Los sindicatos de la Alimentación señalaron que no se cumple con el convenio colectivo y marcaron hechos de precarización laboral. Reclaman atraso salarial

La crisis en la industria avícola golpea fuerte, tanto en la producción como en los puestos de trabajo y los salarios. Un fiel reflejo de este cóctel explosivo es Granja Tres Arroyos, que frenó su actividad en la planta instalada en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), donde peligran unos 1.000 empleos directos, lo que ya trae graves consecuencias económicas en la ciudad, impactando principalmente en el consumo diario y la caída del comercio.

Tanto la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) como la seccional Concepción del Uruguay del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) señalaron que la compañía «desde hace años, viene incurriendo en una serie de irregularidades como el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo o hechos de precarización laboral».

Indicaron que «las políticas de ajustes son descargadas sobre las espaldas de quienes sostienen diariamente la producción y la falta de pago de los salarios en tiempo y forma», por lo que rechazaron «categóricamente las acusaciones que intentan responsabilizar a las organizaciones gremiales y a los legítimos reclamos gremiales por el cierre de la planta y la paralización de la actividad».

Granja Tres Arroyos: números de la empresa al «rojo vivo»  

Asimismo, explicaron que «la situación de Granja Tres Arroyos no es consecuencia de la acción sindical, sino el resultado directo de la mala gestión empresarial y el desmanejo económico financiero que incurre en reiterados incumplimientos patronales, precarización laboral y políticas de ajuste».

Según se informó, la planta pasó de procesar 700.000 pollos diarios a apenas 200.000 ejemplares, en tanto que el 85 por ciento de los productores denunciaron la falta de insumos básicos y una cadena de pagos rota.

Los 950 trabajadores y trabajadoras de la fábrica fueron notificados de la interrupción de sus tareas, al tiempo que registra una deuda financiera de unos 51.700 millones de pesos y una exigible carga previsional de 7.272 millones de pesos que no ha podido honrar, con la existencia de 280 cheques rechazados por falta de fondos, agregando que, sólo en mayo, la empresa sumó 75 cheques rechazados por un monto cercano a los 4.000 millones de pesos.

El gremio advierte por despidos y atraso en el pago de sueldos

Tanto la Federación como la seccional del gremio de la aclararon que «las y los trabajadores siempre acompañamos con esfuerzo y responsabilidad distintas propuestas para sostener la actividad; sin embargo, lejos de resolver la situación, la patronal profundizó el ajuste mediante despidos, rebajas salariales, eliminación de adicionales e incumplimiento de acuerdos firmados». 

Apuntaron que «actualmente, la empresa mantiene impagas la segunda quincena de abril y la primera quincena de mayo» y resaltaron: «El plan de pagos propuesto unilateralmente por la patronal tampoco fue cumplido: solo se abonó una cuota y media.  A esto se suman incumplimientos en el pago del aguinaldo, vacaciones adeudadas, retenciones no depositadas, falta de aportes a la obra social y no transferencia de las cuotas alimentarias ordenadas por gestión judicial. Hoy existen trabajadores y trabajadoras que no pueden afrontar obligaciones básicas ni sostener a sus familias».

También destacaron «el sobreesfuerzo permanente impuesto por la reducción de personal y la negativa a sumar nuevos operarios, situación que pone en riesgo la salud física y mental de las y los compañeros», dejando en claro que «las medidas gremiales adoptadas jamás fueron inflexibles ni desproporcionadas. Existió voluntad de diálogo desde el primer momento y las vías institucionales de negociación nunca fueron abandonadas por esta organización». 

Por último, reafirmaron la decisión de «defender cada fuente laboral, exigir el cumplimiento inmediato de todas las obligaciones salariales y laborales pendientes y continuar sosteniendo todas las instancias de diálogo, siempre dentro del marco legal y en defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores».

F.Iprofesional