La Justicia lo señala como el líder de “Los Dictadores”, una organización dedicada a vulnerar bases de datos oficiales y comercializar información sensible. Entre las maniobras investigadas figura la creación de antecedentes policiales apócrifos a nombre de la exministra de Seguridad.

Tobías Silva, conocido en el mundo digital como “Sherlock”, es señalado por la Justicia federal como el presunto líder de una organización criminal dedicada a vulnerar sistemas estatales, robar datos personales y comercializarlos a través de canales de Telegram. Entre las maniobras más graves que se le atribuyen figura la creación de antecedentes policiales falsos a nombre de la actual senadora nacional Patricia Bullrich.

El joven está acusado de encabezar “Los Dictadores”, una banda de hackers que operaba con herramientas propias para acceder a bases de datos sensibles del Estado, entre ellas registros del RENAPER, ANSES, PAMI, SISA, la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor e incluso sistemas de información policial.

Según la investigación, el grupo no solo extraía información en forma ilegal, sino que además la sistematizaba y la ofrecía en entornos cerrados de mensajería, donde los usuarios podían consultar datos personales en tiempo real mediante bots desarrollados por el propio Silva.

Una estructura digital con lógica criminal

Para el juez federal que interviene en la causa, Adrián González Charvay, el joven no era un simple programador o administrador de comunidades online, sino el organizador de una estructura delictiva con roles definidos.

Bajo su conducción, “Los Dictadores” habrían construido una red que combinaba desarrollo tecnológico, acceso ilegal a bases de datos y comercialización de información privada.

Entre las herramientas más conocidas del grupo se encuentra un sistema automatizado que permitía consultar bases filtradas mediante bots en Telegram, bajo nombres como “Sherlock Alerts” o “Sherlock Leaks”. Esos mecanismos habrían sido el núcleo operativo del esquema de venta de datos.

El caso Bullrich y la falsificación de registros

Uno de los puntos más sensibles de la investigación es el ataque dirigido contra la dirigente política Patricia Bullrich, a quien los hackers habrían intervenido digitalmente dentro de sistemas oficiales.

De acuerdo con la causa, no solo se habrían filtrado datos personales de la exministra de Seguridad, como su número de teléfono, sino que además se le habrían generado antecedentes policiales apócrifos en el sistema GAP (Gestión de Actuaciones Policiales), utilizado por la Policía de la Ciudad.

La Justicia aclaró que la exministra de Seguridad no posee ningún tipo de prontuario y que los registros difundidos eran completamente falsos, lo que elevó la gravedad del hecho dentro del expediente.

Datos, filtraciones y comercialización ilegal

La banda también está acusada de haber accedido a sistemas del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y de haber filtrado información de la Policía Federal Argentina, incluyendo decenas de correos institucionales.

El esquema funcionaba como un “mercado de datos” en el que se ofrecían distintos niveles de acceso a información personal y sensible, desde consultas básicas hasta bases completas con miles de registros.

Según los investigadores, el volumen de datos comprometidos superaría el terabyte, lo que da cuenta de la magnitud del sistema que operaba “Los Dictadores”.

La defensa del acusado

A través de su abogado, Silva intentó desligarse de la acusación principal. Sostuvo que su rol era el de desarrollador de software y administrador de comunidades digitales, y no el de jefe de una organización criminal.

Argumentó además que las herramientas creadas tenían fines legítimos vinculados a la ciberseguridad y al análisis de información pública, y que su eventual uso delictivo habría sido responsabilidad de terceros que las replicaron o reutilizaron.

Sin embargo, para la Justicia, estos argumentos no alcanzan para desestimar el procesamiento, que ya fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín.

La investigación incluye también a otros integrantes del grupo, algunos de ellos menores de edad, imputados por distintos grados de participación en la red. El expediente avanza con nuevos cruces de información, análisis de dispositivos y el seguimiento de posibles ramificaciones internacionales.

Además, la causa no se limita a los hechos ya conocidos: los investigadores sostienen que la estructura podría haber tenido vínculos con otras comunidades digitales dedicadas a la venta de datos robados en la dark web.

F:Nexofin