El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah anuló el planteo de la defensa contra sus colegas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

La Cámara Federal porteña quedó en condiciones de resolver si se reabre la investigación contra Cristina Kirchner en el marco de la causa conocida como “ruta del dinero k”. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, defensores de la vicepresidenta, habían recusado a Llorens y Bertuzzi por haber aceptado como querellante a la ONG Bases Republicanas, ligada al macrismo, que busca revocar el sobreseimiento de la vicepresidenta.

El juez Farah, integrante de la Sala II y no alcanzado por estas objeciones, fue el encargado de analizar y dirimir la cuestión. Farah había votado en aquel momento por no admitir a la ONG como querellante. “Tengo necesariamente que advertir que la naturaleza de la crítica implica que, a criterio de los letrados, debería asumirse aquí que el voto de los Dres. Llorens y Bertuzzi en dicha oportunidad tendría que haberse compadecido con lo escrito en el mío –en disidencia-. Resalto el punto, porque deja expuesto que, en definitiva, la censura se vincula a la forma en que los jueces interpretaron el alcance de la norma del art. 82, CPPN”, que alude a la forma de constituirse en querellante.

Para Farah, en la decisión de sus colegas no hay per se “un signo claro de parcialidad que habilite la procedencia de una vía restrictiva como la recusación” y añadió que lo mismo “sucede con la referencia a decisiones de otros procesos penales”. El juez también afirmó: “por lo demás, es manifiesto que el planteo de juicio político hecho por un legislador que no es parte en el presente y con posterioridad a su inicio, no constituye supuesto de apartamiento”.

De esta manera, la Sala II de la Cámara Federal quedó en condiciones de definir sobre si corresponde revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en el expediente. La ONG reclama que se anule el sobreseimiento de la vicepresidenta que hizo el único acusador en la causa, el fiscal Guillermo Marijuan el 24 de mayo pasado.

El caso, conocido como La ruta del dinero K, comenzó en abril de 2013, y gran parte de esa investigación ya fue elevada a juicio. Allí Lázaro Báez fue condenado junto a otros 17 imputados, entre ellos sus hijos, por haber llevado adelante s maniobra millonarias de lavado de dinero, que rondaron los 55 millones de dólares. En el juicio oral se sostuvo que ese dinero venia de la facturación ilegal y de la obra pública

Pero la resolución del tribunal fue apelada en Casación. Allí bajaron condenas (a Lázaro de 12 a 10) y absolvieron a las hijas del empresario. “Quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación propia de esta modalidad delictiva, ingresado en la cuenta de Austral Construcciones, siempre fue Lázaro Antonio Báez”, sostuvo el máximo tribunal.

En lo que hubo polémica fue en el origen del dinero: Javier Carbajo dijo que venía de la facturación y la obra pública, Angela Ledesma afirmó que el origen fue la facturación y Mariano Borinsky señalo que como podía acreditarse las facturas truchas y así condenar no hacía falta pronunciarse sobre la obra pública.

En instrucción, sin embargo, quedaba una parte de la causa. La que investigaba a Cristina Kirchner como parte de esas presuntas maniobras de lavado. Fue en la única causa en la que fue llamada a declarar y no fue procesada. El año pasado, su defensa pidió su sobreseimiento, pero retiró el planteo ante lo que avizoraba iba a ser una respuesta negativa de la Cámara Federal.