Tres acusados en la investigación declararon que realizaron testimonios falsos y solicitaron indagar posibles amenazas durante el proceso
La causa Cuadernos tuvo un giro inesperado en el Tribunal Oral Federal 7. Tres empresarios afirmaron que mintieron al confesar pagos de sobornos durante la investigación original.
Los imputados declararon este martes que sus confesiones fueron fabricadas para evitar la prisión preventiva. El contexto de esas declaraciones fue la instrucción del juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio.
Según sostuvieron ante el tribunal, dejaron constancia en actas notariales —antes o después de declarar— de que lo que dirían no era verdadero. Esos documentos fueron incorporados como prueba en el juicio oral que se desarrolla actualmente.
Los planteos de estos empresarios se sumaron a los de otro acusado que la semana pasada había expuesto argumentos similares. En todos los casos, negaron haber entregado dinero al financista Ernesto Clarens, cuya confesión fue uno de los pilares del expediente.
A partir de estas declaraciones, las defensas solicitaron al tribunal que se extraigan testimonios para investigar eventuales coacciones durante la etapa de instrucción. La fiscal Fabiana León se opuso y cuestionó duramente los argumentos de los imputados.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero decidieron diferir cualquier definición sobre el pedido para el momento del veredicto. De este modo, postergaron la posible apertura de una investigación vinculada a las retractaciones.
El empresario que dejó un acta notarial un día antes de confesar
Mario Ludovico Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza S.A., fue uno de los que declaró este martes. Reconoció que admitió hechos falsos en 2019 para evitar quedar detenido.
Según sostuvo ante el tribunal, su confesión en 2019 se produjo bajo «coacción psicológica». El día anterior a declarar, concurrió a una escribanía donde dejó dos documentos.
En esos papeles constaba el contenido de lo que declararía al día siguiente y una nota en la que consignó que esos dichos no eran verdaderos. Ese material fue incorporado como prueba en esta etapa del juicio.
«Van a advertir una contradicción entre lo que declaré en marzo de 2019 y lo que van a escuchar ahora», advirtió Rovella ante los jueces. Explicó que la decisión de confesar estuvo condicionada por la posibilidad de quedar privado de la libertad si no se acogía al régimen del imputado colaborador.
Durante su exposición, negó haber entregado dinero a Ernesto Clarens. «Nunca realicé esos pagos, ni en esa oportunidad ni en ninguna otra», afirmó categóricamente.
Rovella detalló que el 28 de febrero de 2019 concurrió a una escribanía donde dejó dos documentos: el contenido de lo que declararía al día siguiente y una nota en la que consignó que esos dichos no eran verdaderos.
También cuestionó distintos aspectos de la acusación. Sostuvo que se le atribuyeron hechos en fechas en las que no estaba en la Ciudad de Buenos Aires y señaló inconsistencias en la existencia de sociedades mencionadas en la investigación.
Además, indicó que la empresa que dirigía ejecutó 21 obras públicas entre 2003 y 2015, y no 35 como figura en el expediente. En relación con Vialidad Nacional, afirmó que la firma «nunca tuvo un beneficio».
Describió su vínculo con Clarens como «puramente comercial» y vinculado a la contratación de servicios de transporte aéreo para visitar obras. Recordó también que fue sobreseído en causas iniciadas en la provincia de San Luis.
Otros dos empresarios se retractaron con el mismo argumento
Guillermo Escolar, de la firma Cleanosol Argentina S.A., también declaró este martes. Sostuvo que junto a otros directivos elaboraron un relato sobre supuestos pagos que no existieron.
Según explicó, la decisión se tomó al observar que otros empresarios recuperaban la libertad tras declarar en ese sentido. «Dijimos algo en concordancia con lo que al juzgado le venía bien», expresó ante el tribunal.
Escolar indicó que, luego de su indagatoria, dejó constancia en una escribanía de lo ocurrido. Durante la audiencia, reconoció que era consciente de que estaba confesando un delito, pero que optó por esa alternativa frente al riesgo de detención.
La semana anterior, otro empresario acusado, Daniel Pitón, había realizado planteos similares. Afirmó que fue inducido a incorporar referencias a pagos inexistentes en su declaración.
El cruce entre las defensas y la fiscal del juicio
A partir de estas exposiciones, las defensas reiteraron el pedido de que se investiguen posibles coacciones durante la instrucción. La fiscal León insistió en su rechazo y sostuvo que no correspondía avanzar en ese sentido en esta instancia del proceso.
El tribunal escuchó los planteos de las partes y resolvió diferir cualquier decisión sobre este punto para el momento del veredicto. El juicio oral continúa con la recepción de declaraciones indagatorias de empresarios imputados en la causa.
El proceso investiga un presunto sistema de pago de sobornos por parte de empresarios a funcionarios públicos a cambio de beneficios en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. En las próximas audiencias se espera que continúe la ronda de declaraciones de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 7.
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