Nota extraída de El Cronista por Daniel Artana

La situación económica al momento del recambio ministerial era muy frágil. El déficit fiscal superaba la meta original pactada con el FMI. La contabilidad creativa salvó las formalidades en el primer trimestre, pero la fuerte expansión del gasto medido en términos reales requirió de un cambio en las metas del segundo y tercer trimestre del año.

También se decidió aumentar las restricciones a las importaciones generando una parálisis de operaciones durante un par de días para modificar los sistemas lo que permitió acumular algo de reservas. Sin embargo, esa parálisis transitoria no fue suficiente para cumplir la meta a junio que también debió modificarse. La meta de emisión monetaria para financiar el déficit se cumplió en el primer semestre, pero la corrida en el mercado de bonos en pesos llevó al BCRA a comprar bonos con emisión.

Parte de esa emisión se esterilizó aumentando los montos de Leliqs en lugar de reducirlas como estaba previsto.

Además, contrario a lo acordado con el FMI el tipo de cambio real multilateral se apreció durante el primer semestre del año alrededor del 8% cuando se suponía que habría mantenerlo constante.

En definitiva, el equipo económico saliente mostraba dificultades serias para controlar el gasto, acumular reservas a pesar de los precios de exportación excepcionales y dar señales claras de contención de la emisión. Y además atrasó el tipo de cambio real oficial.

A pesar de esos excesos parecería que el ministro fue removido por ser demasiado «ortodoxo». Esto queda en evidencia si se repara en que una parte de la coalición de gobierno pone trabas a los modestos aumentos tarifarios en electricidad y gas natural, propone una nueva moratoria previsional para quebrar un poco más al sistema de reparto y ahora pretende que se legisle un ingreso universal para varios millones de personas que según sus estimaciones tendría un costo fiscal del orden de 2% del PIB.

El divorcio con la realidad es llamativo. Las comparaciones con las políticas de los países desarrollados en general son parciales y erróneas, pero sobre todo omiten que los instrumentos que tiene a su disposición un estado solvente, con acceso normal al crédito, son diametralmente opuestos a los que puede utilizar el estado argentino, incluyendo a su banco central. ¿En cuántos países desarrollados el sistema financiero tiene dos tercios de sus depósitos «prestados» al gobierno y al banco central o el equivalente a 50% de sus activos en esos créditos?

En definitiva, el último bastión para financiar el déficit sin recurrir a una emisión descontrolada, son los depositantes. El control de cambios genera un gran corralón para que los pesos no puedan irse del sistema si el BCRA no los rescata. Pero la «velocidad de circulación» de los depósitos puede aumentar presionando a los tipos de cambio alternativos y al precio de los bienes cuya oferta no puede aumentarse de inmediato, mucho menos si se limitan las importaciones. En otras palabras, el dinero nominal está atrapado dentro del corralón, pero puede «reducirse» en término reales.

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Horacio Riggi

Además, las condiciones externas se han deteriorado. Los precios de las commodities han sufrido caídas importantes. Con la excepción del maíz, el precio del trigo, la soja y el aceite y harina de soja están casi 10% abajo del día anterior a la invasión de Ucrania, aunque todavía están alrededor de 15% por encima del promedio del año pasado.

El Gobierno debería atender con urgencia la problemática fiscal para reducir la presión sobre el mercado de pesos y resignarse a que la actividad se resienta lo que debería reducir las importaciones. Si en cambio, si decide continuar (o peor aún) potenciar las políticas expansivas la presión inflacionaria se agravará. El Gobierno deberá optar entre un ajuste ordenado o uno desordenado producido por una inflación todavía más alta que la actual.

En otras palabras, habrá que pasar de la «sarasa» a «militar el ajuste» reconociendo de una vez por todas que intentar hacer populismo sin plata lleva inexorablemente a la disolución del poder político del gobierno de turno.