Pese a que una reciente auditoría reflejó los desmanejos internos en la Obra Social del Poder Judicial, una nueva contratación publicada en el Boletín Oficial refleja que las viejas costumbres permanecen intactas pese a la intervención de los cortesanos

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de mantener a Aldo Tonón en el directorio de la Obra Social del Poder Judicial reflejó la falta de voluntad de reformas profundas en la prestadora de salud de los empleados judiciales. Pese a estar envuelto en acusaciones por malversación de fondos, intromisión en licitaciones públicas y beneficio directo a personas de su cercanía -y del ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda– la mayoría de los miembros del Máximo Tribunal decidieron mantener en su cargo a Tonón, tal como se desprende de una reciente acordada, que contó con la disidencia de Ricardo Lorenzetti.

En esta acordada, además de mantener a Tonón en su cargo en el directorio, el trío integrado por el presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosebkrantz y Juan Carlos Maqueda dispuso reformar el estatuto y ampliar el directorio. Sin embargo, parecieran ser cambios que nada cambian.

La decisión de continuar con Tonón al frente de la Obra Social coincide con una reciente compra que ejecutó la Corte Suprema y que fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

Pese a contar con una extensa auditoría que exigió modernizar y digitalizar los procesos internos de la Obra Social, en las últimas horas la Corte pidió comprar 2.000 resmas de papel para la prestadora de salud. Según pudo confirmar NEXOFIN, en el Expediente OS 1710/2022 la Obra Social del Poder Judicial pidió comprar “dos mil (2.000) resmas tamaño A4” que tendrán como destino exclusivo al organismo en la mira.

Lo llamativo de esta compra es que se da pocos meses después de una auditoría que puso el foco -entre otras irregularidades- en la necesidad de evitar el uso del papel en el organismo. “Toda la documentación que genera la OSPJN se encuentra en formato papel. No se informó ningún proceso de digitalización. De hecho, si algo llega por correo electrónico, es impreso e incorporado a una carpeta. Es un proceso contrario a la modernización del Estado”, denunció la auditoría, según el informe publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).