El plan del gobierno permitirá obtener residencia legal a quienes ya vivían en el país sin papeles; destacan su impacto social mientras crecen las críticas internas.

Desde este jueves, quienes hayan llegado a España antes del 1 de enero y acrediten al menos cinco meses de residencia podrán acceder a un permiso legal.

La medida, impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, apunta a regularizar a extranjeros sin documentación y podría alcanzar a unas 500.000 personas, entre ellas más de 40.000 argentinos.

El trámite exige ser mayor de edad, demostrar permanencia en el país y “no contar con antecedentes penales”. Con solo iniciar el proceso, los solicitantes podrán trabajar “en todo el territorio nacional español”.

El permiso será válido por un año, aunque quienes incluyan a sus hijos accederán a uno de cinco. La solicitud podrá hacerse online o presencial hasta el 30 de junio.

Desde el oficialismo destacan que se trata de una política necesaria. “Hay una demanda real en nuestra economía”, aseguran, y subrayan que muchos beneficiarios ya están empleados. También remarcan que “las regularizaciones extraordinarias son una práctica consolidada”.

La iniciativa surgió del impulso de organizaciones migrantes y reunió más de 700.000 apoyos. “Es la primera vez que una iniciativa legislativa popular es liderada por personas migrantes”, celebraron.

Sin embargo, la oposición rechaza el plan. “Estamos absolutamente en contra… porque es inhumana, injusta e insostenible”, cuestionaron. Desde sectores más duros incluso hablaron de “invasión”.