La declaración de un contratista, las tensiones con Patricia Bullrich y la investigación judicial sobre el jefe de Gabinete dejaron al oficialismo en una de sus semanas más incómodas.

La semana terminó con un doble desafío para el gobierno de Javier Milei: contener el desgaste político generado por la causa judicial que involucra a Manuel Adorni y, al mismo tiempo, recuperar la agenda pública con anuncios económicos y señales de gestión.

Durante los últimos días, la Casa Rosada quedó atravesada por la polémica alrededor del funcionario, investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La situación escaló luego de la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró ante la Justicia que le pagó 245.000 dólares en efectivo por obras realizadas en una propiedad del funcionario.

Desde el oficialismo rechazaron las acusaciones y sostienen que el patrimonio del jefe de Gabinete puede justificarse. Adorni negó haber recibido esa suma y afirmó que el valor de su propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, está muy por debajo de lo mencionado en el expediente judicial.

Sin embargo, el caso comenzó rápidamente a tener consecuencias políticas dentro del Gobierno. Mientras avanzaban las filtraciones judiciales, crecieron las versiones sobre una posible salida del funcionario, alimentadas además por movimientos internos en la Casa Rosada.

Karina Milei salió a respaldar a Adorni

En medio de las especulaciones, Karina Milei tomó un rol central y multiplicó las señales de apoyo hacia Adorni. También el Presidente buscó respaldarlo públicamente durante distintas actividades oficiales y reuniones políticas.

La tensión aumentó todavía más cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió que el funcionario presente de inmediato su declaración jurada y no espere hasta julio. La frase cayó mal en Balcarce 50 y fue interpretada como un gesto de autonomía política en pleno momento crítico para el oficialismo.

La exministra de Seguridad sostuvo que “está sufriendo el Gobierno, el país y el proyecto”, una declaración que profundizó el ruido interno y dejó expuesta una nueva diferencia dentro de La Libertad Avanza.

La respuesta de Milei no tardó en llegar. El mandatario aseguró que Adorni continuará en su cargo, remarcó que los funcionarios “los elige el Presidente” y buscó cerrar cualquier especulación sobre una posible renuncia.

En paralelo, también aparecieron nuevas tensiones por la discusión sobre la derogación de las PASO. La funcionaria ladera al Presidente ordenó sostener la eliminación total del sistema electoral y rechazó cualquier intento de negociación impulsado desde otros sectores del oficialismo.

El Gobierno intenta volver a hablar de economía

Consciente del desgaste político generado por el caso, el Ejecutivo intentó cerrar la semana con una batería de anuncios económicos y señales de estabilidad.

Uno de los movimientos más importantes fue la presentación del llamado “Súper RIGI”, el nuevo esquema que el Gobierno enviará al Congreso para incentivar inversiones. El anuncio estuvo encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una conferencia compartida junto a Adorni.

Caputo también buscó transmitir tranquilidad hacia los mercados y negó que la investigación judicial tenga impacto sobre la economía argentina.

El oficialismo además celebró una serie de datos positivos en los últimos días. Entre ellos, la mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de Fitch, la baja del riesgo país y el crecimiento de las exportaciones hacia Brasil y la Unión Europea.

Según cifras oficiales, la industria registró una suba del 3,2% en marzo respecto de febrero, mientras que la construcción avanzó 4,7%. Además, las exportaciones mineras podrían alcanzar los 9000 millones de dólares anuales.

Pese a esos indicadores, en el Gobierno reconocen que la crisis política sigue condicionando la agenda y desplazando los anuncios económicos del centro de la discusión pública.