La Secretaría de Trabajo convocará a sindicatos y empresarios para adecuar la reglamentación a la Ley de Modernización Laboral. La CGT cuestionó la medida y denunció una avanzada sobre derechos laborales.

El Gobierno nacional puso en marcha una de las etapas más sensibles de la reforma laboral al anunciar que serán 446 los convenios colectivos de trabajo que deberán volver a negociarse entre sindicatos y cámaras empresarias. La cifra supera ampliamente los 150 acuerdos que inicialmente se estimaban alcanzados por la medida.

La decisión fue oficializada por la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, y se enmarca en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral. El objetivo es adaptar los acuerdos vigentes a las nuevas disposiciones establecidas por la normativa impulsada por la administración de Javier Milei.

La ampliación responde a una interpretación más estricta de la ley, que modificó el principio de ultraactividad. Hasta ahora, los convenios colectivos continuaban vigentes incluso después de su vencimiento hasta que fueran reemplazados por uno nuevo.

Con la nueva legislación, las denominadas cláusulas obligacionales —como las cuotas solidarias y otros aportes acordados entre empresas y sindicatos— pierden vigencia una vez expirado el convenio.

Desde el entorno de la funcionaria señalaron, en diálogo con Infobae, que la convocatoria busca “fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores adaptados a la realidad productiva de cada sector”. Para ello, empresarios y gremios deberán sentarse nuevamente a discutir las condiciones que regirán en las distintas actividades.

Aunque la ley mantiene la vigencia de las cláusulas normativas relacionadas con las condiciones laborales, el decreto reglamentario abrió la posibilidad de revisar otros aspectos de los convenios para introducir modificaciones más amplias.

Entre las actividades alcanzadas figuran sectores clave de la economía, como la construcción, la industria, el comercio y los servicios, por lo que la medida tendrá un impacto transversal en el mercado laboral.

La decisión generó una inmediata reacción de la Confederación General del Trabajo (CGT), que rechazó la reglamentación y acusó al Poder Ejecutivo de avanzar sobre instituciones y garantías del sistema de relaciones laborales.

A través de un comunicado, la central obrera sostuvo que las nuevas disposiciones representan una “inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones sindicales” y cuestionó que el Gobierno intente aplicar una normativa cuya constitucionalidad aún se encuentra bajo discusión en distintos tribunales.

Las críticas del sindicalismo se producen además en medio de las observaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que instó a la Argentina a reforzar los mecanismos de diálogo social y a garantizar que las reformas laborales se desarrollen mediante consultas con trabajadores y empleadores.

Pese a los cuestionamientos, el Gobierno mantiene su apuesta por avanzar con los cambios impulsados por la reforma laboral. La Secretaría de Trabajo comenzará ahora el proceso formal de convocatoria para que las partes involucradas inicien las negociaciones y actualicen los 446 convenios colectivos alcanzados por la nueva legislación.