El proceso judicial de la «Causa Vialidad» ingresa en su etapa decisiva. Tras las condenas por administración fraudulenta a la exmandataria Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a otros exfuncionarios, la atención se centra ahora en el millonario decomiso de bienes ordenado por la Justicia y en los últimos recursos legales que le quedan a las defensas.

La sanción económica implica la recuperación de los fondos correspondientes al perjuicio generado al Estado nacional, una cifra calculada originalmente en más de 84.800 millones de pesos. Sin embargo, la ejecución de esta medida patrimonial no será inmediata. Para que el Estado pueda incautar y disponer efectivamente de las propiedades, cuentas bancarias y demás activos de los condenados, el fallo debe adquirir firmeza legal, lo que requiere agotar obligatoriamente todas las instancias de revisión.

El escenario final y definitivo de esta disputa será la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para llegar al máximo tribunal, los abogados defensores deberán presentar primero un recurso extraordinario federal ante la Cámara Federal de Casación Penal. En caso de que esta vía sea denegada, los acusados aún tendrán la opción de acudir directamente a la Corte mediante un recurso de queja, la última carta procesal disponible.

Hasta que los jueces de la Corte Suprema no emitan una resolución firme, no se ejecutarán las penas de prisión —que incluyen seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de la expresidenta— ni se concretará el decomiso de los bienes. Los tiempos ahora dependen exclusivamente del máximo tribunal, que no cuenta con plazos perentorios para emitir su fallo, manteniendo en suspenso el cierre legal de uno de los expedientes por corrupción más grandes de la Argentina.