A través de un decreto, el Ejecutivo destinará parte de lo recaudado por privatizaciones y concesiones al fortalecimiento militar. El plan incluye compra de equipamiento, infraestructura y desarrollo logístico en áreas clave.

El gobierno de Javier Milei avanzará en una decisión de alto impacto político y estratégico: destinar una porción de los fondos obtenidos por privatizaciones, concesiones y ventas de activos estatales al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas.

La medida será oficializada en los próximos días mediante un decreto presidencial que ya superó instancias técnicas dentro del gabinete. Según fuentes oficiales, el esquema prevé asignar el 10% de los ingresos provenientes de futuras privatizaciones, así como el 70% de lo recaudado por la venta o concesión de bienes propios del ámbito militar.

El objetivo es reforzar la capacidad operativa del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, estructuras que arrastran años de restricciones presupuestarias, falta de inversión y pérdida de capacidades estratégicas.

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien planteó la necesidad de generar un financiamiento estable para sostener mejoras en equipamiento, infraestructura y despliegue.

Desde la Casa Rosada sostienen que la decisión responde a una redefinición de prioridades del Estado. En ese esquema, el Gobierno busca vincular el proceso de reducción de la participación estatal en empresas con la recomposición de áreas consideradas clave, como la defensa, la seguridad y la inteligencia estratégica.

El plan no se limita a la compra de armamento. También contempla inversiones en bases militares, hangares, pistas aéreas, arsenales, sistemas de comunicación y modernización edilicia en distintas unidades del país.

Uno de los proyectos destacados es la construcción de una base integrada en Tierra del Fuego, considerada estratégica por su cercanía con rutas marítimas clave y su proyección hacia la Antártida.

En paralelo, el Gobierno ya avanzó en algunas decisiones que van en la misma línea, como la adquisición de aviones F-16 a Dinamarca y la incorporación de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos. En el caso de la Armada, se mantiene como prioridad recuperar la capacidad submarina, perdida tras la tragedia del ARA San Juan.

Hasta ahora, los recursos provenientes de privatizaciones eran destinados íntegramente al Tesoro Nacional. Con este cambio, una parte de esos fondos se redireccionará hacia el fortalecimiento del instrumento militar, en un intento por revertir años de desinversión.

En el oficialismo admiten que el principal desafío será la ejecución sostenida de estos proyectos. La compra de sistemas militares complejos requiere no solo inversión inicial, sino también mantenimiento, capacitación y actualización tecnológica permanente.