Julieta Makintach, destituída por su participación en el documental Justicia Divina, ahora demandó al Estado porque dice que es sostén de familia y que hay “una campaña para castigarla”.
El escándalo con Julieta Makintach no termina. La Suprema Corte de Justicia la acusa de haber cobrado un dinero que no correspondía. Como respuesta, la destituida jueza del caso Maradona redobló la apuesta. No solo dijo que no tiene que devolver la suma exigida, sino que presentó una cautelar para seguir percibiendo el sueldo como jueza.
La medida cautelar fue presentada por Makintach el 29 de diciembre último a las 11:24:42 y advierte sobre su “situación de total indefensión, atento que su destitución aún no se encuentra firme y sus ingresos, además de revestir carácter alimentario, sostén familiar, le permiten seguir sosteniendo su defensa”.
La jueza destituida adjuntó declaraciones juradas para demostrar que “es sostén familiar, teniendo a cargo a su cónyuge y sus dos hijos menores de edad” yla notificación de la baja en la prepaga para ella y su grupo familiar.
La demanda de Makintach al Poder Judicial bonaerense es por partida doble: se resiste a devolver 4,5 millones de pesos y exige seguir percibiendo el salario de jueza porque, argumenta, la destitución fue apelada.
“El perjuicio concreto a la actora es irreparable atento que: priva a la actora de su salario, afecta su estabilidad laboral, proyecta consecuencias funcionales, patrimoniales y reputacionales, consolida una situación de hecho ilegítima con el mero transcurso del tiempo”, dice el escrito que recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo N4 de La Plata y reclama: “La presente medida reviste carácter urgente, atento a que cada día que transcurre sin tutela cautelar agrava el daño patrimonial, profundiza la afectación del derecho al salario, consolida una situación de hecho ilegítima, vacía de contenido la tutela judicial efectiva. Por ello, se solicita el tratamiento inmediato y prioritario de la presente petición”. Makintach alega una antigüedad y aportes de 27 años.
Según pudo saber TN, la denuncia que Makintach impulsó a fin de año tuvo movimientos hasta el último mes. El 27 de febrero, la Suprema Corte respondió a la demanda y el 5 de marzo, la Fiscalía de Estado se presentó en la causa.
La destitución de Makintach
A las 10.41 del 18 de noviembre último, un jury destituyó a la jueza del caso Maradona por unanimidad debido a su participación en el documental comercial “Justicia Divina”. La exmagistrada, de 48 años, decidió no asistir para escuchar el veredicto: “Necesito paz para mí y para mi familia ahora”.
Cuarenta días después demandó al Estado. Entonces, analizaba cómo seguiría su vida después de la destitución. Una posibilidad que barajó era ejercer la abogacía junto a su mentor, Rafael Sal Lari, que integra el reconocido estudio Trovato, Accetta, Donnes & Sal-lari. Pero en San Isidro está impedida de seguir con la profesión porque el Colegio de Abogados le quitó la matrícula.
A su vez, la UFI N°1 de San Isidro lleva adelante un juicio contra Makintach por los siguientes cargos: cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
Dos días después de demandar al Estado, el 31 de diciembre, Makintach subió una historia a sus redes sociales: «I don’t hate you 2025, but you were a difficult year full of challenges” (“No te odio 2025, pero fuiste un año difícil, lleno de desafíos”). Y completó: “Gracias por mostrarme a las personas valiosas, amistades verdaderas y vínculos nobles por sobre cualquier apariencia de éxito, mentira, hipocresía, vocación heredada, título o doctorado colgado, ignorado, muerto de tristeza en una pared”.
Fue la única referencia pública al escándalo que la tuvo como protagonista el año pasado. TN buscó comunicarse con la exfuncionaria, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
La batalla de Makintach con la Suprema Corte por su sueldo
La Suprema Corte de Justicia y Makintach mantienen desde fines del año último una pulseada por dinero. El Poder Judicial le reclama que devuelva $4.565.499,91 porque en septiembre y octubre cobró el 100% del salario cuando debió percibir el 60%, ya que había sido suspendida desde el 26 de agosto y pesaba una reducción salarial del 40%.
