Nota extraída de Clarín por Nicolás Wiñazki

Se detectó una oficina que funcionaba como financiera y que rompieron dos veces en un mes los aparatos para controlar la asistencia de los empleados públicos.

Se detectó una oficina que funcionaba como financiera y que rompieron dos veces en un mes los aparatos para controlar la asistencia de los empleados públicos.

Una dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue tomada por un grupo de empleados que, sin control alguno de las autoridades de la anterior gestión del Gobierno K, decidieron instalar en esa sede estatal una oficina en la que se realizan negocios financieros con “clientes” privados de modo irregular. Se trata de una llamativa paradoja. Un depósito que es propiedad del organismo encargado de coordinar la administración del Poder Judicial, con el objetivo de prevenir o castigar los delitos, podría tener a una de sus sedes funcionando como “fachada” de probables malversaciones de dinero público. Tal vez éste sea el ejemplo más extremo de muchos otros que descubrió el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la gestión de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona. El funcionario está obsesionado con los resultados de múltiples auditorías que ordenó realizar en su propio organismo, para conocer cómo funciona en la realidad.

El trabajo está en pleno desarrollo. Clarín pudo conocer varias de las muchas revelaciones que detectó el análisis interno del Ministerio. Esas variables podrían continuar su curso en denuncias penales o en sumarios administrativos internos. La información fueron confirmada por fuentes del ministerio de Justicia involucrados en esta trama. Los resultados del informe final serán elevados en las próximas semanas al presidente Milei.

De acuerdo a la información recolectada por la actual administración, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene seis mil empleados. Se trata de una plantilla considerada muy numerosa, si se tiene en cuenta que esa cantidad de empleados equivalen a los contratados por empresas multinacionales como algunas automotrices.

A este cálculo se debe agregar que mil de esos seis mil empleados registrados en el ámbito del Ministerio Justicia no concurren a sus lugares de trabajo porque pidieron licencia.

¿Cuántos de esos empleados realizan trabajos para los que fueron nombrados de acuerdo a su idoneidad? ¿Cuántos cobran un sueldo sin trabajar?

El ministro Cúneo Libarona tiene sospechas fundadas sobre el accionar poco transparente de una parte de los empleados de su organismo. No de todos, por supuesto.

Ocurre que, a poco de asumir, implementó un sistema para que cada una de las personas que trabajan en la sede central del Ministerio registre su presencia diaria mediante la inscripción de una huella digital. Las máquinas instaladas para ese fin fueron destruidas al menos dos veces por desconocidos. Las arruinaron tirándoles arena. No suena a transparencia. El ministro decidió que la mejor respuesta a esa resistencia podía consistir en que se filmase con cámaras todo lo que pasara en las puertas del organismo, mientras al mismo tiempo otros empleados se encargasen de anotar en planillas los nombres y apellidos de quienes sí no tienen problema en que se conozcan sus nombres, puestos y horarios laborales.

La auditoría sobre el Ministerio de Justicia, también, demostró que el ente gasta millones de pesos en alquileres de varias de las más de doscientas sedes que tiene en diferentes ciudades de todo el país.

Esas oficinas son llamadas, de modo formal, Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Son dependencias ideadas por las gestiones K para funcionar como lugares destinados a brindar servicios de asesoramiento legal para resolver conflictos, y que incluyen también la resolución de trámites sobre seguridad social, entre otras cuestiones.

La información recabada es que varios de los CAJ no cumplen el objetivo para el que fueron diseñados. Incluso, se descubrieron que varias de las propiedades que alquila el Ministerio para los CAJ pagan por esa renta sumas muy elevadas para el mercado inmobiliario, a lo que suma que también se detectaron oficinas que están siendo ocupadas por “punteros políticos” del peronismo.

Cúneo Libarona ya conoce los detalles al respecto. En los próximos días viajará a varias provincias para conocer personalmente qué hacen los trabajadores de su ministerio en esas subsedes.

