Nota extraída de Clarín por Héctor Gambini

Franco Bindi aparece en oscuros operativos de inteligencia para “salvar” a Cristina Kirchner en causas delicadas.

Un abogado llamado Franco Bindi acaba de lanzar este lunes -por ahora, a través de YouTube- su canal de TV ultrakirchnerista Extra!.

En su emisión de prueba, el 25 de Mayo pasado, había hecho su primera apuesta para seducir a lo que imagina su público incondicional: una transmisión a cargo de Víctor Hugo Morales del acto de Cristina en Plaza de Mayo, el día en que parecía que Sergio Massa y Wado De Pedro se lucirían por ubicación en el escenario, pero perdieron por goleada en atención televisiva contra las divertidas morisquetas de los nietos de la vicepresidenta.

Bindi ya es el dueño de la FM Radio Extra! y tiene -en un pasado que incluye un pedido de captura de Interpol en su contra- fuertes vínculos con los servicios de inteligencia que constan en varios expedientes judiciales desde hace por lo menos ocho años, cuando aparece operando a oscuras para defender al gobierno de Cristina por el Pacto con Irán, tras la muerte del fiscal Nisman.

Si heredó los contactos de aquel mundo opaco, ahora parece sacarle provecho propio para los emprendimientos empresarios.

Franco es hijo de Gustavo Bindi, histórico abogado del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, al frente del gremio de la construcción desde hace 33 años.

La relación del padre de Franco con los servicios de inteligencia era extremadamente cercana al menos por tres vías.

La primera es que su cliente Martínez figuraba en la nómina de civiles que trabajaron en el Batallón de Inteligencia 601 durante 1982, antes de la llegada de la democracia.

Según la foja de servicios que el Ejército le entregó a la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, en 2010, Gerardo Martínez era calificado por su trabajo en Campo de Mayo como un “agente leal y útil” a la inteligencia del Ejército.

La segunda es que Gustavo Bindi, además, era vecino y amigo personal del abogado Guillermo Alberdi, un agente de la SIDE que compartía su estudio jurídico con el funcionario kirchnerista Juan Martín Mena -actual viceministro de Justicia de la Nación- y con Víctor Hortel, el ex funcionario K que fundó adentro de las cárceles la agrupación de presos Vatayón Militante.

Gustavo Bindi falleció en 2019, durante la pandemia de coronavirus.

La tercera vía que lo vinculaba a los servicios era su propio hijo, Franco Agustín.

En el expediente que investiga el asesinato del fiscal Nisman, el nombre de Franco aparece en los relatos de diferentes espías.

Allí aseguran que un abogado cuyas iniciales son MRC, socio de Franco Bindi en su estudio jurídico, era otro agente de la SIDE que trabajaba en la dirección de Reunión Interior del ex espía K Fernando Pocino.

Según los agentes, “esos abogados aparecen en todas las causas del Instituto Patria”.

¿Y qué hizo Bindi en el caso Nisman?

Llevó a Allan Bogado -el espía que Nisman denunció como el agente de Cristina que negociaba con los iraníes que volaron la AMIA- al estudio del ex juez Yrimia (hoy prófugo por la causa de las estafas de Generación Zoe) para que Bogado dijera ante escribano público que él era un espía que trabajaba para Stiuso (en ese momento, echado por Cristina) y no para Pocino.

Era para hacer creer que Nisman denunciaba a un espía que no tenía nada que ver con el ala más kirchnerista de la SIDE.

Un plan para “esconderlo” y , a la vez, hacer aparecer a Cristina “lejos” de sus verdaderos agentes incondicionales.

Bindi, de 37 años, fue abogado de Lázaro Báez y asesor todo terreno: del gobernador Zamora en Santiago del Estero, del Ministerio de Planificación de Julio de Vido, de PDVSA (la petrolera del gobierno chavista) y, últimamente, del diputado Leopoldo Moreau.

Tras aquella maniobra para “salvar” a Cristina de la denuncia de Nisman, Bindi regresó en otra operación K.

Esta vez en Dolores, donde un cliente de su estudio, Pedro Etchebest, fue a tratar de desarmar la causa de los cuadernos de las coimas.

No pudo ser.

El Operativo Puf, como lo llamó el diputado Eduardo Valdés – que anticipó la maniobra-, se evaporó en la Cámara Federal de Mar del Plata.

Bindi y Valdés aparecieron juntos en la última reunión del Grupo de Puebla en Buenos Aires, donde se destacó “la defensa de los líderes progresistas que son víctimas de persecución judicial”.

Cristina ya estaba condenada por corrupción en la obra pública.

Franco Bindi había estado prófugo de la justicia entre 2011 y 2013, acusado de aportar documentación falsa que le permitió a un cliente suyo fugarse a Brasil llevándose a su pequeña hija en medio de una disputa que tenía con la madre de la nena.

En aquel momento, Bindi estuvo entre las personas buscadas de la página oficial de Interpol, y el Ministerio de Seguridad bonaerense ofrecía recompensa por información sobre su paradero.

En 2013 la Cámara de Casación lo acusó de un delito más leve -impedimento de contacto- y se cayó el pedido de captura. Terminó sobreseído.

Extrañamente o no -al kirchnerismo le gusta estar en todos los expedientes que denuncian a Cristina, no importa de qué lado del mostrador-, Bindi también fue abogado del valijero arrepentido Leonardo Fariña, quien lo terminó echando de su defensa porque, según dijo, Bindi presentaba declaraciones suyas sin consultarle.

Los peculiares antecedentes de Bindi podrían sintetizarse en el eslogan de su flamante Canal Extra!, que debutó con un problema de sintonía: en las redes aparece una señal de Costa Rica que se llama igual.

Cuando lo encuentran, Bindi promete a su audiencia una definición difícil de discutir: Somos distintos.