Mensajes inéditos, planillas y registros de pagos refuerzan la hipótesis de retornos ilegales en contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en las últimas horas nuevas evidencias que podrían complicar aún más a los acusados de integrar una supuesta red de corrupción vinculada a compras con sobreprecios. Según la causa judicial, las pruebas incorporadas apuntan a que intermediarios cobraban comisiones de entre el 12% y el 20% de las adjudicaciones a cambio de facilitar negocios con el Estado.

El expediente, que está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, ya investigaba posibles retornos ilegales en licitaciones de sillas de ruedas, prótesis, andadores y otros insumos médicos. Ahora, documentos, mensajes y certificados de pago detectados por la Justicia reforzaron la sospecha de un circuito aceitado entre empresarios, gestores y funcionarios.

Uno de los nombres que aparece en el centro de la causa es el de Miguel Ángel Calvete, señalado como un supuesto nexo entre proveedores y autoridades del organismo. De acuerdo con la investigación, mantendría contacto permanente con funcionarios de la ANDIS y recibiría información sobre pagos y movimientos internos.

Entre las pruebas incorporadas y publicadas por La Nación, figura una planilla enviada por la titular de una empresa proveedora en la que aparecen montos coincidentes con pagos realizados por la agencia estatal. En el mismo documento se detallan cifras atribuidas a “Miguel”, que representarían aproximadamente el 20% del total abonado.

Los investigadores también encontraron mensajes enviados por el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini. En uno de ellos, el exfuncionario habría compartido una lista de contratistas junto a la frase: “Sus ofrendas de esta semana”. Según la causa, los montos incluidos coincidían exactamente con certificados de pago emitidos por el organismo ese mismo día.

La Justicia sospecha que detrás de esas operaciones existía un sistema de licitaciones direccionadas y pagos irregulares. Parte de las empresas mencionadas en esos intercambios ya habían sido observadas por presuntos sobreprecios de hasta 4239% en productos médicos adquiridos por el Estado.

En paralelo, la investigación también puso la lupa sobre facturas emitidas entre compañías privadas vinculadas a los sospechosos. Para los fiscales, algunas de esas operaciones comerciales podrían haber sido utilizadas para justificar transferencias de dinero y encubrir el pago de retornos.

La defensa del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, rechazó cualquier participación en la presunta maniobra y aseguró que no mantenía relación con los proveedores investigados. Otros acusados también negaron haber integrado una asociación ilícita y cuestionaron el origen de algunas pruebas incorporadas al expediente.

En total, la causa ya tiene 49 personas llamadas a indagatoria. Mientras tanto, la Justicia avanza con peritajes sobre audios y documentación secuestrada durante los allanamientos para determinar si existió un esquema organizado de corrupción dentro del organismo.