Otro dato que sobresaltó a Cúneo Libarona es la cantidad de empleados que supuestamente deberían trabajar en uno de los organismos que dependen de su área, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El personal asignado para trabajar allí ascendía, al 10 de diciembre pasado, a más de cuatrocientos empleados. Son más empleados de los que hoy trabajan en el fuero ordinario de la Capital Federal, es decir, los juzgados que investigan delitos como asesinatos, violaciones, robos o abusos sexuales en la Ciudad de Buenos Aires. Ese fuero cuenta hoy con cuarenta juzgados. En cada uno de ellos no llegan a trabajar diez empleados. La posible sobre contratación de personal en el INADI dejó de ser una sospecha cuando el ministro fue informado de que, al iniciarse la auditoría sobre ese organismo, “renunciaron” de golpe y sin hacer problemas alrededor de ciento cuarenta contratados por las gestiones K.

Igual que los CAJ del Ministerio de Justicia, el INADI también se expandió por distintos puntos del país. Tiene más de cuarenta oficinas en diferentes provincias y ciudades del conurbano bonaerense.

Para determinar cuáles de los seis contratados en Justicia realizan efectivamente sus tareas, y cuáles no, se decidió que cada uno de ellos deberá firmar una declaración jurada firmada de modo personal en la que se detallarán las tareas individuales de los miles de empleados detetados por el informe interno preliminar del ministro. Ese proceso se inició la semana pasada. La idea de las autoridades es que, una vez chequeados los datos, quienes hayan falseado la asignación real de sus tareas sean sometidos a un sumario interno.

Cúneo Libarona imaginó que encontraría un elefante burocrático como el que efectivamente encontró en Justicia y Derechos Humanos, pero nunca imaginó hasta dónde podría llegar la sobre contratación de personal político, y qué funciones o no realizan esos “empleados”. El ejemplo del depósito que fue “tomado” para utilizarse como negocio financiero privado es el más extremo de las irregularidades que descubrió hasta el momento.

Pero también asombró a las autoridades el presupuesto que gasta el organismo, por caso, en el pago de viáticos a empleados que viajan o se trasladan a las calles para cumplir con sus labores.

El ministro Cúneo Libarona ordenó suspender los pagos de viáticos a quienes presentaban gastos mensuales por más de cinco millones de pesos.

Ocurre que son varios los contratados a los que se le pagaban hasta seis, siete, ocho millones de gastos de viáticos por mes. ¿Era un forma aceptada por la gestión K para pagar “sobresueldos”? Lo determinarán las investigaciones posteriores.

El mes pasado, el Ministerio de Justicia gastó más de setenta y cinco mil dólares en viáticos.

Para achicar el presupuesto, Cúneo Libarona también cortó el pago de horas extras en la mayoría de las dependencias, salvo en algunas áreas, como en la de Reincidencias, donde igualmente el personal se redujo respecto a al que prestaba funciones hasta la finalización del mandato del anterior ministro del área, Martin Soria.

Los empleados comprometidos con la función pública contaron a los auditores que, la semana anterior a que Soria dejase su cargo, llegaron al Ministerio decenas de escritorios nuevos, recién comprados. Una vez instalados en diferentes oficinas, aparecieron empleados que hasta ese momento quienes trabajaban allí no conocían.

Cúneo Liberaona le repite a su equipo de confianza que considera que las irregularidades cometidas con el dinero público “son un robo”: “Piensen que es igual que alguien entre a sus casas y les quite sus cosas. Esta plata es de los contribuyentes y es inaceptables que haya ñoquis u oficinas que no sirven para nada”.

Desde que llegó al Ministerio, renunciaron a su cargo, o fueron despedidos con causa, varios centenares de contratados que se fueron sin conflicto. Así como si ocuparan un cargo que no les importaba o que sabían que no les correspondía.

Habrá más recortes una vez terminado lo que dentro del Ministerio bautizaron como “El libro Blanco”, es decir, el informe final sobre la auditoría del funcionamiento de un organismo público crucial para cualquier democracia moderna.

Cúneo Libarona contó ante varios interlocutores que, durante los primeros días como ministro, recorrió el edificio central en el que él trabaja para conocer a sus empleados. En una de esas caminatas internas, notó que alguien estaba sentado frente a una computadora apagada. Entonces preguntó: “¿Qué es lo que estás haciendo?”. El hombre respondió: “Pensando”. El ministro insistió: “¡Qué bueno! ¿En qué estás pensando?”.

La respuesta pareció seria: “No le puedo decir”.

El ministro siguió su recorrida convencido de que, tal vez, no cometía un prejuicio si sospechaba que ese hombre, en realidad, podría haberlo respondido así: “En nada”.