El secretario de Minería, Gustavo Carrizo, aseguró que la provincia tiene actividad minera para largo plazo, pero advirtió que las inversiones deben dejar desarrollo, arraigo y empleo local.

Salta apenas exploró el 1% de la Puna y, según el Gobierno provincial, ese dato muestra que la minería todavía tiene un amplio margen de crecimiento. El secretario de Minería, Gustavo Carrizo, sostuvo que la provincia puede tener actividad minera “para toda la vida” si actúa con inteligencia y logra que las inversiones se traduzcan en desarrollo local. Carrizo planteó que la discusión no debe reducirse a la llegada de capitales, sino a qué queda en el territorio cuando los proyectos avanzan.

“Si somos inteligentes, minería vamos a tener toda la vida”, afirmó.

El funcionario remarcó que la Provincia busca inversiones, pero bajo condiciones propias. En ese sentido, aseguró que el criterio central del Gobierno es que la actividad genere desarrollo y arraigo.

“Bienvenidas sean las inversiones, pero las reglas son nuestras”, sostuvo.

Desarrollo y arraigo, la condición oficial

Carrizo explicó que la minería salteña se apoya en cuatro actores: sector público, sector privado, sociedad civil y comunidades. Según advirtió, si alguno de esos sectores queda afuera, el esquema pierde viabilidad.

El funcionario insistió en que la actividad minera no puede avanzar de espaldas a las comunidades de la Puna salteña, donde todavía existen problemas de infraestructura, conectividad, servicios básicos y empleo.

Para Carrizo, la licencia social no se obtiene una vez y para siempre, sino que se construye en forma permanente. Por eso, defendió la presencia del Estado en el territorio y la apertura de una oficina itinerante para informar y escuchar a vecinos de los municipios mineros.

La minería como promesa y como tensión

La frase del funcionario resume el debate de fondo: Salta tiene recursos, inversiones y proyectos, pero la discusión pasa por cuánto de ese movimiento económico queda en la provincia.

Carrizo sostuvo que el objetivo oficial no es solamente exportar minerales, sino generar empleo salteño, proveedores locales, infraestructura y conocimiento técnico.

La expansión minera aparece así como una oportunidad de largo plazo, pero también como una prueba para el Estado: ordenar el crecimiento, controlar el impacto ambiental y garantizar que las comunidades no queden como espectadoras de una riqueza que sale de su propio territorio.

“Desarrollo y arraigo”, repitió Carrizo, como la condición política para sostener el modelo minero que la Provincia busca consolidar.

Qué significa la licencia social para la minería en Salta

El secretario de Minería sostuvo que las empresas que no se integren al desarrollo de las comunidades de la Puna “no tienen viabilidad posible”.

El funcionario afirmó que la licencia social no debe entenderse como un trámite definitivo, sino como un vínculo que se renueva permanentemente.

“La licencia social existe, no es un papel que se firma para siempre. Se modifica todas las semanas”, sostuvo.

Carrizo explicó que la actividad minera involucra cuatro actores: Estado, empresas, sociedad civil y comunidades. Según advirtió, si uno de esos sectores falta, el ciclo minero no puede sostenerse.

El funcionario también planteó que las condiciones de vida en la Puna obligan a mirar la minería más allá de la extracción. Mencionó las bajas temperaturas, los problemas de servicios y la necesidad de que los proyectos generen mejoras reales.

“Una empresa minera que no se integre al desarrollo de la comunidad no tiene viabilidad posible”, remarcó.

La frase resume una de las principales tensiones del sector: inversiones millonarias en territorios donde todavía faltan servicios básicos, infraestructura y respuestas ambientales.