Pero Makintach impugnó la medida y pidió “la inmediata suspensión de los efectos de las Resoluciones RAS-1075-2025 y RAS-1169-2025, ambas suscriptas por el Señor Secretario de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por resultar prima facie ilegítimas, arbitrarias y gravemente lesivas de derechos y garantías constitucionales y convencionales con jerarquía constitucional”.
La resolución de la Suprema Corte RAS-1075-2025, con fecha en noviembre, alertaba sobre el cobro indebido por parte de Makintach de $4.565.499,91 y la RAS-1169-2025, de diciembre, disponía la liquidación total después de ser destituida. Debía cobrar $9.327.897,08, menos los $4.565.499,91 que adeudaba. Esto es $4.762.397,17. Pero la exjueza impugnó todo.
“Ordene a la demandada abstenerse de ejecutar los efectos de cualquier acto derivado de dichas resoluciones, retrotrayendo al estado anterior el pago íntegro del salario de la actora, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo o subsidiariamente, por acto debidamente fundado, con previa vista y acceso al expediente, se abone el 60% de los salarios, en ambos casos con cobertura médica total del grupo familiar a cargo”, dice el escrito que presentó Makintach, al que tuvo acceso TN.
El argumento de la exjueza es que, después de la destitución, presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte y planteó que, en el caso de ser rechazado, apelará a la Corte Suprema de la Nación.
Para sostener que la destitución no está firme y reclamar el cobro del salario, mencionó dos antecedentes. Por un lado, “la queja presentada por el exjuez Ariel Federico Arias, que finalmente el 13 de mayo de 2020 (la Suprema Corte) hizo lugar al recurso interpuesto y declaró la nulidad de la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que denegara los recursos extraordinarios”. Y por otro, “el precedente de la CSJN invocado Graffigna Latino, que dispone la recurribilidad de las resoluciones de los jurados de enjuiciamiento provinciales ante arbitrariedad o violación al debido proceso y derecho de defensa como en el caso”.
“Una campaña para castigarla”
Makintach volvió a cargar contra una supuesta campaña para desprestigiarla. “A raíz del procedimiento iniciado en su contra, se encuentra en una situación de particular vulnerabilidad, ante la arbitraria, infundada y desproporcionada campaña mediática, hostigamiento, denuncias, falacias, sumado al pedido de suspensión de su cargo desde el principio de las actuaciones, medida de dudosa constitucionalidad, violatoria del principio-garantía de debido proceso previo, negándole la posibilidad de ser oída con carácter previo a resolver y a ejercer la oportuna, real y efectiva defensa de sus derechos. Lo único cierto es que se condenóa la hoy actora desde el momento en que se hicieron públicas sus imágenes, se hurgó en su intimidad y en la de su familia, para condenarla de plano, por mujer, por jueza, por hija de, e incluso llegando la degradación a ser tal llegando a esparcir rumores, colocándola en una situación de total vulnerabilidad sembrando total desconfianza sobre su idoneidad, se la condenó del minuto cero, sin siquiera oírla, para luego coartar el ejercicio de su defensa en cada oportunidad establecida por el procedimiento al que solo se le dio cumplimiento formal, vacío de contenido sustancial a fin de justificar cada medida adoptada para castigarla“.
La jueza fue destituida el 18 de noviembre por nueve inconductas que el jury calificó como “graves”, “reiteradas” y “manifiestamente incompatibles con la magistratura”:
- Autorización irregular del acceso al edificio judicial con fines comerciales
- Habilitación de filmación clandestina en el debate
- Violación de la prohibición de filmar
- Abuso de autoridad
- Uso indebido de recursos públicos
- Mentira deliberada y recurrente
- Negación sistemática de la irregularidad
- Parcialidad manifiesta
- Generación de grave perjuicio a la imagen del Poder Judicia
F:TN
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