Milei amenaza con castigar a las provincias con el recorte de las transferencias discrecionales, una situación con antecedentes inquietantes en la era K

La política argentina tiene esas ironías: el comportamiento de Javier Milei en las últimas horas, tras el fracaso de la Ley ómnibus lo acerca notablemente a Cristina Kirchner tras su derrota parlamentaria por las retenciones móviles a los productores sojeros. Era también el arranque de la gestión y la entonces presidenta empezó, gracias a la controversia generada por aquel proyecto, a construir una épica propia.

De hecho, hasta ese momento el kirchnerismo no tenía una militancia genuina y debía recurrir a la capacidad de movilización de Hugo Moyano cada vez que querían mostrar apoyo popular. Pero, a partir de esa derrota política, se gestó el «relato» que definiría todo su estilo de Gobierno: la victimización ante la acción de «traidores» y de fuerzas sociales que se negaban al cambio, la definición de un «ellos versus nosotros» que justificaba cada acción de Gobierno.

Lo cierto es que Milei, calificando de traidores a gobernadores y diputados que no acompañaron su proyecto, y llegando al extremo del «escrache» de esos legisladores en las redes sociales merecería el elogio de los teóricos de esa estrategia de la confrontación, como el fallecido Ernesto Laclau, que durante años inspiró la estrategia de Cristina.

Pero, más allá de los estilos políticos y los deseos de transforman las derrotas en una oportunidad para el resurgimiento con mística, hay siempre peleas por recursos fiscales. Y esta vez no es la excepción: así lo demuestra la amenaza de Milei sobre dejar sin un peso a las provincias, incluida la insinuación de que llegará a la asfixia financiera hasta que sean los propios legisladores quienes pidan la restitución del impuesto a las Ganancias.

El riesgo de un efecto boomerang

Llamativamente, ese tema también emparenta a Milei con Cristina, porque la ex presidenta tenía, como una de sus marcas de gestión, el uso de las transferencias discrecionales a las provincias como un sistema de premios y castigos según el grado de afinidad política con los gobernadores.

La metodología típica de aquellos tiempos era la subestimación del ingreso tributario -era, además, la época en que se manipulaba el cálculo del IPC del Indec-, de manera que había una masa creciente de recursos que no estaban contemplados en el presupuesto y no se repartían automáticamente por coparticipación.

Milei reaccionó con enojo ante el fracaso de la ley ómnibus e insinuó una guerra fiscal con las provincias.

Es una situación que curiosamente se podría repetir este año, dada la no aprobación del presupuesto 2024, que determina la extensión del presupuesto del año pasado después de haberse registrado una inflación de 211%.

Un clásico de aquella época era la asfixia financiera a la que el kirchnerismo sometía a Daniel Scioli, que desde la gobernación de Buenos Aires intentaba consolidar su candidatura presidencial. Y Milei debería revisar con lupa ese antecedente histórico, porque fue una de las jugadas que a Cristina le salió mal: no sólo no logró erosionar la popularidad de Scioli, sino que las encuestas demostraban que la población la culpaba a ella por los apuros financieros de Buenos Aires, a tal punto que fue por aquellos años que el ex gobernador se ganó la fama de «incombustible».

Es un antecedente que Milei debería estudiar: quedó demostrado que cuando una provincia sufre una crisis social por falta de fondos -sobre todo en aquellas con abundancia de empleados públicos y pocos recursos propios-, no solamente se le genera un problema al gobernador, sino también al presidente.

El arma de Cristina ante un Scioli «incombustible»

Había una parte de la asignación de recursos –en su momento llegó a ser el 73% del ingreso tributario nacional- que no estaba fijada por la coparticipación sino que era determinada «a dedo» por la ex presidente.

Así, mientras todas las provincias tomaban el 60% de sus recursos de las transferencias del gobierno central, Buenos Aires estaba en 38%. Y Cristina aplicaba la norma de premios y castigos según su criterio político. Porque Scioli sufrió un recorte de 75% de los giros cuando en 2013 el gobernador blanqueó su intención de postularse a la presidencia.

Pero la principal arma para la ofensiva política de Cristina contra Scioli no fue la coparticipación sino la licuación del Fondo del Conurbano.

Ese fondo, precisamente, fue creado para compensar a la provincia por los puntos de coparticipación que había perdido cuando ocurrió la situación que ahora recuerda Alberto –de hecho, su denominación oficial era «fondo de reparación histórica». Se creó en 1992, durante la presidencia de Carlos Menem, a instancias del entonces gobernador Eduardo Duhalde, quien había puesto como condición para asumir en la provincia que se aprobara esa fuente de ingresos.

Era una caja generosa, financiada con el 10% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias, que le permitió a Duhalde impulsar obra pública con la cual forjar su candidatura presidencial para 1999. El fondo tenía un tope de $650 millones, de manera que si la recaudación superaba ese monto, sería repartido entre el resto de las provincias.

