El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, desató un malestar general. Así impactaría en Salta.

Los intendentes de Salta le acaban de declarar la guerra a Nación por la resolución que prohíbe el cobro de tasas y cargos municipales en las boletas de servicios eléctricos. Esta medida, sumada a la caída en los ingresos por coparticipación, ha encendido la preocupación entre los jefes comunales, quienes buscan alternativas legales para asegurar sus fuentes de ingresos.

El conflicto surge a raíz de la Resolución 2024-267 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que establece que las facturas de servicios esenciales deben contener únicamente la descripción y el precio del servicio contratado, excluyendo cualquier cargo adicional. El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó en X que la medida ya está publicada en el Boletín Oficial de la Nación.

Marcelo Moisés, intendente de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes, manifestó su profunda preocupación por la resolución. «Estamos analizando dos opciones: presentar un amparo judicial en el juzgado federal o buscar que la legislatura salteña apruebe una ley que permita el cobro de tasas municipales en las boletas de luz, como se ha hecho hasta ahora», explicó Moisés a Radio Salta.

Moisés también destacó que Mendoza ya aprobó una ley similar para mantener el cobro de tasas en las facturas. El Foro de Intendentes planea aprovechar una ley en trámite en el Senado, que contempla la actualización de tarifas de luz y agua según el índice de inflación del INDEC, añadiendo un artículo para garantizar el cobro de tasas municipales.

El intendente de Apolinario Saravia argumentó que la medida nacional perjudica a los municipios, especialmente a los más pequeños que dependen en gran medida de estas tasas. «Gran parte de los municipios pequeños no tienen otra fuente de ingresos más que las tasas municipales, ya que no tienen actividad económica significativa», señaló.

Por su parte, Manuel Saravia, intendente de San Lorenzo, enfatizó que la resolución nacional impacta negativamente en la recaudación municipal, complicando aún más la gestión de recursos en un contexto de severa caída en la coparticipación. «Estamos tratando de ser ordenados con recursos limitados, y esta medida es un problema grave que afectará la prestación de servicios», concluyó.