El juez federal de San Rafael, hizo lugar a una medida cautelar pedida por la empresa propietaria de más de 21 mil hectáreas, que iban a ser cedidas por el Gobierno nacional.

Mientras crece el conflicto entre el gobierno nacional y el local, por la entrega de tierras a comunidades mapuches, un juez federal de Mendoza, frenó una disposición del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en la que se cedían 21 mil hectáreas que eran propiedad de una empresa privada.

Se trata del magistrado Eduardo Ariel Puigdengolas, quien hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la firma Sominar Sociedad Minera Argentina S.A. y ordenó al organismo nacional, suspender la resolución dictada el 19 de enero de este año a través de la cual transfirió tierras a un grupo que dice ser mapuche en el sur de la provincia de Mendoza.

La empresa minera, solicitó la nulidad del acto administrativo mediante el cual el INAI transfirió más de 21 mil hectáreas a la comunidad Lof El Sosneado, en el departamento mendocino de San Rafael.Publicidad

Es que según consta en el expediente judicial, la firma indicó en la demanda que es titular de dominio de esas tierras desde el año 1942. Además planteó que la resolución cuestionada se dictó sin observar los procedimientos normativos previstos, afectando derechos constitucionales, sin intervención del propietario de los terrenos y sin respetar las facultades concurrentes reconocidas por la Constitución Nacional a las provincias.

Además, indicó que el INAI actuó haciendo caso omiso a un juicio de reivindicación impulsado por Sominar que tramita en la justicia provincial, pendiente de resolución en la Suprema Corte de Mendoza, y que tiene sentencias favorables tanto en primera como en segunda instancia.

En la misma línea, la compañía que explota el territorio con fines industriales, destacó que dicha comunidad mapuche no tiene personería jurídica, requisito previo al reconocimiento de la ocupación que efectuó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.Publicidad

Al mismo tiempo, la presentación la firma propietaria de las tierras, sostiene que  el relevamiento de la superficie controvertida se habría basado especialmente en referencias hechas por los miembros de la comunidad mapuche sin constatación verídica alguna.

Por lo que en su fallo, el juez Puigdengolas, manifestó que “no hay suficientes indicios que evidencian que la actora habría sido pasible de un obrar, al menos, de aparente ligereza en las tareas desempeñadas por la demandada en el marco del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas”.