La presentación fue realizada por el abogado Javier Garín en representación de familiares de discapacitados, organizaciones y prestadores de servicios. Acusan al Presidente y al Ministro de abandono de persona, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La denuncia alcanza a Vilches y Spagnuolo.

Familiares de personas con discapacidad denunciaron al presidente Javier Milei por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona a raíz de los recortes efectuados en las prestaciones de salud y en las pensiones, como también por incumplir con la ley de Emergencia sancionada por el Congreso. La presentación también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo. En paralelo, el Gobierno envió un proyecto al Congreso para imponer nuevos requisitos al otorgamiento de pensiones, que genera rechazo entre las organizaciones.

La causa fue radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y es patrocinada por el abogado Javier Garín, en representación del colectivo de personas afectadas por el ajuste en el área, organizaciones de la sociedad civil y por profesionales de la salud, que acusan al Gobierno nacional de llevar adelante un ajuste sistemático en el pago de los beneficios desde el inicio de la gestión libertaria a la fecha, eludiendo fallos judiciales y promoviendo un discurso de desprecio hacia las personas con discapacidad.

El letrado, en la denuncia a la que accedió Ámbito, se hace eco de la situación que atraviesan miles de familias del sector que, desde diciembre de 2023 a la actualidad, vieron cómo el recorte presupuestario en el Estado Nacional tuvo especial foco en los recursos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo impacto se trasladó al valor de las pensiones por invalidez, a las prestaciones de servicios y a los programas de salud que brindan contención a través de medicamentos.

Los motivos de la denuncia contra Milei y Lugones por el recorte en discapacidad

En el escrito, manifiestan que el ataque de Milei está «inspirado en una ideología de tipo supremacista» sobre la base de «una presunta ‘superioridad estética’ de cierta tipología social» que desprecia la justicia social, la igualdad, los derechos, los adultos mayores y las personas con discapacidad, sobre los que el Presidente hizo especial hincapié desde el primer momento de su mandato «en descalificar y desatender» con «especial saña».

«Por fuera de lo discursivo, el desprecio del Presidente a las personas con discapacidad se tradujo en políticas: una escalada de fuertes ajustes presupuestarios, suspensión o cancelación de beneficios y pensiones, hechos de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el anuncio posterior de su cierre, el veto a leyes de emergencia en discapacidad y sistemáticos incumplimientos ante las órdenes judiciales que le imponían cumplir con la legislación vigente», denuncian.

Los recortes que puso en marcha Milei desde el comienzo de su gestión ocasionaron «deudas con prestadores y dificultades en el funcionamiento de múltiples programas», hecho que, según indica el documento, fue señalado «en forma reiterada por el Foro Permanente de Discapacidad y por diversas organizaciones que denunciaron sin éxito la falta de políticas inclusivas y la crisis en el sector».

El agravio contra el colectivo de personas con discapacidad y sus familiares abarcó, además del ajuste en las pensiones, un capítulo en el discurso público del gobierno, cuyo coprotagonista también fue el exvocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en conferencia de prensa denunciaba que en la administración previa se habían otorgado beneficios mal concedidos. Para ello, mostró una radiografía de un perro, supuestamente utilizada en un fraude para obtener una pensión. Sin embargo, la denuncia señala que el extitular de ANDIS, Fernando Galarraga, aseguró que la estafa fue detectada y que el beneficio nunca se otorgó.

«Esto no era más que una nueva manipulación de los datos para llevar adelante el doloso propósito de denegar y recortar beneficios al sector», afirmó el abogado. Adorni actualmente enfrenta denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

En paralelo, mientras se denegaban o suspendían prestaciones en el marco de la auditoría, el Gobierno arremetía contra las personas con discapacidad. Primero, mediante el decreto 843/24 y luego a través de la resolución 187 de enero de 2025, que establecía las nuevas condiciones para acreditar la «invalidez laboral». En este último caso, las organizaciones denunciaron el uso de lenguaje discriminatorio. La normativa estaba plagada de términos estigmatizantes como «retraso mental», «idiota», «imbécil» y «débil mental».

Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), este nuevo marco normativo «implica un retorno al modelo médico, viola los derechos a la protección social y a la vida independiente reconocidos en la CDPD, desconoce las declaraciones de inconstitucionalidad realizadas en sede judicial y atenta contra las múltiples intimaciones que la Organización de las Naciones Unidas hizo a Argentina para que modificara la regulación en la materia”.

Los audios de Diego Spagnuolo y la reestructuración de ANDIS

La viralización de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que presuntamente denuncia una trama de corrupción que atravesaría desde laboratorios hasta principales figuras del Gobierno nacional, tuvo un apartado en la presentación que Garín hizo ante la Justicia. Allí menciona la existencia de «una cadena de recaudación que incluía a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem en articulación con la droguería Suizo Argentina, y que terminaba en la propia Presidencia».

Mientras el material sonoro tomaba estado público, el Congreso discutía la ley de Emergencia en Discapacidad que apuntaba a dar respuesta a los reclamos del colectivo de discapacitados, familiares, personal de salud y prestadores de servicios. La normativa fue sancionada por ambas cámaras, en lo que supuso un duro revés para Milei y su plan económico, cuyo superávit se sostenía -y sostiene- con el ajuste y el incumplimiento del pago de fondos a sectores sensibles, como lo es también las universidades o, incluso, las arcas de las provincias.

La denuncia recuerda que Milei ordenó vetar la norma. «Ambas Cámaras del Congreso rechazaron el veto, pero no concluyeron allí los padecimientos del sector, pues la reglamentación de la norma atravesó múltiples dificultades, demoras y maniobras para no cumplir», continuó el letrado. Y mencionó el decreto 681/2025 que en su artículo 2° dispuso «arbitraria e ilegalmente la suspensión de la Ley 27.793, argumentando falta de financiamiento».

La pelea se trasladó al ámbito judicial con la presentación de un amparo colectivo, radicado ante el Juez Federal de Campana (exp 44025/2025), que hizo lugar al mismo. El magistrado declaró inconstitucional el texto presidencial y ordenó la aplicación inmediata e integral de la ley. El Gobierno apeló, pero la Justicia le exigió en enero pasado que ponga en marcha la normativa. Desde entonces, sólo se reglamentaron ocho artículos y 17 permanecen sin reglamentar «subsistiendo los problemas para el sector».

En 2026, luego de la salida de Spagnuolo y del anuncio de una reestructuración de ANDIS, el Gobierno oficializó su cierre y reconversión en Secretaría de Discapacidad, bajo la órbita del Ministerio de Salud, lo que motivó la judicialización de los reclamos a través de acciones de amparo. «Cabe señalar que la ANDIS disponía de un presupuesto para ejecutar de $30 mil millones que, al disolverse la misma, se han pasado al Tesoro. Con lo cual, sólo llegarían a los beneficiarios a través de acuerdos de gobiernos provinciales afines, aumentando así la discrecionalidad política y ocasionando perjuicio a las PCD», denuncia el abogado.

En la presentación judicial, también afirman que hay un «agravamiento generalizado» de la situación «por falta de atención de la salud debido a otros incumplimientos», entre los que mencionan la baja de pensiones con su posterior afectación del plan Incluir Salud. «Incluso en aquellos casos en que se restablecieron las pensiones, los afectados se quedaron sin cobertura o con imposibilidad de continuar tratamientos durante un extenso período», afirman. Además, aseguran que el Plan Incluir Salud también se vio impactado por la falta de pago o por demoras.

Asimismo, mencionan que hay una «migración forzada» al sistema público por la pérdida de cobertura de las obras sociales, afectadas por el golpe que sufre la actividad económica y los recortes del gasto público, lo que genera una saturación de pacientes. Y, de acuerdo al letrado, a eso se le suma una ruptura de la cadena de pagos y el atraso arancelario ocasionado «por las políticas gubernamentales en materia de salud», lo que genera también incumplimiento en las coberturas, hecho que afecta también a los beneficiarios del PAMI. El recorte alcanza al Plan Remediar, que será modificado, y a los programas de Cardiopatías Congénitas y de Oncopediatría.

«Genocidio por goteo»

Por los motivos enumerados, el abogado asegura que las acciones «constituyen claramente a juicio de los denunciantes los delitos de abuso de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad».

