El Ejecutivo apelará frente a la Corte Suprema de Justicia para no aplicar la ley, sin embargo, espera una respuesta negativa y se prepara para depositar 2,5 billones de pesos.

El Gobierno enfrenta un plazo crítico hasta mañana a las 9.30 horas para acatar el fallo judicial que confirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, tras sucesivos reveses en primera y segunda instancia.

Desde la Casa Rosada anticipan un escenario adverso incluso ante una apelación mediante recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata”, afirmó una fuente oficial a Infobae, advirtiendo que la aplicación de la norma, que implica la actualización de salarios docentes y becas, tendrá un costo estimado de 2,5 billones de pesos y provocará que “volverá el déficit”.

La medida judicial exige el cumplimiento inmediato de los artículos que establecen la recomposición salarial para el personal universitario desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, además del refuerzo de los programas de becas.

Aunque el Ejecutivo planea apelar, fuentes judiciales señalan que la interposición del recurso no tiene efecto suspensivo automático, lo que obligaría a iniciar las transferencias de fondos de manera inmediata para evitar un limbo procesal.

La presión sobre el presupuesto ocurre en un contexto de fuerte deterioro salarial en las casas de estudio, donde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reporta una caída real acumulada de las transferencias del 45,6% entre 2023 y 2026.

Según los datos del sector, mientras la inflación alcanzó el 280% desde la asunción de la actual gestión, los salarios solo aumentaron un 158%, lo que representa una “pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%”. Ante la falta de aplicación de los fondos por parte del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, diversas instituciones ya planeaban una movilización nacional para exigir el cumplimiento de la ley.