La jueza Victoria Ambrosini advirtió un crecimiento notable de casos y señaló que la tendencia sigue en ascenso.

La jueza de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación, Victoria Ambrosini, advirtió sobre un marcado crecimiento en los pedidos de quiebra personal en Salta y confirmó que la tendencia continúa en ascenso durante 2026.

Según explicó, solo en su juzgado ya se contabilizaron 70 solicitudes de propia quiebra desde el 1 de enero hasta la fecha, cifra que al proyectarse a ambos juzgados del fuero rondaría los 140 casos en lo que va del año. “Estadísticamente hay un aumento notable”, señaló.

Ambrosini recordó que en agosto del año pasado ya se había advertido una situación preocupante, con cerca de 100 pedidos en un período de seis meses, tendencia que lejos de frenarse continúa profundizándose.

La magistrada indicó que inicialmente se observaba una fuerte presencia de trabajadores de fuerzas de seguridad, especialmente policías, entre quienes recurrían a esta herramienta judicial.

“Sí sigue notándose ese patrón, pero se amplió un poco. Empleados de la fuerza siguen acudiendo, pero ya tenemos pedidos de empleados en relación de dependencia del sector privado y también del sector público”, detalló.

En cuanto a los acreedores más frecuentes, explicó que predominan entidades bancarias, principalmente aquellas donde los trabajadores cobran sus haberes. “Lo más frecuente es que el acreedor principal sea el Banco Macro, sobre todo en el caso de empleados públicos. También depende de dónde cobran sus salarios”, sostuvo.

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Las obligaciones más comunes están vinculadas a préstamos personales, tarjetas de crédito y otras líneas de financiamiento.

La jueza aclaró que no existe una cifra específica de deuda para solicitar la quiebra personal, sino que el requisito legal es encontrarse en estado de cesación de pagos. “El deudor debe estar impedido de hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones ordinarias y corrientes. Ese es el presupuesto objetivo que prevé la ley”, explicó.

Ambrosini consideró que la situación responde a múltiples factores: el contexto económico, el sobreendeudamiento y la facilidad de acceso al crédito inmediato. “Con solo marcar en el cajero automático ya tiene un préstamo otorgado. Es un cúmulo de factores que llevan a esto, no es uno solo”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la falta de educación financiera como uno de los problemas de fondo.

La magistrada también cuestionó que siga vigente una legislación de quiebras de hace tres décadas que no contempla la realidad actual de consumidores y trabajadores endeudados. “Seguimos aplicando la Ley 24.522, que tiene 30 años de vigencia y no fue pensada para estos supuestos. Hoy más del 70% de las causas del juzgado son de este tipo”, advirtió.

Finalmente, insistió en la necesidad de una reforma legislativa que brinde herramientas más adecuadas para afrontar el creciente endeudamiento de personas físicas.