Corrupción en la AFA: Casación debe definir qué juzgado tramitará la causa por la mansión de Pilar

La Justicia tiene que determinar si la investigación por la propiedad vinculada a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, continúa en el fuero federal de Campana o si vuelve al Penal Económico porteño.

Corrupción en la AFA: Casación debe definir qué juzgado tramitará la causa por la mansión de Pilar

En una semana de definiciones claves para los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y Pablo Toviggino, la Justicia debe definir por un lado, el tribunal que continuará con la causa por la mansión en Pilar. Y por otro, si confirma los proceamientos en su contra por evasión fiscal y lavado de activos.

La audiencia para resolver si el expediente por la supuesta compra de una propiedad en el partido bonaerense de Pilar, a través de testaferros por parte del Tesorero de la AFA, se llevará a cabo este lunes, y a partir de allí, los jueces tendrán cinco días hábiles para emitir una resolución sobre el conflicto de competencia.

Actualmente el expediente tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, luego de una resolución de la Cámara Federal de San Martín.

Sin embargo, el fiscal general Carlos Cearras pidió que la investigación vuelva al juzgado en lo Penal Económico de Marcelo Aguinsky, donde se había iniciado originalmente la causa.

Por otra parte, en los próximos días debe definirse el procesamiento de Tapia y otros dirigentes del fútbol argentino, en la causa que investiga la evasión impositiva de más de 19 millones de pesos en cargas sociales y haberes, que no se realizaron en tiempo y forma por parte de la AFA.

En ese caso, será el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, quien procesó a fines de marzo a Tapia, Toviggino, al ex y al actual secretario general de la entidad, Víctor Blanco y Cristian Malaspina, respectivamente, y al gerente general, Gustavo Lorenzo, por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social que la entidad no pagó en plazo por 19.300 millones de pesos.

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