Nota extraída de La Nación por Diego Cabot

Los contratos millonarios con el Estado que quedaron bajo la lupa

Se trata de una monumental “caja de Pandora”. O tal vez sea más conveniente quitar el Pandora a la caja que el Gobierno puso bajo la lupa en su disputa con las universidades. Incluye, al menos, 2566 convenios firmados por alguna agencia, dependencia o empresa pública con una o varias casas de estudios. Auditorías, servicios de call center, investigación de mercado, controles de precios, pasantías, publicación de libros y, por supuesto, muchos que tienen que ver con apoyos técnicos.

Este enorme sistema de contratación nació, y en gran parte funciona, como un aporte genuino de las universidades con el Estado. Pero, con el tiempo, la facilidad de procesos y la imposibilidad de controlar a las casas de estudios por la autonomía que esgrimen terminó por generar una fiesta de servicios que se canalizan por esa autovía de convenios. Como sucedió con otras banderas, sobre todo los cuatro gobiernos kirchneristas, prostituyeron un sistema de contratación que no se audita y del que apenas se ve una parte

LA NACION listó 2500 convenios que, al menos, estuvieron vigentes en los últimos dos años y que eran parte del gasto público cuando se hizo cargo Javier Milei de la administración. De hecho, por estos días, un detalle de esos acuerdos ya está en manos de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

El asunto ha pegado fuerte en el seno de las universidades. Sucede que estos miles de millones de pesos, y de dólares, porque hay varios firmados en moneda extranjera, no forman parte del financiamiento a las universidades que están en discusión. De hecho, no se computan en esas partidas que viajan desde el Ministerio de Capital Humano a las cuentas bancarias de las entidades. Se trata de negociaciones de las universidades con diversas entidades o empresas del Estado, que no pasan por la Secretaría de Educación, más que para un visto legal, y que nadie audita.

Vale un ejemplo antes de seguir. Las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic -que se levantan en la cuenca del río Santa Cruz, construidas por la firma china Gezhouba Group Company Limited, y las argentinas Hidrocuyo y Electroingeniería-, representan el proyecto de obra pública más importante que tiene la Argentina. Miles de millones de dólares financian el plan, que depende de Enarsa. Justamente esta empresa pública tiene decenas de contratos con universidades y es la titular del que tiene el monto más alto.

Durante la investigación de LA NACION, se relevaron los años 2022 y 2023. En el primero, Enarsa firmó una prórroga del “Convenio para la inspección de los aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic”, que le había entregado por contratación directa a la Universidad de la La Plata, puntualmente a la Fundación de la Facultad de Ingeniería, en 2015. El monto fue de US$2.383.498 por seis meses, a razón de US$397.249 mensuales, según el tipo de cambio de aquel momento, método que se utilizó para hacer comparables las cifras después de más de dos años, con la inflación correspondiente.

Cuando venció la prórroga, se firmó otro convenio para ligar a las dos partes, Enarsa y la fundación, hasta 2028. El monto fue de $7557 millones que, siempre de acuerdo a la cotización del Banco Central de ese momento, significaba una suma de US$58,13 millones por año. Milei asumió con el contrato en vigencia y cada año le tiene que pagar a esta institución alrededor de US$10 millones, al menos si las cláusulas gatillo de ajuste (operaban al 5%) mantuvieron su valor de compra.

En las centrales del sur también tuvo lo suyo la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2018, la institución asesora para la “validación de ingresos y egresos operativos y costos de financiamiento relacionados con cada período mensual”. El último contrato se firmó el 21 de julio de 2023, por dos meses, y tuvo un costo de US$925.000 dólares.

Este cronista llamó a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de La Plata y envió un correo electrónico para conocer detalles del servicio. “La UNLP ha apoyado técnicamente al Comitente desde 2014 y desarrolla las tareas de inspección del Contrato desde el Acta de Inicio de Obra en febrero de 2015. La inspección integral de una obra de estas características requiere de un grupo de personas con especializaciones técnicas en disciplinas variadas y con una presencia permanente en el seguimiento de la obra que se ejecuta, tanto en los emplazamientos como en el seguimiento constructivo de los suministros hidroelectromecánicos de origen chino”, consignó Marcos Actis, presidente de la fundación y decano de la Facultad de Ingeniería.

