El Ejecutivo tampoco descarta volver a enviar la reestructuración del sistema electoral. Se encuentran en el mismo esquema las leyes anticasta, antimafia y de adoctrinamiento.

El Gobierno quiere acelerar el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado para llegar al Pacto de Mayo con una victoria legislativa en ambas cámaras. El Ejecutivo apunta a firmar un acuerdo con los gobernadores aliados sobre los próximos proyectos que apunta a enviar y aprobar en el Congreso.

Una de estas es la reforma laboral ampliada, que incluye la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría su recaudación-, la prohibición de los bloqueos sindicales a empresas y la aplicación de los convenios específicos sobre los colectivos. Contiene también la limitación al derecho a huelga la declaración del servicio esencial del 50% de las áreas de salud, transporte, telecomunicaciones y educación.

La mesa técnica del Ejecutivo trabaja además en un proyecto para modificar el esquema previsional actual. Este incluye la baja de los jubilados que entraron en las últimas moratorias, la extensión de la edad jubilatoria de las mujeres y la implementación de un esquema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

El equipo está compuesto por el vicejefe de gabinete, José “Cochi” Rolandi, el asesor presidencial Santiago Caputo, el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, entre otros.

El Gobierno también quiere impulsar la ley anticasta luego del Pacto de Mayo. Contiene la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente junto con la pérdida de beneficios de exfuncionarios con condenas firmes y la inhabilitación para que se presenten a elecciones nacionales.

Contiene además la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos -de forma que tendrían que valerse de aportes voluntarios- y propone la reducción de los contratos de los asesores de legisladores y la pérdida de privilegio para el estacionamiento.

Propone en otros puntos la obligatoriedad de que los sindicatos elijan a sus autoridades a través de elecciones periódicas y supervisadas por la Justicia Electoral y la penalización por ley a los funcionarios y legisladores que voten “aprobar un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria”.

Según pudo saber TN, el Ejecutivo analiza incluir una cláusula transitoria que congele los sueldos jerárquicos que estén por encima de los 20 SMVM ($4.056.000). Se trata de la cantidad que más se acerca al sueldo de Milei ($4.068.378,23), respecto al último retroceso del aumento de febrero.

Entra en el mismo esquema el proyecto para penar el adoctrinamiento, que en principio iba a estar incluido en la Ley Bases, pero terminó quedando afuera. Este propone modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación (26.206).

Quieren enfocarse en el escrito de las garantías de los derechos a la educación de los estudiantes en el aula y en el artículo 33 de la Ley de Educación Superior con foco en la pluralidad de ideas en los procesos de enseñanza.

El Gobierno quiere insistir también con la Ley Antimafia que envió el 16 de abril al Congreso junto con la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos y la incorporación del concepto de reiterancia, de forma que se considere reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva.

El proyecto incluye además modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos junto con un nuevo marco que respalde la legítima defensa de las fuerzas de seguridad. El Gobierno quiere impulsar la reforma de la Ley de Seguridad Interior, de forma que permita nuclear agentes federales, provinciales y municipales en zonas calientes.

La Casa Rosada también tiene en la mira la reforma electoral que estaba incluida en la primera Ley Bases de enero. Propone la eliminación de las elecciones PASO, el establecimiento de la boleta única, modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y la reestructuración del sistema electoral por uno de circunscripciones uninominales.

Impulsa la eliminación de la lista sábana y que las provincias se dividan en circunscripciones electorales, de forma que cada jurisdicción elija a un representante único para el Congreso de la Nación, además del intendente y del gobernador.