Maximiliano Vallejo deberá enfrentar una nueva imputación por presunta administración fraudulenta. La causa ya incluye cargos por lavado de activos y asociación ilícita.

La causa judicial que investiga al holding Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo y complicó aún más la situación de Maximiliano Ariel Vallejo, el empresario señalado como uno de los principales financistas vinculados al fútbol argentino y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El juez federal Luis Armella amplió la imputación contra el empresario y lo acusó también de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, un cargo que se agrega a los delitos de asociación ilícita y lavado de activos agravado que ya pesaban sobre él. La medida fue impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, que sostiene que el hombre tuvo un rol clave en el presunto vaciamiento económico del Club Atlético Banfield.

Vallejo deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 26 de mayo junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, en el marco de una investigación que apunta a un supuesto entramado financiero que habría operado con clubes del fútbol argentino mediante préstamos, contratos y maniobras consideradas irregulares por la Justicia.

Según la investigación, el dueño de Sur Finanzas no habría actuado únicamente como financista externo, sino que aportó la estructura societaria y financiera necesaria para ejecutar las maniobras bajo sospecha. La fiscalía sostiene que sus empresas, entre ellas Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A., habrían servido como vehículos para canalizar fondos, otorgar préstamos con tasas consideradas abusivas y encubrir operaciones irregulares.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la firma Auriga League S.A., que aseguró haber otorgado un préstamo de dos millones de euros a Banfield que nunca fue devuelto. A partir de esa denuncia, la Justicia comenzó a reconstruir una trama mucho más amplia vinculada a operaciones financieras con clubes del fútbol argentino.

En el expediente se investiga un esquema que, según la acusación, funcionó entre 2020 y 2025 y que incluía préstamos en dólares, contratos de sponsoreo presuntamente simulados, descuento de cheques y movimientos financieros sin trazabilidad bancaria.

Uno de los puntos centrales del caso es la relación entre Sur Finanzas y Banfield. La fiscal Incardona sostiene que la dirigencia del club firmó contratos por USD 1 millón con tasas mensuales de hasta el 4%, generando obligaciones financieras millonarias para la institución. Parte de esas operaciones habrían sido realizadas en efectivo, dificultando el seguimiento del dinero.

Además, la investigación detectó el supuesto desvío de ingresos genuinos del club hacia un fideicomiso paralelo denominado “Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña”. Entre las pruebas secuestradas aparecen cheques, contratos y documentación que, según la fiscalía, demostrarían la maniobra.

El expediente también puso bajo la lupa la relación entre Vallejo y el mundo del fútbol. De acuerdo con la investigación, la financiera habría trabajado con al menos 17 clubes y habría manejado fondos provenientes de derechos televisivos.

Durante los más de 40 allanamientos ordenados por la Justicia se secuestraron computadoras, celulares, dinero en efectivo y documentación vinculada a distintas instituciones deportivas, entre ellas San Lorenzo, Racing, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central.

Aunque Claudio “Chiqui” Tapia no está imputado, en la causa se menciona que el titular de la Asociación del Fútbol Argentino habría facilitado el ingreso de Vallejo al circuito financiero de los clubes.

Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora.

La situación judicial del empresario se agravó todavía más luego de que la Cámara Federal de La Plata respaldara las decisiones del juez Armella y rechazara los planteos de la defensa, a la que incluso le impusieron costas por considerar que intentó entorpecer el proceso.

En paralelo, Sur Finanzas también aparece mencionada en otra investigación que lleva adelante la jueza María Servini por presuntas maniobras de compraventa de divisas durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en un expediente vinculado al denominado “rulo cambiario”.