En aquel momento, dado que regía el «uno a uno» de la convertibilidad cambiaria, lo que recibía la provincia por este fondo equivalía a 650 millones de dólares.

Daniel Scioli y Cristina Kirchner: una relación tensa marcada por la asfixia fiscal de la provincia de Buenos Aires.

La cuestión es que en ese tope estuvo la trampa que vio Cristina para disciplinar a Scioli, que desde el inicio mostró sus ambiciones presidenciales. El método elegido por la ex mandataria fue simple y letal: congelar la cuota sin actualizarla por inflación. Eso llevó a que la porción correspondiente a la provincia se fuera diluyendo de tal forma que en 2015 –es decir, cuando Kicillof era ministro de economía- llegó a ser el 1% del total.

Mientras el fondo recaudaba $52.000 millones –porque, por efecto de la inflación, la recaudación de Ganancias creía mes a mes-, la parte que le tocaba a Scioli seguía topeada en $650 millones. Y se llegó al absurdo de que todas las provincias recibían más que Buenos Aires, de un fondo que había sido creado a modo de «reparación histórica».

Fue en aquellos tiempos que Scioli empezó a ser un misterio para los analistas de la ciencia política. El ahogo financiero lo ponía en una situación de déficit crónico, por el cual siempre estaba en conflicto con los gremios docentes y en una ocasión hasta tuvo que pagar el aguinaldo de los estatales en cuatro cuotas.

Cristina, en ese entonces argumentaba que la provincia era privilegiada por sus recursos naturales. Por caso, en un acto junto a Scioli en 2012, luego de haber ayudado con un tercio del dinero que pedía el gobernador, enumeró las transferencias hechas por su gobierno en obras, y lo acusó de no gestionar correctamente.

«Tuve un maestro que me enseño que no hay manera de poder sobrevivir si no se administra y gestiona como se debe«, decía Cristina, en alusión a Néstor Kirchner. Impávido, Scioli se resignaba a seguir aumentando los impuestos provinciales.

A pesar de ello, cuando se hacían encuestas de imagen, el resultado indicaba que la población no culpaba al gobernador por los problemas sino a la propia Cristina.

Curiosamente, cuatro años después, cuando su protegido Axel Kicillof llegó a la gobernación de Buenos Aires, Cristina cambió radicalmente su discurso y planteó que la mayor provincia del país sufría una discriminación en el reparto de recursos, que debía ser compensada por la vía del punto de coparticipación que se le retiró al entonces jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

El reparto de impuestos con las provincias se transformó en el centro de la estrategia política de Milei para relacionarse con la oposición.

El difícil reparto de premios y castigos

Ahora, siguiendo las huellas de Cristina, Milei tensa al máximo la situación con los gobernadores. Pero todavía no está claro si su celo fiscal lo llevará a un recorte en forma pareja para todas las provincias o si establecerá un castigo para los «traidores».

Por lo pronto, el presidente se jactó en un tuit de haber reducido prácticamente a cero las transferencias discrecionales en enero pasado. Pero queda planteada la duda sobre el futuro: ¿habrá la misma actitud para Tucumán, cuya gobernación peronista pactó para acompañar la ley ómnibus, que para Córdoba, que había prometido el apoyo y lo retiró a último momento? ¿Y será más grave el trato para La Rioja, que se opuso desde el principio a la ley, recurrió ante la justicia por el envío de recursos y anunció la emisión de una cuasi moneda?

La decisión no es fácil, y puede exponer al gobierno a acciones ante la justicia. De hecho, ni siquiera una eliminación pareja de todas las transferencias puede considerarse como una política imparcial, dado que son muy diferentes los grados de dependencia de cada provincia respecto de la asistencia nacional.

Así, el ranking 2023 de transferencias corrientes por habitante pone al tope del ranking a Santa Cruz, con $66.900 anuales, seguidos por La Rioja y Tierra del Fuego, que perciben $52.000 por persona. En el fondo de la table, quienes menos reciben esas transferencias son Córdoba y Mendoza, con $13.000.

En la tabla de las transferencias discrecionales de capital, la líder es La Rioja, con $134.00, mientras que en un lejano segundo puesto figuran Tierra del Fuego y Formosa, con $33.000 por habitante. En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires apenas recibe $2.500 anuales por habitante, mientras Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Jujuy no llegaron a $6.000.

Si se lo mide en términos totales y no per capita, naturalmente es Buenos Aires la que recibe el mayor porcentaje de los repartos discrecionales -un 49% de las transferencias corrientes y un 63% de las de capital-.

En otras palabras, un recorte drástico de las transferencias discrecionales -un monto que el año pasado equivalió a un punto del PBI– no afecta a todos por igual. Y la amenaza de Milei de llevar esa sequía financiera hasta una situación extrema no sólo podría traerle un efecto boomerang como el que sufrió Cristina Kirchner con Scioli, sino que también podría terminar castigando, sin querer, a quienes sí acompañaron con sus votos en el Congreso.