Perseguir los crímenes de guerra rusos en Ucrania es posible

25 de Febrero de 2023

Vladimir Putin besando al diablo en una carrosa del carnaval de Colonia, Alemania (REUTERS/Jana Rodenbusch)

Un lunes por la mañana, Alfred Yekatom miraba impasible a la sala mientras una testigo describía cómo su familia había sobrevivido a una noche de pillaje que él presuntamente había orquestado. El ex líder de la milicia centroafricana se enfrenta a un historial desalentador. Además de los asesinatos, las torturas, la creación de un ejército de niños y el saqueo de una mezquita en 2013, destaca una acusación: por crímenes contra la humanidad. Por eso, Yekatom, que niega todos los cargos, estaba en el banquillo de los acusados lejos de su casa, en La Haya, la ciudad holandesa que alberga la Corte Penal Internacional (CPI), con una bufanda para protegerse del frío primaveral. Los procedimientos son lentos. El juicio se encuentra ya en su tercer año. Si un trío de jueces de toga azul lo declara culpable, le espera una larga pena de prisión.

Donde haya matones de la República Centroafricana, ¿seguirá un presidente ruso? “Vladimir Putin en La Haya” se ha convertido en un grito de guerra para quienes quieren que el cerebro de la guerra de Ucrania se enfrente a una respuesta judicial a la altura de la carnicería que está causando. El caso es moralmente abrumador, nacido de las atrocidades cometidas por las tropas rusas, el bombardeo de civiles y el acto mismo de invadir a un vecino. Todo ello merece sin duda un castigo. Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, ha hecho del procesamiento de altos dirigentes rusos uno de sus diez puntos para garantizar la paz. Annalena Baerbock, Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, es una de las personas que exigen que Putin comparezca ante la justicia. Investigadores extranjeros se encuentran en Ucrania conservando pruebas para un futuro juicio.

Ahora la realidad obvia: Putin no se encontrará pronto en el banquillo de los acusados de la CPI. La limitada justicia penal internacional que existe en la actualidad simplemente no se aplica a los líderes de países con armas nucleares. Sin embargo, todavía hay posibilidades de que algunos crímenes rusos sean enjuiciados.

Annalena Baerbock, Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, es una de las personas que exigen que Putin comparezca ante la justicia. (REUTERS)

La inmunidad efectiva de Putin es una consecuencia de la fragilidad del sistema judicial internacional. Mientras que la justicia dentro de los países tiene estatutos claros y tribunales establecidos, el derecho internacional lo determinan los juristas a medida que se firman los tratados y se establecen las normas. Los países pueden adherirse o no a su discreción; en cualquier caso, no existe una fuerza policial mundial que lo haga cumplir. Un primer obstáculo para quienes desearían ver encarcelado a Putin es que Rusia no ha suscrito la CCI. No importa, dicen algunos juristas: la onu podría crear un tribunal ad hoc, como se hizo con Ruanda o Yugoslavia en los años noventa tras las matanzas masivas que allí se produjeron. Slobodan Milosevic, el presidente yugoslavo, pasó sus últimos años en los tribunales y murió en un centro de detención holandés. Eso podría ser justo lo que necesita Putin.

Los precedentes son importantes en el derecho internacional, y no existe ninguno que pueda llevar a Putin a la cárcel. Hay dos grandes categorías de cargos a los que podrían enfrentarse los responsables rusos de la guerra. Una incluye los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad: cuando se ataca a civiles durante un conflicto, por ejemplo, o las tropas violan y saquean. Los soldados que cometen estos ultrajes pueden ser juzgados (como ya lo han sido algunos rusos en Ucrania). En teoría, sus mandos y responsables políticos también pueden ser considerados responsables en última instancia. En la práctica, casi nunca puede demostrarse que ordenaran tales comportamientos.

Por eso, Ucrania y sus aliados hablan de la segunda categoría de cargos: el crimen de agresión. El acto de invadir un país vecino puede atribuirse directamente a los políticos. Pero la persecución de un crimen de este tipo es un territorio jurídico muy inexplorado. En los dos únicos casos en los que ha sucedido -los juicios de Nuremberg y Tokio que siguieron a la Segunda Guerra Mundial– los países implicados invitaron a los procesados (ambos gobiernos estaban dirigidos por Estados Unidos y sus aliados). A menos que Rusia sea invadida o que Putin sea derrocado, eso no ocurrirá.

La inmunidad efectiva de Putin es una consecuencia de la fragilidad del sistema judicial internacional. Mientras que la justicia dentro de los países tiene estatutos claros y tribunales establecidos, el derecho internacional lo determinan los juristas a medida que se firman los tratados y se establecen las normas. (REUTERS)

Los tribunales de Ruanda y la antigua Yugoslavia no ofrecen más esperanzas. Ambos fueron creados por el Consejo de Seguridad de la ONU, que respaldó otros tribunales similares en lugares como Sierra Leona. Dado que Rusia ejerce el derecho de veto, es improbable que se repita. Algunos juristas creen que la Asamblea General de la ONU (donde cada país tiene un voto y no puede vetar) podría convocar un tribunal de este tipo. Pero esta solución llevaría el derecho internacional más allá de sus límites actuales. Y no está garantizada la victoria: muchos países, entre ellos Estados Unidos, no son partidarios de dar más poder a los tribunales internacionales.

Quedan dos opciones, ninguna de ellas satisfactoria. Una es procesar a los rusos a través del sistema jurídico ucraniano, quizá en un tribunal avalado por extranjeros y con jueces internacionales. Esto carecería del valor simbólico de un juicio en La Haya: sólo se procesaría a rusos de baja estofa, en lo que parecería justicia retributiva. La otra sería permitir que el CIC enjuiciara los crímenes de guerra y de lesa humanidad rusos, pero no el crimen de agresión, que queda fuera de sus competencias actuales en el caso de Rusia. Para ello, basta con que Ucrania reconozca la autoridad del tribunal de La Haya, que ha iniciado así una investigación sobre las acciones de Rusia. Pero pocos creen que pueda construirse un caso contra Putin. En cualquier caso, no suele juzgar a sospechosos en rebeldía.

¡Objeción!

El plan preferido de Ucrania es la creación de un tribunal ad hoc en La Haya, independiente del CIC y capaz de enjuiciar el crimen de agresión y, por tanto, de perseguir al Kremlin. Esto tampoco es realista. Peor aún, podría desacreditar al CIC en su incipiente intento de enjuiciar en el futuro este tipo de agresiones transfronterizas, afirma Olivier Corten, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Libre de Bruselas. La persecución de criminales de guerra en el campo de batalla por parte del CIC, aunque evitaría el gran premio de atrapar a Putin, no sería un mero símbolo. Cualquiera que pudiera temer ser procesado por el CIC -generales y tipos del Grupo Wagner, por ejemplo- dudaría en salir de Rusia, por temor a ser llevado a La Haya. Sería una especie de castigo.

Algunos juristas creen que la Asamblea General de la ONU (donde cada país tiene un voto y no puede vetar) podría convocar un tribunal de este tipo. Pero esta solución llevaría el derecho internacional más allá de sus límites actuales. Y no está garantizada la victoria: muchos países, entre ellos Estados Unidos, no son partidarios de dar más poder a los tribunales internacionales. (AP)

Conformarse con este enfoque no tiene por qué significar defraudar a Ucrania. Porque si la comunidad internacional no puede procesar el crimen de agresión de Putin, debe redoblar sus esfuerzos para asegurarse de que ese crimen no se pague: proporcionando a Zelensky las armas y el dinero que necesita para derrotar a la fuerza invasora.

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