«Entienden asimismo que, siendo el Estado y sus funcionarios garantes legales del cuidado de la salud, la integridad física y la salud de las personas con discapacidad, la implementación dolosa y deliberada de estas políticas puso en y pone en peligro cierto a dichas personas al privarlas de medicamentos, tratamientos, atención y recursos, o al retacear o demorar los mismos mediante las maniobras descriptas», lo que, a criterio de los afectados, se enmarca dentro de la calificación legal de «abandono de persona».

El impacto sobre las personas afectadas no es menor. Por el contrario, algunos integrantes del colectivo no dudaron en denunciar que se trata de «un ‘genocidio por goteo’», según cita Garín, debido a que se puso en riesgo la salud y la vida de los beneficiarios «deliberada y dolosamente».

Discapacidad: el Gobierno impulsa reforma en las pensiones y organizaciones anticipan su rechazo

Mientras tanto, el Gobierno presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” con el que busca reformar el sistema actual, bajo el argumento de la existencia de presuntas estafas en la registración del beneficio.

En caso de aprobarse, la iniciativa obligará a los beneficiarios a reempadronarse de forma obligatoria, debiendo acreditar una vez más su condición médica, la situación económica y su antecedente laboral. En caso de no hacerlo, se les suspenderá el pago de forma automática. Además, definió que la pensión por invalidez consistirá en “el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio” y fijó incompatibilidades con el empleo formal.

«Es muy grave lo que está pasando. Hablar de fraude en las prestaciones y las pensiones me parece que es, una vez más, una toma de posición del Gobierno. Quieren generar otra vez un cuestionamiento en la población a quienes reciben la pensión«, criticó Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad. Además, se preguntó: «¿Dónde está el fraude? Dicen que en las auditorías detectaron una gran cantidad de estafas. Hablan de 80 mil personas, pero nunca presentaron un informe con nombres ni errores«.

Para el representante del colectivo de discapacidad que reúne a unas dieciséis organizaciones, entre las que se encuentran familiares de personas con discapacidad, cámaras que aglutinan a empresas de transporte prestadoras de servicios, personal de salud y miembros eclesiásticos, la cifra «no llega ni al 7% en más de un millón de personas». Aunque reconoce que «una mal dada, está mal», considera que detrás hay una intención del Ejecutivo de correr el eje: «Dicen que es una gran cantidad, cuando es el 7% y muchos no se presentaron para validar su información porque nunca les llegó la carta».

«¿De qué fraude estamos hablando? La gente necesita atención y respuestas», continuó Molero, quien también criticó el ajuste en las prestaciones. «Hoy tenemos un arancel único y estamos 40% por debajo del cálculo de costos. Cuando se lo planteamos al Gobierno se nos ríen en la cara y nos dicen que vayamos a la Justicia», se quejó.

En ese sentido, el proyecto propone eliminar la homogeneidad de aranceles y la supresión del piso que garantiza la ley actual, en base a una actualización atada a la movilidad jubilatoria. «Esto va a empujar a que los prestadores atiendan al que mejor le pague. Actualmente, al regir un régimen universal de cálculo para el arancel, ese problema no existe», explicó.

«Si este proyecto se aprueba, se va a agravar la situación para los pensionados. Aquellos que no cumplen con la incapacidad laboral porque el Estado se la otorgó por criterios más amplios, ¿se les va a dar de baja la pensión? ¿A un niño que recibió la pensión por incapacidad laboral, con un criterio más amplio porque por ser niño no puede trabajar, se la van a quitar?», se preguntó.

Otro de los cambios que propone el proyecto es declarar como incompatible el cobro de la pensión en caso de contar con un trabajo. Actualmente, se permite compatibilizar ambos ingresos para permitir que la persona se desarrolle en el ámbito profesional sin perder el beneficio y sin que resulte en un perjuicio para su salud. «Tener una discapacidad en un contexto de pobreza es muy complejo. Ante esta situación en que no hay trabajo, van a generar que la persona elija la pensión y no trabaje. Nosotros queremos que la gente trabaje», remarcó.

Desde el Foro Permanente de Discapacidad anunciaron que el próximo miércoles 22 de abril, a las 11, se movilizarán al Ministerio de Salud de la Nación en rechazo a la “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” y para reclamar contra el atraso arancelario, los pagos irregulares, las deudas acumuladas y las prestaciones que están en riesgo.