Por la causa de los hermanos discapacitados detenidos ilegalmente por 3 años. Hace 3 meses se denunció penalmente a 10 funcionarios y aún no se investiga.

La pobreza y la precariedad en la que viven estas personas discapacitadas es desesperante.

«Jueces, fiscales, defensores, asesores y técnicos sindicados como responsables de haber mantenido detenidos por casi 3 años a dos hermanos discapacitados profundos, perciben sueldos que rondan el millón de pesos, y si se tiene en cuenta la situación de absoluta vulnerabilidad en que ambas víctimas fueron dejadas, el daño irreparable que se les produjo y la falta de determinación para avanzar con la investigación, no descartamos la posibilidad de pedir un embargo preventivo de los haberes de todos ellos», dijeron los abogados Gonzalo Maidana y Alexis Ríos en una nota con este medio.

Ya lo decía un histórico dirigente de la política argentina: «El bolsillo es la víscera más sensible del hombre». Y es ahí donde buscan llegar los abogados Gonzalo Maidana y Alexis Ramber Ríos en relación con la causa que involucra a funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público acusados de graves delitos por haber mantenido detenidos 3 años a dos hermanos discapacitados profundos residentes en la localidad de Aguaray. Hace casi 3 meses, una mujer, familiar de ambos muchachos, en su carácter de curadora, presentó la primera denuncia penal contra 10 funcionarios judiciales y hasta el momento no se inició ninguna investigación.

Dado que los acusados son dos jueces de garantías, una fiscal de violencia de género, dos defensores, dos jueces de cámara, dos psicólogas y un tercer camarista de la ciudad de Salta (este último por haber rechazado un recurso extraordinario que pedía la libertad de ambos discapacitados), los querellantes Maidana y Ríos pidieron la conformación de una Unidad Fiscal de Investigación integrada por fiscales de otros distritos para la investigación. Pero el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, puso al frente de la misma a Gabriela Souto, la fiscal de Embarcación perteneciente al mismo distrito Judicial de Tartagal, que por lógica fue recusada por ambos querellantes dada su amistad con quienes debe investigar.

Maidana precisó que «presentamos la recusación porque la amistad de Souto con los denunciados es algo de conocimiento en todos en ámbitos de la Justicia local, pero además porque tienen denuncias y recusaciones por causas anteriores con el Dr. Alexis Ríos. Estamos esperando que se resuelva ese tema pero, a mi entender, ella misma debía haberse apartado y no esperar que nosotros la recusemos. Tanto demoran que hemos presentado un pedido directamente al procurador general de la Provincia para que este tema se resuelva y comience la investigación. Nosotros que tenemos casa, comida caliente, que no se nos llueve el techo de la casa, podemos esperar, pero esos dos muchachos que conviven con su madre también discapacitada, que se encuentra en un estado de vulnerabilidad absoluta, después de 3 años presos de forma ilegal, no pueden seguir esperando», enfantizó Ríos.

Solo solidaridad

La curadora de ambos muchachos también residente en Aguaray «está totalmente superada por la situación porque ella es una laburante, tiene su familia y sus propias obligaciones y si bien dos personas que leyeron, escucharon la información de los dos discapacitados, le acercaron algunas donaciones de alimentos o prendas de vestir, fueron las únicas. En el municipio presentaron una nota y respondieron que no hay recursos cuando los municipios tienen partidas para este tipo de situaciones de vulnerabilidad total. Desde la Provincia tampoco nadie se interesó por la situación de los dos jóvenes que al igual que su propia madre son discapacitados y no cuentan ni siquiera con una pensión. Pensamos que desde Anses se podían acercar para interesarse por esta familia, pero absolutamente nadie llegó. Si a la gente con facultades mentales normales le cuesta realizar un trámite para una pensión, hay que imaginarse que para estas personas es imposible. Desde el propio Poder Judicial que los mantuvo ilegalmente presos por tres años tampoco nadie se sensibilizó con ellos», explicó el doctor Maidana.

Los dos muchachos oligofrénicos con su madre y otra familiar también con discapacidad residen en la comunidad originaria Tuyunti, en una precarísima construcción, y estos días de inclemencias climáticas «la pasaron muy mal porque se les llueve todo. Sabemos que el tema de la recusación a la fiscal no tiene plazos, pero lo que hemos hecho con el Dr. Ríos es mediante escrito poner en conocimiento del procurador general de la Provincia la situación, ya que la fiscal Souto no se opuso a la recusación; es necesario que se designe un fiscal para que la investigación no se siga dilatando. Si es necesario denunciaremos a la fiscal Souto por retardo de justicia y por entorpecer la investigación, ya que hace rato debería haberse apartado».

Al referirse a la posibilidad de pedir el embargo preventivo de los sueldos de los magistrados denunciados el abogado explicó: «El derecho es una cuestión de sentido común. Lo que gana por su trabajo un juez, una fiscal, los defensores oficiales, es mucha plata comparada con lo que gana cualquier trabajador y está perfecto, siempre que hagan su trabajo como dice la Constitución. Pero estos muchachos fueron ilegalmente privados de su libertad por 3 años, detención que agravó su cuadro clínico, ni siquiera les permitieron ver a su abuelo que los crió, y el anciano murió. A nuestro modo de ver tienen que tener un resarcimiento económico porque no hay otra forma de salvar el enorme daño que se les hizo».

Los funcionarios denunciados son Nelso Aramayo y Fernando Mariscal Astigueta (jueces de Garantías 1 y 2); Lorena Martínez (fiscal de Violencia de Género); Guillermo Polliotto (Tribunal de Impugnación Salta Capital); Lorena Babicz y Natalia Pagani (defensoras oficiales); José Eduardo Cortez y Juan Andreu (asesores de Menores e Incapaces); Asusena Vazques y Soledad Rodríguez (Tribunal de Juicio de Tartagal); Estela Lizondo y Natalia Fuenzalida (psicólogas del Poder Judicial) y Marvin Tejerina (médico legal).

f: E Tribuno. Por Agencia Tartagal