenciales”. Por ende, “procede aprobar el cronograma de citación del personal” comprendido en la ley de empleados legislativos -24.600-, con “excepción de los agentes temporarios afectados al despacho de los senadores”, y “disponer las medidas conducentes para actualizar el correspondiente registro de huellas dactilares”.

En el documento se establece también que “resulta propicio aprobar un formulario de declaración jurada y requerir a los agentes que lo completen y suscriban consignando los datos pertinentes para actualizar sus respectivos legajos laborales en ocasión del registro de huellas dactilares, por razones de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites administrativos”.

La secretaria administrativa de la Cámara alta, María Laura Izzo (Prensa Senado)

Para concretar el objetivo, el cronograma de registro comenzará el lunes próximo y finalizará el viernes 16 de julio. En total, 26 días para realizar el escaneo de empleados permanentes y los temporarios involucrados en la resolución.

Otras medidas

Desde el 10 de diciembre pasado, Infobae publicó varias decisiones adoptadas por Villarruel e Izzo. Por caso, se desalojaron 12 oficinas de legisladores con mandato cumplido; se rechazaron compensaciones a agentes que pedían extras por estudios realizados -incluso, uno no contaba con el secundario finalizado-; y se echaron a varios empleados por ausentarse sin justificación.

En otra resolución de Villarruel se detalla el sendero de un trabajador que revistaba la planta permanente de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y que pidió licencia allí, durante el gobierno de Alberto Fernández, para tener un cargo como personal político -transitorio- de Cristina Kirchner en el Senado. La ex secretaria administrativa Alonso permitió que el trabajador se convirtiera en planta permanente de la Cámara alta. La Vicepresidenta vigente lo desactivó.

Otra resolución de Izzo, la 112/24, se refiere a los agentes transitorios que se van del Senado cuando finaliza el mandato del correspondiente legislador. Sin embargo, una persona que trabajó con el hasta el 10 de diciembre legislador y otrora gobernador de Misiones, Maurice Closs, obtuvo la planta permanente el 25 de octubre pasado, a tres días de las elecciones generales. Por no cumplir con la ley 24.600 -personal legislativo-, quedó afuera de la “casa”.

En marzo pasado, Infobae contó que un empleado que no iba a trabajar fue desvinculado el 1 de febrero pasado y, tras semanas de investigación, corroboró que el ahora ex trabajador aceptó en Río Negro la culpabilidad por daños y amenazas en un juicio abreviado, en agosto de 2021, y usó durante meses una tobillera electrónica que no le impidió continuar con su relación con la Cámara alta.