Nota extraída de TN `por Mariana Prado

Alberto Fernández busca sumar apoyos, pero los mandatarios provinciales mantienen su negativa. El Ejecutivo nacional amenaza con recortar obra pública si tiene que cumplir el fallo

Los ocho gobernadores que suelen ser aliados del Gobierno, pero que no adhirieron al pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que presentó este miércoles el presidente Alberto Fernández al Congreso, resisten a las presiones. En las últimas horas, se intensificaron los contactos, pero los mandatarios provinciales mantienen su negativa.

La principal advertencia que llegaría desde el Gobierno es que deberá echar mano a las obras públicas provinciales si tiene que cumplir el fallo de la Corte, que le ordenó devolver a la Ciudad de Buenos Aires parte de los recursos coparticipables recortados en 2020. Suele ser uno de los argumentos más utilizados por el Ejecutivo de cualquier color político cuando necesita sumar voluntades.

Aunque en su mayoría, ese grupo de gobernadores está de acuerdo con el reclamo de fondo, no comparte las formas, por lo que el Presidente no logró hasta el momento torcer su decisión. Sin embargo, fue sumando adhesiones de otros funcionarios y dirigentes del ala dura kirchnerista que, si bien no representan la misma contundencia que los mandatarios provinciales, le suman volumen político a la iniciativa.

El pedido de juicio político a la Corte ya está en Diputados

Este miércoles, Alberto Fernández citó a la Casa Rosada al titular del bloque del Frente de Todos (FdT) de la Cámara baja, Germán Martínez, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la diputada Carolina Gaillard, para entregarles el pedido formal de inicio del proceso institucional de juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En el encuentro les pidió celeridad en el tratamiento en Diputados, pero en el Gobierno reconocen que el proceso podría ser largo. Para avanzar, el primer paso es el llamado a sesiones extraordinarias por parte del Presidente, que se concretaría en las próximas horas, para su inicio a mediados de enero. La idea del Frente de Todos es tratar también otros proyectos económicos que necesita el ministro de Economía, Sergio Massa.

La iniciativa de juicio político lleva la firma de Alberto Fernández y de 11 mandatarios provinciales: Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Osvaldo Jaldo (vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo de Tucumán) y Mariano Arcioni (Chubut).

Si bien en el documento original se había incluido también a Gustavo Bordet (Entre Ríos), desde el entorno del mandatario provincial aseguran que no se sumó al pedido y que, por el momento, no tiene previsto cambiar su postura.

La decisión del Presidente de recortar los fonos coparticipables que se transfieren a la CABA contó con el aval de 19 de los 23 gobernadores restantes. Pero corría 2020, con un escenario político totalmente diferente, con un Alberto Fernández con mayor caudal de poder y sin elecciones provinciales en el corto plazo. Hoy, la situación es totalmente distinta y, más allá de las filiaciones personales o políticas, todos miran a 2023. También en Casa Rosada.

Ocho gobernadores resisten las presiones

Además de los peronistas Gustavo Bordet y Sergio Uñac (San Juan), los cuatro gobernadores pertenecientes a partidos políticos provinciales (Gustavo Sáenz, de Salta; Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Gutiérrez, de Neuquén, y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones) rechazaron el fallo de la Corte, pero no se alinearon con el Gobierno, y tampoco sumaron su firma al pedido de juicio político.

En cambio, Omar Perotti (Santa Fe) intenta mantener una postura moderada. Ganó un juicio contra el Estado nacional por los fondos coparticipables y parte de los argumentos de ese fallo fueron tomados por la Corte en la sentencia que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires, por eso se resiste a entrar en contracciones. Algo similar sucede con Alberto Rodríguez Saá (San Luis), que tiene un reclamo ante el Máximo Tribunal. Ambos eligieron el silencio.

Mientras no logra revertir las decisiones de los gobernadores, el Presidente sumó el apoyo en las últimas horas de seis vicegobernadores de las provincias que más apuntalan el pedido de juicio político y el reclamo por los fondos coparticipables: Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco) y Eber Solís (Formosa).

En la Comisión de Juicio Político el oficialismo no tendría mayores dificultades en obtener dictamen, pero el problema se presentará cuando la iniciativa llegue al recinto, dado que necesitan dos tercios de los presentes para aprobarse.

En caso de estar presentes todos los diputados, el Gobierno requeriría 172 votos a favor para alcanzar los dos tercios, pero el oficialismo cuenta apenas con 118, suponiendo que ningún legislador provincial atienda a los mandatos de los gobernadores que no acompañan. Y como la bancada de Juntos por el Cambio tiene 116 diputados, al oficialismo no le alcanzaría tampoco sumando los votos de todo el resto de los espacios políticos.