El Gobierno oficializó una batería de decretos que se anticipan al reinicio de las discusiones parlamentarias. Entre las modificaciones, también añade la creación del Consejo de Mayo.

Con el regreso del presidente Javier Milei a la Argentina, el Gobierno tiene preparados varios decretos que se firmarán y publicarán en los próximos días. Algunos formalizarán cuestiones previamente acordadas, mientras que otros introducirán reformas inesperadas.

Uno de los primeros decretos, que se publicará este martes en el Boletín Oficial, convocará a la creación del Consejo de Mayo. Este consejo será responsable de transformar en proyectos de ley los puntos acordados con la oposición en el Pacto de Mayo.

Fuentes cercanas al presidente informaron a Infobae que las provincias, el Congreso, los empresarios y el sector sindical tendrán 30 días para elegir a sus representantes ante este consejo, según el método que consideren más adecuado.

Cada sector decidirá quién será su representante. Sin embargo, solo podrán participar los gobernadores que firmaron el Pacto en Tucumán el 9 de julio pasado. Esto excluirá de la mesa de discusión a los mandatarios de Buenos Aires, Axel Kicillof; La Rioja, Ricardo Quintela; Formosa, Gildo Insfran; La Pampa, Sergio Ziliotto; y Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Aunque estuvo ausente en el acto encabezado por Milei en la Casa Histórica tucumana, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmará próximamente el acuerdo y podrá formar parte del Consejo.

Una vez formado el Consejo de Mayo, este grupo trabajará en los 10 puntos acordados en el Pacto de Mayo. Estos puntos incluyen: la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno; una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, y una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio.

También la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias; el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron, y la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

Según fuentes de la Casa Rosada, los primeros temas a debatir en las reuniones periódicas del Consejo serán las reformas laboral y previsional, las cuales fueron excluidas de la Ley Bases por falta de consenso.

Si bien todavía falta la oficialización, el Poder Ejecutivo enviaría al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como su representante en el Consejo, quien además presidirá el organismo.

Por otro lado, en los próximos días, también se publicará un Decreto para modificar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que volverá a llamarse Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y seguirá dependiendo directamente del Presidente. La SIDE tendrá tres agencias a su cargo: una encargada de la ciberseguridad, otra destinada a prevenir las amenazas de agentes externos que puedan estar dentro del país y una última, que haga lo mismo, pero investigando fuera del territorio nacional.

El cambio de nombre y estructura responde a la intención de darle a la SIDE un enfoque más alineado con una entidad bajo el mando de una figura política que responda directamente al Presidente, con rango de Secretario de Estado.

Además, se comunicará en el Boletín Oficial la reestructuración de las diferentes áreas del Gobierno, detallando los organismos y secretarías que quedarán bajo cada Ministerio tras los cambios por la salida de Nicolás Posse y la llegada de Federico Sturzenegger, mediante el denominado Decreto 50.

Por último, el Gobierno prepara una normativa para regular la propina en los locales gastronómicos y otros servicios, permitiendo que esta se pueda abonar con tarjeta o con otros medios de pago electrónicos.