“La Inspección de Obra a cargo de la UNLP es realizada por un equipo de 100 personas, compuesto por ingenieros/as, técnicos/as y administrativos/as, 60 de las cuales están destacadas en las obras dando seguimiento técnico a la construcción, calidad, higiene y seguridad laboral y ambiente, y unas 40 personas que se ocupan de la administración contractual, la calificación de ingeniería, certificación de obra, etcétera. Además, hay ingenieros que realizan las inspecciones de la construcción de las turbinas y componentes mecánicos y eléctricos en las fábricas chinas”, detalló en su respuesta.

En Enarsa indicaron a LA NACION que se han puesto todos los contratos sobre la mesa y que varios directores han pedido acceso a los “entregables”, algo así como la contraprestación. De acuerdo a los datos que se compilaron, la empresa pública tiene 22 convenios con universidades. “Hay más -confirmaron en la compañía -. Todos menos uno, que fue por compulsa de precios, fueron contrataciones directas”.

En la empresa también constan varios contratos para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Por caso, Económicas de la UBA fue elegida para la “elaboración de los estudios ambientales” del proyecto. Se firmó el 4 de marzo de 2022, por dos meses, y el monto del convenio fue de US$1,6 millones, siempre a valor del dólar oficial.

El sistema se ha consolidado como uno de los principales modos de financiar a las jerarquías de las universidades. El motivo es simple: una vez que se firma un contrato, son las autoridades de las casas de estudios las que deciden quiénes van a trabajar en el proyecto. Esta discrecionalidad y la contratación directa, además de la dificultad para auditar, han terminado por generar un régimen en el que se juegan millones de fondos públicos.

A modo de resumen, el ranking de las universidades más contratadas lo encabeza la Universidad de Buenos Aires, que en la suma de todas sus facultades es la que tiene más lazos con el Estado, con 344 convenios. Si se mira dentro de estos contratos, aparece la Facultad de Ciencias Económicas como la líder, con 131. Le sigue la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que nuclea a todas las regionales y firman cada una por su cuenta, con 198 acuerdos.

De un call center a cursos para personas mayores Los objetos de los acuerdos son variados, desde académicos o científicos a comerciales. El segundo contrato más alto es un acuerdo de los que hizo el Ministerio de Educación (ahora Secretaría) con la Universidad de José C. Paz. Se trata de un aporte para la puesta en marcha de la carrera de medicina por US$9,5 millones. Le sigue otro millonario: Nación Servicios contrató a la Universidad de La Matanza por US$5,93 millones para atender el call center de la entidad. Es decir, paga un millón de dólares cada 30 días.

Explorar la base de datos es encontrarse con decenas de sorpresas. BICE Fideicomisos, una firma pública que estuvo manejada por La Cámpora durante la anterior gestión, es una verdadera máquina de contratar: alrededor de 66 acuerdos por el concepto “auditoría de obra” fueron suscriptos por la entidad con distintas universidades. También es posible identificar, por ejemplo, 10 cursos de “cuidadores o cuidadoras de adultos mayores” por 11 millones de pesos, en 2023, firmados entre el PAMI y la Universidad de José C. Paz.

PAMI también efectuó el 4 de julio del año pasado un contrato con la UBA por dos años, a cambio de $8.000.000 mensuales, “por la confección de la totalidad de los perfiles de los postulantes a prestar servicio”, con el agregado de $15.000 por aspirante preseleccionado, se calculan 400 interesados por mes, y la suma de otros $15.000 por aspirante entrevistado y evaluado, que pueden haber hasta 400. También se consignó un adicional de $190 por horas de curso, teniendo en cuenta los aspirantes que lo inicien.

Uno más del PAMI y la Universidad de San Martín. En abril de 2022, se firmó un convenio por cinco meses y prorrogable para la ”promoción del desarrollo de actividades conjuntas y coordinadas en el marco de sus respectivas competencias para el fortalecimiento de sus relaciones con respecto a la colaboración académica, científica, cultural y de asistencia en sus respectivos campos y áreas de interés mutuo, en especial, aquellas que se relacionen directamente con mejorar los servicios a las afiliadas y los afiliados del instituto”. Para semejante propósito se pagaron US$1.228.814.

