La fiscalía considera que existen elementos suficientes para sospechar de omisiones y datos falsos en la información presentada por el hermano del jefe de Gabinete durante su paso por distintos cargos públicos.

La situación judicial de Francisco Adorni sumó un nuevo capítulo este jueves luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara formalmente que sea citado a declaración indagatoria en una causa que investiga posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas patrimoniales.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas, y se centra en una presunta omisión maliciosa de información patrimonial. Según la fiscalía, existen indicios suficientes para avanzar sobre ese aspecto de la investigación, mientras continúan las averiguaciones vinculadas a un eventual enriquecimiento ilícito.

La causa analiza la evolución patrimonial del actual diputado bonaerense durante el período comprendido entre 2023 y 2026, incluyendo su desempeño en distintos organismos del Estado. Los investigadores pusieron especial atención en las declaraciones juradas presentadas durante su paso por el Ministerio de Defensa y posteriormente en el Instituto de Ayuda Financiera (IAF).

Uno de los elementos que la fiscalía considera relevante es la experiencia previa del hermano del economista libertario en áreas vinculadas al control y seguimiento de declaraciones juradas dentro del Consejo de la Magistratura bonaerense. Bajo esa premisa, los investigadores sostienen que el funcionario contaba con conocimientos suficientes sobre las obligaciones legales y administrativas relacionadas con la confección de esos documentos.

La pesquisa tomó impulso luego de que Adorni realizara varias rectificaciones sobre documentación ya presentada. En mayo pasado, el legislador corrigió una declaración jurada incorporando aproximadamente $21 millones provenientes de una herencia que no habían sido consignados inicialmente ante la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo con el expediente, las modificaciones no se limitaron a ese punto. La fiscalía detectó una serie de correcciones posteriores que incluyeron cambios en valuaciones patrimoniales, incorporación de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y dinero en efectivo que no figuraban en las presentaciones originales.

El dictamen de Marijuan sostiene que “el funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”.

El fiscal federal Guillermo Marijuan.

Los investigadores remarcan que cada una de las declaraciones examinadas fue objeto de modificaciones sucesivas una vez iniciada la investigación judicial. Entre los cambios detectados figuran diferencias en la valuación de inmuebles, incorporación de instrumentos financieros y la declaración de nuevas cuentas tanto a nombre de Adorni como de su esposa.

Según surge de la documentación incorporada al expediente, durante 2024 el patrimonio declarado registró importantes variaciones. La fiscalía también observó una significativa reducción de deudas y modificaciones posteriores en la valuación de bienes previamente informados.

Otro de los argumentos expuestos por el Ministerio Público apunta a la trayectoria profesional del funcionario. En ese sentido, el fiscal afirmó que “de modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus declaraciones juradas patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa”.

La investigación se encuentra encuadrada en el artículo 268 (3) del Código Penal, que contempla sanciones para los funcionarios públicos que omitan información o consignen datos falsos en sus declaraciones juradas patrimoniales.

Ahora la decisión quedó en manos del magistrado a cargo del expediente. Si el pedido de la fiscalía es aceptado, Francisco Adorni deberá comparecer ante la Justicia para responder sobre las inconsistencias detectadas y presentar los argumentos de defensa que considere pertinentes frente a las sospechas planteadas por los investigadores.