Nuevos créditos hipotecarios: el Gobierno estudia reemplazar los UVA por otros que no se ajusten por inflación

El Ejecutivo envió dos proyectos de ley al parlamento para eximir de tributos a los fondos en pesos y dólares que se vuelquen a nuevos emprendimientos u obras con poco avance. Por el lado de la demanda, apunta a lanzar préstamos actualizados por el coeficiente de variación salarial. El Gobierno recibió a las autoridades de la Cámara Argentina de la Construccion (Camarco) y otras entidades empresarias antes de envíar al Congreso dos proyectos de ley con los que cristaliza una fuerte apuesta por conducir a una reactivación de la economía a través de la construcción privada y su efecto multiplicador, mediante dos iniciativas que aspiran a insuflar aire tanto del lado de la oferta como de la demanda.

En el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, terminaron de discutir con el presidente de Camarco, Iván Szczech, y otros desarrolladores urbanos los textos remitidos para su debate en la Cámara de Diputados.

Para animar el desarrollo inmobiliario en momentos en los que los materiales de construcción se encuentran en precios bajos (en la serie histórica, medido en dólares) y el costo de la mano de obra aún continúa retrasado, finalmente el Gobierno abrió las puertas a un nuevo perdón fiscal para los que exterioricen fondos en uno de los sectores que más fue golpeado por las restricciones de circulación y actividad que se instrumentaron en marzo pasado para limitar la propagación del nuevo coronavirus entre la población.

A quienes declaren voluntariamente activos en pesos o dólares y los destinen a nuevas obras (o con avance inferior al 50%), se les cobrará un único impuesto (con alícuota creciente en el tiempo, siendo el tope el 25%) y se les otorgará un “bloqueo fiscal” respecto a lo que pudiera corresponder por esos fondos.

A la vez, esas inversiones quedarán eximidas del Impuesto sobre los Bienes Personales durante dos años, y obtendrán un crédito fiscal igual al 1% de las inversiones realizadas para computar en favor de ese gravamen. Finalmente, Ganancias y el impuesto a las transacciones inmobiliarias se adecuaría para incentivar la rápida comercialización. 

Hoy se enviaron al Congreso de la Nación dos proyectos de Ley con eje en la industria de la construcción, un motor potente para dinamizar la economía y generar puestos de trabajo, con impacto transversal en diversas cadenas productivas.

— Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) October 21, 2020

Por el lado de la demanda, el Gobierno pide al Congreso autorización para crear nuevos créditos hipotecarios con cobertura que echarían por tierra y darían muerte al sistema de Unidades de Valor Adquisitivo (créditos UVA), reemplazado por otro que ajustaría por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), y ya no por la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

La segunda ley contempla la creación de la «Sociedad Hipotecaria Argentina»  como entidad administradora que regenteará un fondo fiduciario que compensaría a las entidades otorgantes de préstamos, otorgaría garantías para animar a los bancos a prestar; impulsaría inversiones financieras que mantengan los capitales retenidos, y operaría instrumentos relacionados para dar liquidez al mercado de capitales.

En el último año, la construcción perdió cerca de 150.000 puestos de trabajo, lo que redujo en un 35% aproximadamente la cantidad de obreros empleados. Al respecto, el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, valoró ante El Cronista las medidas de estímulo a la construcción privada y al crédito hipotecario que, según dijo, viene planteando todo el sector en un trabajo en conjunto, y se mostró optimista de recuperar «no menos de 70.000 empleos por las obras públicas, viviendas y estas medidas que hoy se anuncian» a lo largo del próximo año. «No es solo un blanqueo sino, una serie de medidas».

Por el lado empresario, Damián Tabakman, presidente de la Cámara Argentina de Desarrolladores Urbanos (CEDU), se mostró optimista con el anuncio del Gobierno, que recoge parte de las demandas que el sector venía impulsando. Aunque deslizó: «Seríamos más optimistas aún si los incentivos fueran mayores».

No todos los actores quedaron conformes con el anuncio. El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, Daniel Mafud, rechazó el programa entendiendo que el Gobierno «escucha las propuestas de las corporaciones y megaempresas», mientras las firmas de menor porte «no son tenidas en cuenta». Por ello demandó una convocatoria «más amplia y federal».

Los proyectos que hoy vieron la luz son el desenlace de reuniones que las cámaras  solicitaron y mantuvieron con autoridades de varias reparticiones desde julio, cuando llevaron al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, incentivos para recomponer la atracción del inversor, a cambio de favorecer directa o indirectamente la recaudación fiscal e impactar rápidamente en el empleo.