La Biblioteca Nacional no parece dispuesta a realizar la digitalización de libros. Para eso contrató a la Universidad de La Matanza en abril pasado a cambio de US$1,66 millones. El Enacom hizo lo propio con la UTN, por alrededor de US$1,7 millones. “Instrumentar mecanismos de colaboración para la elaboración e implementación por parte de la Universidad de un Programa de Seguimiento y Control de Avance del Programa para el desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a barrios populares y asentamientos”, se lee.

El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) delegó en la UTN la evaluación y el diseño de proyectos de preinversión a cambio de US$900.000 aproximadamente. El Ministerio del Interior, también con la UTN, entregó un contrato el 29 de junio de 2023 por un servicio de consultoría referido a “un plan integral de seguridad de la información” y la implementación “de un plan de sistema de control de accesos”, por US$901.234.

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) también confió en la UTN y la contrató el 10 de mayo de 2023. “Diseño y desarrollo de plataforma educativa; la grabación, producción y edición de videos; la confección de un plan de capacitación integral y la efectiva capacitación por parte de la UTN, para la formación y profesionalización de los agentes del Orsna”, figura en la descripción de los servicios. El costo fue de US$772.719.

LA NACION se comunicó con cuatro delegaciones de la UTN, pero ninguna detalló los alcances de los servicios.

Una de las universidades que más llama la atención por la cantidad de convenios es la Arturo Jauretche, una casa de estudios ubicada en Florencio Varela. La entidad, que se creó en 2010, tuvo entre sus principales impulsores a Carlos Kunkel, un dirigente peronista con fuerte ligazón al kirchnerismo. Por caso, el PAMI la contrató el 17 de julio del año pasado por dos años con renovación automática. ¿El fin? “Constituir un observatorio que tendrá como objetivos fundamentales evaluar el impacto de las políticas de salud implementadas por el instituto y hacer un estado de situación de los derechos humanos de los adultos mayores”. Más allá de que con mirar las noticias es posible entender la situación de los jubilados, el PAMI prefirió pagar US$711.122 para enterarse de unas de las problemáticas más claras de la Argentina.

Entre las contrataciones, se destaca también una de julio de 2022, por US$676.296, realizada por la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda para “relevar la evolución de la ejecución del Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares” e informar “las necesidades de unidades gubernamentales en términos de capacidades técnicas, administrativas y sociales para la conformación, progreso y ejecución de sus proyectos”, entre otros ítems.

Prestaciones claras y otras difíciles de explicar

Se podrían listar miles de casos, muchos de ellos con prestaciones claras; otras, difíciles de explicar. Pero más allá de los justos y los pecadores en esta modalidad, lo que queda en evidencia es la falta de recursos en empresas, organismos o el propio Estado al punto de que es necesario contratar y contratar. O quizá, en esa firma se esconda algún negocio maravilloso para unos y para otros. Todo se contrata.

Un par de ejemplos para terminar. Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) contrató en junio de 2023, en plena gestión de Malena Galmarini, por US$424.525, a la Universidad de San Martín para relevar el “cumplimiento de obligaciones laborales” y llevar adelante el “control de redeterminaciones definitivas de precios”. La Casa de Moneda también aparece en los listados. Para su proyecto llamado “Fortalecimiento Institucional Imprenta” le pagó US$610.810,81 a la UTN.

Pero, tal vez, todo queda pequeño frente a la contratación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA por parte de la Administración General de Puertos. “Confección de un informe integral de cierre para exponer el estado de situación, desempeño y resultados alcanzados”, figura en el convenio al que accedió LA NACION. Es decir, contrató a una universidad para que le indique cómo había sido su propia gestión. Faltaban 19 días para el cambio de administración. Y, entonces, la AGP hizo una contratación directa por US$360.589, o lo que era lo mismo en ese momento, $134.500.000. Luego, asumió Milei.