Martín Baccaro explicó que el respaldo financiero de la Provincia fue clave para estabilizar la situación económica de la obra social.

El presidente del Instituto Provincial de Salud de Salta, Martín Baccaro, aseguró que la obra social provincial logró reducir significativamente su deuda gracias al respaldo financiero del Gobierno de Salta y afirmó que el organismo avanza hacia la normalización del cronograma de pagos a prestadores y proveedores.

Según explicó, desde el inicio de la intervención el gobernador Gustavo Sáenz decidió subsidiar al IPS para evitar un mayor deterioro económico y garantizar el funcionamiento de la cobertura médica.

“En aquel momento la deuda era superior a un mes de gastos y hoy es menos de la mitad de un mes”, sostuvo Baccaro, quien precisó que actualmente el pasivo es inferior a los $10.000 millones.

El titular del organismo remarcó que la regularización de pagos permite mejorar la relación con clínicas, profesionales y proveedores, ya que ahora existen plazos más previsibles. “Hoy podemos sentarnos a conversar con prestadores y decirles que vamos a pagar a 30 o 60 días y ellos saben que vamos a cumplir”, explicó.

Además, consideró que esa situación también ayuda a transparentar los costos del sistema sanitario. “Cuando alguien no sabe cuándo le van a pagar, por las dudas agrega algo más al precio”, señaló.

Baccaro atribuyó la crisis financiera que atravesó el IPS a la combinación entre el incremento sostenido del gasto sanitario y la caída relativa de los ingresos del organismo.

En ese sentido, mencionó que durante la pandemia se incorporaron costos extraordinarios que luego continuaron vigentes incluso cuando las condiciones sanitarias cambiaron. “Se seguían pagando kits odontológicos creados para la pandemia, cuando ya no eran necesarios”, indicó.

También aseguró que tras la pospandemia aumentó considerablemente el consumo de prestaciones médicas, mientras que los ingresos no crecieron al mismo ritmo debido al deterioro económico general.

Por otro lado, Baccaro, confirmó que en los próximos días volverá a ponerse en funcionamiento la Unidad de Detección y Prevención del Fraude, un área interna destinada a investigar posibles irregularidades dentro de la obra social provincial.

Según explicó, la oficina había dejado de funcionar, aunque nunca se derogaron las normas que establecían su creación. “Estamos en los próximos días por relanzarla. Se había desarmado, no estaba funcionando”, señaló.

Martín Baccaro, celebró la reapertura de las afiliaciones individuales en la obra social provincial y aseguró que la medida apunta a brindar cobertura a jóvenes que quedaron fuera del sistema de salud.

Según explicó, la iniciativa responde a un pedido del gobernador Gustavo Sáenz de avanzar en la normalización del funcionamiento del instituto y atacar distintos frentes vinculados al acceso a la salud.

Baccaro detalló que la reapertura comenzó con el grupo etario de 19 a 35 años, considerado uno de los sectores más afectados por la pérdida de cobertura médica al finalizar los estudios o dejar de cumplir con las condiciones de afiliación como estudiantes.

“Había un nicho que generaba mucha angustia en aquellos que se quedaban sin cobertura y se encontraban con un mercado de prepagas cada vez más duro y más caro”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el IPSS ofrece valores “por debajo del promedio del mercado” y remarcó que la incorporación de nuevos afiliados no generará un desequilibrio financiero para la obra social. “El ingreso es con una declaración jurada de preexistencia, lo que nos permite calcular la cuota de acuerdo al consumo esperable. No nos va a generar mayor gasto; al contrario, esta franja etaria suele ser rentable para las obras sociales y prepagas”, explicó.

Además, aclaró que el objetivo del organismo no es obtener rentabilidad, sino ampliar el acceso a la cobertura médica en un contexto económico complejo.
“Cerca de 800 mil personas han perdido cobertura de obras sociales o prepagas por no poder pagarlas. Nos parecía oportuno avanzar por acá”, afirmó.

Finalmente, Baccaro aseguró que desde el instituto realizaron proyecciones económicas antes de implementar la medida y concluyó que “le conviene al IPS y también a los afiliados”.