El gobernador de Jujuy apuntó contra el Presidente por impulsar las protestas en su provincia e incentivar la violencia, cuando cientos de manifestantes intentaron prender fuego la Legislatura mientras se debatía la nueva Constitución.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, salió a responsabilizar al presidente, Alberto Fernández, por los graves incidentes que se dieron esta mañana en la legislatura provincial en rechazo a la reforma de la Carta Magna provincial que fue aprobada y jurada por una Asamblea Constituyente esta mañana.

“Hago responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy”, escribió el gobernador.

Morales aseguró que “los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy”.

Cerca de las 11.30 , manifestantes rompieron vidrios y prendieron fuego la Legislatura provincial, tras tirar abajo las vallas y lanzar piedras contra los uniformados que custodiaban el lugar.

Una hora después, Oficiales del Cuerpo de Infantería y la Policía montada de Jujuy intentaban todavía dispersar a los manifestantes apostados sobre la calle Hipólito Yrigoyen con balas de goma y gases lacrimógenos.

Para cerca de las 13, se habían reportado destrozos en 18 locales comerciales y los policías heridos desde el inicio de las protestas ascendían a 32.

Los incidentes se extienden hasta el Parque Xibi Xibi, que cuenta con un río casi seco que atraviesa el centro de la ciudad.

En los últimos días, Gerardo Morales también apuntó contra la detenida líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, a quienes acusó de provocar un “clima de caos y violencia” en la provincia.

Los manifestantes se oponen a los cambios en la Constitución impulsados por Gerardo Morales. Entre los artículos de la reforma que finalmente fue firmada figura la prohibición de los cortes de ruta y de calles, además de las tomas de edificios públicos. El texto además pretende un avance sobre los derechos de los pueblos originarios, sobre todo en lo relativo a las tierras fiscales y al uso de los recursos naturales.

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