Presunto espionaje a jueces, funcionarios y personajes de los medios de comunicación
- 2019-10-26 07:54:13
La Justicia investiga si funcionarios allegados a Elisa Carrió ingresaron al sistema interno de la AFIP para buscar información sin requerimiento judicial.
El juez federal Rodolfo Canicoba
Corral y el fiscal Ramiro González están al frente de una profunda
investigación sobre el sistema de consultas de la AFIP para esclarecer
si funcionarios allegados a la diputada Elisa Carrió ingresaron al
sistema interno del organismo recaudatorio para buscar información sin
requerimiento judicial. Esta investigación comenzó hace dos años luego
de que el periodista Carlos Pagni de La Nación publicara un artículo en
el que se mencionaba la existencia de distintas operaciones de espionaje
ilegal. También se solicitaron informes a la UIF, Migraciones y al
Banco Central.
En ámbitos judiciales ya comparan esta
investigación -por su metodología- con la causa que lleva adelante en
Dolores el juez Alejo Ramos Padilla. Aunque este caso sería incluso de
mayor gravedad. Según pudo saber este medio, funcionarios ya habrían
confesado ante la Justicia que entraron en los sistemas a sacar
información sin ningún tipo de autorización.
El último pedido del
fiscal surgió luego de que esta semana un programa del canal C5N reveló
documentos que demostrarían que la diputada de Cambiemos espiaba a
jueces, periodistas y famosos conductores de la televisión argentina.
Según
confirmaron a Infobae fuentes judiciales, González le solicitó a
Canicoba Corral que constate si a través del sistema e-log de la AFIP se
realizaron consultas “por fuera de un marco legal que la justifique” y
que, de ser necesario, se convoque a personal especializado de la AFIP
para que explique cómo funciona el sistema. En el programa ADN de C5N,
se sostenía que el presunto espionaje incluía desde Susana Giménez,
Mirtha Legrand, Jorge Lanata y Santiago del Moro, hasta a Hugo Moyano,
Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri) y al propio Franco Macri
(padre del Presidente, que falleció este año).
El pedido de esta
información a la AFIP surge en el marco de una investigación que se
abrió hace más de dos años, luego de que el periodista Carlos Pagni
publicara un artículo llamado “El pestilente círculo negro del
espionaje», en el que se mencionaba la existencia de distintas
operaciones de espionaje ilegal, en ese caso vinculadas a la AFI. En ese
marco, fue la propia AFI la que radicó la denuncia que recayó en manos
del fiscal Federico Delgado y el juez Canicoba Corral en donde se
hicieron distintas diligencias, pero hasta ahora nunca había trascendido
ninguna.
Sin embargo, hace unas semanas, el fiscal González
(reemplazante de Delgado durante su licencia) requirió una ampliación de
la investigación. En su dictamen, el fiscal señala que el juez decidió
separar la paja del trigo. Es decir “una cantidad de vínculos
interpersonales entre agentes, ex agentes de inteligencia y abogados
pero de momento sin hipótesis fácticas concretas” de “hechos puntuales
de espionaje pasibles de verificación”.
Y así solicitó a la
Dirección Nacional de Migraciones que informe las solicitudes de
información migratoria que se hubieren generado en los últimos dos años
respecto de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la
Casación Federal, de la Cámara Federal, jueces de Comodoro Py y del
fuero penal económico, así como de tribunales orales. También saber si
se buscó información sobre legisladores, ministros del Ejecutivo y del
Gobierno bonaerense, los gobernantes de todas las provincias y la
Capital Federal, y del director y subdirectora de la AFI.
Fue así
que detectó que al menos 21 jueces de todos los estamentos figuraban en
los registros consultados de Migraciones, sin una explicación concreta.
Entre ellos aparecía el ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda y
después se sumó el nombre de Ricardo Lorenzetti. (Los movimientos
migratorios de otros dos jueces de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos
Rosenkrantz, figuraban en tanto en las carpetas del falso abogado
Marcelo D’Alessio, investigado en Dolores). Entre los 21 jueces, estaba
también el propio Canicoba, que había pedido los informes.
Pero
la lista es amplia. Desde la camarista de Casación Ana María Figueroa al
presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun. También aparecen los
más nuevos de Comodoro Py, como el camarista federal Mariano Llorens y
la flamante jueza federal María Eugenia Capuchetti y jueces a los que en
algún momento apuntaron dirigentes de Cambiemos, como Sebastián
Casanello, Daniel Rafecas y Luis Rodriguez. En la lista también están
María Servini, los jueces del fuero penal económico Marcelo Aguinsky,
Javier López Biscayart y Pablo Yadarola. Y de tribunales orales como
Claudio Gutiérrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñiguez, Sabrina
Namer, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Ríos, José
Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.
Se espera que en los próximos
días se conozcan otras posibles víctimas del espionaje. Estarían
vinculadas al Gobierno nacional y gobernadores de distintas provincias.
La
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional exigió
el inmediato esclarecimiento del caso y expresó su “profunda
preocupación” respecto de operaciones de espionaje ilegal.
Después
de que se detectaran esas consultas en Migraciones, el juez pidió
informes a otros organismos públicos como AFIP, el Ministerio de
Seguridad, la Unidad de Información Financiera, la Policía de la Ciudad
de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la
Procuración General y el Poder Judicial. Pero ante las últimas novedades
solicitó profundizar los detalles sobre la AFIP.
“Se trata de
desentrañar si desde alguno de los organismos y/o dependencias del
estado individualizadas (AFIP, Ministerio de Seguridad de la Nación,
Jefatura de Policía de la CABA, Ministerio de Seguridad de la provincia
de Salta, Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería Nacional,
la Agencia Federal de Inteligencia, Procuración General de la Nación,
Jefatura de PFA, Jefatura de Policía de Seguridad Aeroporturia, Jefatura
de Prefectura) se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia
ilegal” sobre esa veintena de jueces mencionados, añadió el fiscal
González a la hora de ampliar su investigación.