El expresidente estaba siendo investigado por contrataciones durante su gestión que habrían beneficiado a empresarios cercanos.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investigaba la contratación de seguros del Estado en beneficio de empresarios allegados. El fallo fue dictado por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, con la disidencia de Gustavo Hornos, y ordenó a la Cámara Federal dictar un nuevo pronunciamiento.

El argumento central de la mayoría fue que el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, había pedido la falta de mérito para Fernández, al igual que la defensa. Al no existir controversia entre acusación y defensa, los jueces de la Cámara Federal habían confirmado el procesamiento sin “base acusatoria suficiente”, vulnerando el principio de que “no hay juez sin acusador”. Borinsky consideró además que la intervención posterior del fiscal Raúl Pleé no subsanaba el problema porque “no ofreció razones concretas, ajustadas al caso”.

Hornos votó en disidencia y sostuvo que el procesamiento estaba “suficientemente fundado en derecho” y describió la maniobra como un “esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales” que “habría derivado en el pago de comisiones superiores a las de mercado y en la eventual contratación de servicios innecesarios o sobrefacturados, con el consiguiente perjuicio económico para el Estado”.

Fernández había sido procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con un embargo de más de 14.600 millones de pesos y prohibición de salida del país. La anulación de su procesamiento abre además una puerta para los otros imputados: Borinsky advirtió que la Cámara Federal deberá examinar “el alcance que corresponda asignar a lo aquí resuelto respecto de los adherentes, según las particularidades de cada uno”.